La decisión del gobernador Gabino Cué, de desaparecer el Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca (IEEPO), al margen de juicios de valor y que haya ocurrido por convicción o ante situaciones límite u obligado por el gobierno federal, constituye un auténtico golpe de timón para la educación en nuestro país y para el futuro de esta sufrida entidad.
La sociedad oaxaqueña ha sido violentada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación(CNTE) desde 1992, año en que el entonces gobernador Heladio Ramírez, privilegiando su zona de confort político y de manera absolutamente irresponsable, le entregó a la disidencia magisterial el aparato educativo estatal con las consecuencias que ya conocemos.
Durante los últimos veinte años hemos sido testigos de la andanada de grupos de presión incrustados en la organización magisterial, quienes bajo el pretexto de la defensa de la educación pública, han impulsado una agenda anti-sistémica de corte subversivo que no se ha delimitado al estado de Oaxaca. En diversos momentos han probado sus tesis en entidades como Michoacán, Guerrero y Chiapas uniendo a movimientos locales a la llamada insurgencia magisterial que ha sido la careta social de otros desplazamientos tácticos con grupos armados o de la delincuencia organizada. Incluso buscaron por todos los medios convertir a Morelos en "la nueva cuna de la insurgencia magisterial", manipulando a miles de maestros con un movimiento ajeno a la entidad, durante el paro magisterial de 2008, buscando colocar una base de operaciones en las periferias del Distrito Federal, a sólo setenta kilómetros de las capital de la República.
Sin duda, el avance más notable lo han tenido durante el presente sexenio luego de la reforma educativa y de la equivocada política de contención que utilizó el gobierno federal con base en prebendas que resultaron insuficientes ante la voracidad y la escalada propia de su método de lucha y del asambleismo que practican este tipo de grupos. Crecidos en capacidad y envalentonados ante la debilidad del régimen estatal y del gobierno federal, elevaron sus demandas y se propusieron bloquear la reforma constitucional y legal en materia de educación aprovechando tragedias y coyunturas adversas como las de Ayotzinapa, Tlatlaya, la crisis económica y hasta la fuga del Chapo Guzmán.
Ahí nos encontrábamos cuando vino la sorpresiva decisión de desaparecer el IEEPO, hecho que representa una oportunidad para recuperar la rectoría de las instituciones de educación y para dar un nuevo rumbo a la reforma en una entidad que se había constituido en una especie de estado de excepción.
Para que esto sea posible es indispensable que la medida no quede reducida en un "golpe de mano" con beneficios mediáticos para los gobiernos estatal y federal. Es necesario que se cumpla con los compromisos que se derivan de la reforma educativa, entre otros: que se apruebe la ley estatal de educación, que se realice un censo de maestros, escuelas y estudiantes; que se identifique y reduzca el número de comisionados, que se realice la evaluación docente y que se apliquen las sanciones administrativas, laborales y penales a los infractores incrustados en la Coordinadora.
Al mismo tiempo, debe asumirse el compromiso con una agenda de reformas de segunda generación a favor de la educación de calidad en los siguientes rubros: reformar la educación normal, implementar un nuevo modelo educativo, iniciar la reforma al sistema de educación superior y media superior; acotar el monopolio del Estado en los contenidos educativos; concretar la modernización de los centros escolares, en especial en las zonas de mayor desigualdad social, mejorar la currícula educativa con la inclusión de valores humanos, cívicos y universales; ampliar los espacios de participación social en la ejecución, revisar el modelo de competencias educativas y garantizar la democracia y transparencia sindical.
Como se puede ver, hay todo un camino por recorrer y convendrá saber si la decisión del gobierno de Oaxaca, con el respaldo del gobierno federal, es a fondo y sostenido, ampliando esta exigencia a los estados que le han quedado a deber a la reforma educativa, en particular Michoacán y Guerrero que en breve iniciarán un nuevo ciclo de gobierno.
Habrá que estar atentos para asegurar que esta medida, tardía pero necesaria, se traduzca en una agenda seria que reivindique a un gobernador hasta ahora arrinconado y marginado de una de sus obligaciones esenciales. Es de esperar que esta decisión le dé al Estado mexicano algo más que un control administrativo de corte centralista o una cortina de humo ante otros temas de la agenda pública. Habrá que evitar que este cambio fundamental en la política educativa de Oaxaca se convierta en raja política para líderes oportunistas como López Obrador que, ni tardo ni perezoso, ofreció una alianza a la Coordinadora.
Pero sobre todo hay que garantizar que esta decisión proteja el derecho primario de los niños y jóvenes mexicanos a recibir una educación de calidad y con valores, único medio para alcanzar el verdadero crecimiento y desarrollo sostenido de nuestro país.