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Gobierno que solapa secuestros

El reporte de la CIDH enfatiza que las víctimas reiteraron una y otra vez que la procuración de justicia es una “simulación”.

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Escrito en OPINIÓN el

Quizá lo más alarmante de las Observaciones Preliminares de la visita in Loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en México entre el 28 de septiembre y el 2 de Octubre de 2015 han sido las denuncias por el caso de las desapariciones forzadas, que se cuentan por decenas de miles. 

 

La delegación de la CIDH encabezada por su presidenta Rose-Marie Belle Antoine visitó la ciudad de México, Coahuila, Guerrero, Nuevo León, Tabasco y Veracruz para darse cuenta de viva voz de la magnitud de las violaciones a derechos humanos que cometen autoridades de diversos niveles de gobierno en nuestro país. Por supuesto que el informe incomodó al gobierno mexicano, que negó rotundamente que existiera una violación generalizada y sistemática a los derechos humanos.

 

La presencia de la delegación de la CIDH en los lugares que visitó causó un gran  revuelo de esperanza en organizaciones de la sociedad civil, defensores y víctimas de arbitrariedades gubernamentales. Entregaban cartas, pedían espacio de minutos para ser escuchados. Quienes entraron a las reuniones de información contaron a detalle el desdén gubernamental para la atención de sus reclamos.

 

Se observaba en los visitantes ojos de sorpresa y hasta molestia por lo que escuchaban y es que cómo no sentir enojo al escuchar que un gobierno no escucha los reclamos de sus gobernados y en respuesta éstos reciben un sinfín de vejaciones.

 

La mayoría de los reclamantes eran mujeres, tal vez madres, hijas, hermanas o esposas de víctimas de desaparición forzada, muchas con lágrimas, relataban con impotencia el paso del tiempo sin una respuesta gubernamental. Otros expresaron su temor a sufrir represalias gubernamentales por las quejas ante ese organismo internacional. 

 

Algunos confesaban no confiar en ninguna autoridad porque sus quejas eran motivo de burla y abandonadas en las gavetas de los ministerios públicos peor que si fueran basura. Las víctimas dieron cuenta ante los delegados de la CIDH que la propia policía estaba implicada en las agresiones y por lo tanto ella misma no se iba a investigar y a condenar. 

 

Algunos manifestaron ni siquiera haber presentado una denuncia porque la colusión de las autoridades con la delincuencia era motivo de represalias graves en contra de ellos y de su familia. Dieron testimonios lacerantes de personas sacadas de sus casas o “levantadas” en cualquier lugar o asesinadas en presencia de sus hijos después de haber denunciado ante las autoridades una agresión de autoridades municipales o estatales. Muchos han preferido el silencio angustiante y de dolor por la falta de justicia en nuestro país. Y han tenido que valerse de sus propios medios para buscar a sus familiares a lo largo y ancho de todo el país.

 

El reporte de la CIDH enfatiza que las víctimas reiteraron una y otra vez que la procuración de justicia es una “simulación”.

 

Recordemos que durante el sexenio de Felipe Calderón diversas organizaciones civiles afirmaron que las desapariciones aumentaron por la puesta en marcha de su estrategia de seguridad, pero extrañamente en lo que lleva el gobierno priísta las cifras bajaron considerablemente lo que denota una terrible falta de respeto hacia los familiares e insensibilidad en cuestión de derechos humanos de parte de las autoridades.

 

¿Cuántas denuncias son inexistentes en los registros de organismos de derechos humanos por el clima de terror que existe en numerosas poblaciones en nuestro país?

 

El gobierno mexicano reconoce la existencia de 26 mil 580 personas desaparecidas o extraviadas, pero es una cifra que carece de consistencia. Los resultados son exiguos ya que a pesar de las denuncias sobre estos hechos, apenas existen dos sentencias condenatorias por desaparición forzada y ninguna de ellas está firme.

 

El informe de la CIDH señala que las desapariciones forzadas entre 1970 y 1980 no aparecen en registro alguno, cuando está práctica era usada en esa época de la “guerra sucia” para contener y destruir a grupos disidentes reales o percibidos, sus bases y a sus grupos.

 

Un familiar de personas desaparecidas en el estado de Guerrero relató: “Estamos sufriendo el mismo dolor y lo de nosotros señores ha sido tan cruel que hasta la fecha, llevamos más de 40 y tantos años buscando a nuestros seres queridos, que el gobierno se los tragó…¡que nos digan que pasó con ellos!”.

 

Fue recurrente la queja de que el gobierno no investiga estos casos, más cuando se trata de familias de escasos recursos.  Son los familiares de las víctimas los que tienen que aportar pruebas y hacer la labor de la policía.

 

La madre de dos desaparecidos en Guerrero, un hijo de 21 años y una hija de 19 denunció ante delegados de la CIDH que varios vecinos vieron que fueron secuestrados por policías y llevados en camioneta. “Pusimos denuncias pero nunca nos dieron respuesta.  Nunca nos supieron decir nada”.

 

Otros dijeron: “Somos la segunda generación de familiares que en nuestro caso buscamos a nuestros padres y nuestras madres”; “ya antes lo hicieron nuestras abuelas, ahora nosotros… tenemos 564 casos documentados, pero no son los únicos, nuestros padres eran activistas políticos…”.

 

“No es casual que esto esté ocurriendo.  Esto obedece a contextos, práctica, y a la impunidad, porque los responsables no fueron sancionados, sino fueron enviados a otros puestos públicos”.

 

Dice el reporte de la CIDH que incomoda al gobierno mexicano: “La magnitud que tiene la problemática de la desaparición de personas en México es alarmante”.

 

La madre de un hombre desaparecido en Nuevo León se quejó ante la delegación internacional: “Hay miles de desaparecidos así como él. No hemos tenido ningún resultado de las investigaciones y la búsqueda la tenemos que hacer nosotros. El procurador de Nuevo León dice que tiene 2 mil 300 desapariciones registradas. Imagínese lo que será la cantidad real”.

 

Se escucharon denuncias que nuestro país por doquier aparecen fosas clandestinas con restos de jóvenes y disidentes políticos.

 

Una madre angustiada denunció: “¡Tenemos un dolor tan grande! Cuando nos desaparecen a nuestros hijos, no sabemos qué hacer, a donde acudir, a donde tenemos que ir para nos ayuden a encontrar a nuestros hijos”.

 

Lo que es cierto es que vivimos en un país de impunidad y de gobiernos cómplices de la violencia en contra de su pueblo. Se ha olvidado el Estado mexicano que está obligado de acuerdo al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU a prevenir, investigar y a sancionar las desapariciones forzadas así como implementar la búsqueda y dar protección a los familiares y todo apunta a que lo ha olvidado porque en el país prevalece ante todo la falta de justicia.

 

Esa es la realidad que incomoda al gobierno, porque lo condena.

  

Correo: mfuentesmz@yahoo.com.mx     

Twitter: @Manuel_FuentesM