La detención en Italia de Tomás Yarrington a instancias del gobierno de Estados Unidos es apenas, no obstante la gravedad que entraña, la punta de la madeja de la corrupción institucional que ha generado el nuevo feudalismo en el país.
No sólo se trata de multimillonarios desvíos de recursos, de lavado de dinero y un cúmulo de corruptelas, sino de los pactos mafiosos con la delincuencia organizada, la misma que ha desangrado al país con la violencia que no cesa y que el Estado mexicano ha sido incapaz de frenar.
La captura de Édgar Veytia, Fiscal General de Nayarit, hace unos días en Estados Unidos, acusado de narcotráfico a gran escala no se puede desligar de las complicidades con el actual gobierno estatal de aquella entidad, lo que junto con la detención del ex gobernador tamaulipeco, desnuda la falta de actuación de las autoridades mexicanas para frenar la expansión de la narcopolítica criminal.
Con el debilitamiento del presidencialismo y la alternancia en la Titularidad del Poder Ejecutivo los Gobernadores se "liberaron" de controles meta legales y la influencia que sobre ellos ejercía el Presidente de la República. Con la derrota del PRI en el año 2000 y el arribo de Vicente Fox a Los Pinos los gobernadores, sobre todo los del PRI, se asumieron como señores feudales y vieron expandir su poder sin ninguna muralla. Esta situación se mantuvo con Felipe Calderón y continúa con Enrique Peña Nieto.
No se construyó algo nuevo y democrático, como podría haber sido un federalismo con contrapesos sino que ésta nueva realidad política tuvo efectos disruptivos y derivó en la balcanización de la República. Así el otrora inmenso poder de la Presidencia se transformó en el surgimiento de un conjunto de ínsulas controladas por caciques y virreyes.
De esa manera, los gobernadores dispusieron de mayor margen de maniobra para utilizar el presupuesto público a su total antojo, para endeudar a sus estados sin ningún escrúpulo (no obstante sus mayores ingresos vía participaciones federales con un nuevo arreglo fiscal y los excedentes del petróleo), para cooptar opositores y pactar con la delincuencia el reparto del botín criminal.
En ocasiones sus pactos con la delincuencia organizada implicaron recurrir a su apoyo para hostigar, perseguir y aún eliminar a sus adversarios políticos, para garantizar la permanencia de su partido en el poder, a cambio de facilitar la expansión de sus actividades delictivas con los consecuentes sobornos e intercambios de favores.
De esta manera, los grupos criminales se han convertido en operadores de diferentes candidatos a Gobernadores y Alcaldes, coaccionan el voto, desaparecen o amedrentan candidatos rivales, financian campañas y demandan cuotas en los gobiernos, incrementando la espiral de violencia e impunidad.
En ese sentido el caso de Yarrington es emblemático de la narcopolítica a niveles inconcebibles y totalmente reprobables, el Ejecutivo de una entidad como el gran operador de carteles y grupos delincuenciales que surgen de Tamaulipas y se disgregan a diferentes lugares y regiones del país.
La descomposición del sistema político mexicano, pasando de un presidencialismo extremo a un feudalismo corrupto no se puede entender sin el arribo de una generación de gobernadores inescrupulosos y corruptos, (los Duarte, los Moreira, Yarrington, Borge, Padrés, Granier y un largo etcétera) que con tal de expandir su poder y enriquecerse de manera brutal no tuvieron ningún límite, algunos de ellos incluso fueron aliados y socios de la delincuencia organizada que hoy azota al país.
Estos excesos y actos delictivos de gobernantes implican al mismo tiempo una severa descalificación a la calidad de nuestra democracia, donde el costo de la actividad electoral y la perversión de las elecciones con la compra de votos y el despilfarro, han permitido que lleguen al poder sujetos como esa generación de gobernadores priístas, cuyo único objetivo es enriquecerse y consolidar una estructura criminal para perpetuarse en el poder.
Urge crear un nuevo modelo político, democrático y funcional, para desterrar esta cleptocracia. La ciudadanía y quienes creemos en que el cambio es posible no podemos bajar la guardia ni rendirnos.