De muchas formas y maneras se ha expresado la decepción, el desprestigio y el rechazo de la política, los políticos, los partidos y hasta de los procesos electorales, lo que bien podría traducirse en un desencanto o insatisfacción con la democracia, lo que de suyo es grave ante la alternativa de regímenes populistas o autoritarios que se deriva de este hartazgo.

 

Durante los últimos años no son pocas las actuaciones vergonzantes de representantes de la llamada clase política de los distintos partidos políticos, en el gobierno o en la oposición,  que han lastimado a la sociedad ante el abandono de responsabilidades, actos de corrupción, abuso de poder y verdaderos escándalos plagados de frivolidades y privilegios indebidos ajenos al interés de los ciudadanos y verdaderamente ofensivos en cualquier situación y, aún más, ante la cruda realidad social de pobreza y desigualdad que predomina en el país.

 

Reflejo de este desencanto es el informe anual sobre democracia y ciudadanía que emite la corporación chilena Latinobarómetro en su edición 2015, publicado en días pasados tras una investigación que usa indicadores de opinión pública que miden actitudes, valores y comportamientos de los ciudadanos respecto a la situación económica, política y social en sus países. En ese estudio, México aparece en el último lugar en satisfacción ciudadana con menos de dos ciudadanos de cada diez que se dicen satisfechos con la democracia mexicana.

 

 

Ante esos resultados, es claro que algo no está funcionando en la relación entre las demandas de la sociedad y las decisiones y respuestas que las autoridades ofrecen a los ciudadanos a todos los niveles, lo anterior, independientemente de lo que las autoridades crean. Esto genera y explica las tensiones recurrentes y los visos de inestabilidad que se advierten en distintos sectores y regiones del país; también, la crisis de credibilidad y confianza reconocida por las autoridades pero insuficientemente atendida a la luz de los pésimos resultados hasta ahora obtenidos. 

 

A manera de respuesta se han multiplicado las inquietudes sobre las nuevas formas de participación política, entre estas las candidaturas independientes, hasta el punto que se han convertido en un furor, casi un delirio por canalizar a través de estas figuras la cólera y el descontento con una intensidad que comienza a configurar una tendencia más que una moda pasajera.

 

En este tema, ha sido reveladora la encuesta telefónica nacional de Ulises Beltrán de BGC, levantada entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre. Al día de hoy hay una mayoría consolidada del 81% a favor de las candidaturas independientes, esta cifra es quince puntos arriba del 66% obtenido en el 2009. La mayoría de los opinantes reprueba a los desertores que pretenden presentarse como independientes, sobre todo si lo hacen luego de haber sido derrotados al interior de sus partidos en la búsqueda de una candidatura.

 

Otro aspecto es el propio concepto de independiente, el cual se asigna mayoritariamente a quien nunca ha militado en un partido, ni ha participado en gobiernos de ningún partido, o que en su defecto, tenga más de seis años de no participar directamente con alguna fuerza política. Este último punto como se puede advertir es controversial,  ya que no existen esquemas químicamente puros y si apetitos para llamarse independiente a la menor provocación.

 

Lejos de pensar que las candidaturas independientes sean la panacea, lo cierto es que representan una forma de participación política generalmente aceptada en los sistemas democráticos bajo determinadas circunstancias y requisitos. En congruencia, no debemos oponerlos a las candidaturas independientes si en verdad nos anima una convicción democrática y no el interés mezquino de conservar privilegios políticos o económicos generalmente inconfesables.

 

Por ello es de reconocer la decisión del presidente del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, de impulsar una iniciativa para favorecer estas candidaturas a través de los legisladores del PAN. A esta iniciativa ya se han sumado actores relevantes de otros partidos y un buen número de ciudadanos interesados en garantizar "cancha pareja" para los independientes, lo anterior, sin quitar mérito a la responsabilidad y papel de los partidos políticos.

 

Destacan algunos atributos de la iniciativa panista: La importancia de una legislación federal en la materia, de tal manera que se impida las restricciones locales de quienes estén interesados en frenarlas; no hay que olvidar que en doce entidades se han aprobado leyes que frenan las candidaturas independientes.

 

Facilitar el acceso a estas candidaturas con porcentajes del padrón y el tiempo para obtener las firmas de apoyo adecuados, se propone de 1 a 0.5% para la candidatura presidencial, de 2 a 0.5% para candidatos a diputados federal o senador y de 0.5% para procesos locales; no hay que olvidar que al día de hoy en algunos estados se exige hasta el 10% y el testimonio presencial de respaldo. Permitir el acceso al financiamiento público y a medios de comunicación. Considerar o no alianzas con otros candidatos, entre otros temas por legislar.

 

Al final del día y a reserva de lo que se resuelva en el Congreso para las candidaturas independientes, de lo que se trata es de consolidar la democracia y preservar la gobernabilidad para bien de los ciudadanos, las familias y comunidades de nuestro país.

 

@MarcoAdame

 

 



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