A raíz de la impunidad, la violencia política y la ruptura del Estado de Derecho cada día más mexicanos acuden a las instancias internacionales en materia de derechos humanos para acceder a la justicia que el país les niega. Hace unos días en el Congreso local de Guerrero propuse junto con mis compañeros legisladores de Movimiento Ciudadano respaldar los juicios y las medidas cautelares que Red Solidaria Década contra la Impunidad promueve en los casos de los asesinatos de Armando Chavarría y Arturo Hernández Cardona, al analizar estos reprobables casos como muchos otros la constante es la falta de justicia y la extendida impunidad.

 

En Guerrero la impunidad frente a las graves violaciones a los derechos humanos de las que hablara la CIDH y el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU es la más grave del país. Guerrero  ha sido la cuna de diversos movimientos de resistencia en contra de las políticas gubernamentales tanto del estado como de la nación, mismos que han sido liderados por personajes que han enfrentado el poder pagando en muchas ocasiones el precio más alto: La vida.

 

Uno de estos casos sucedió el 25 de agosto de 1974, cuando detuvieron ilegalmente en un retén militar al señor Rosendo Radilla Pacheco, quien fue visto por última vez en el ex Cuartel Militar de Atoyac de Álvarez, Guerrero. Rosendo Radilla fue un destacado y querido líder social de dicho municipio, quien trabajó por la salud y educación de su pueblo y quien fungió como presidente Municipal. Cuarenta y un años después, su paradero sigue siendo desconocido.

 

Otro caso fue el sucedido a Armando Chavarría Barrera quien fue diputado federal en la LVII Legislatura de la Cámara de Diputados; posteriormente fue senador de la República en la LVIII Legislatura y diputado local en la LIX Legislatura, de la que fue presidente de la Comisión de Gobierno.

 

Armando Chavarría fue asesinado de 10 balazos al salir de su casa la mañana del jueves 20 de agosto de 2009.

 

Por su parte, el 30 de mayo de 2013, Arturo Hernández Cardona, Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Luna, Gregorio Dante Cervantes, Ángel Román Ramírez, Nicolás Mendoza Villa, Rafael Bandera Román y Jimmy Castejón, miembros y simpatizantes de la Unidad Popular de Iguala, marcharon de esa ciudad rumbo a la caseta de cobro de peaje ubicada en el tramo federal de la carretera México-Acapulco, donde realizaron bloqueos intermitentes. Al lugar llegaron integrantes de la Policía Federal (PF) al mando del inspector Alberto Castillo, con quienes los activistas tuvieron una discusión que finalmente derivo en la suspensión de los bloqueos a la mencionada caseta de cobro. Ese mismo día, estos ocho participantes en la manifestación referida viajaban en una camioneta particular, cuando fueron interceptados y desaparecidos.

 

El 3 de junio de 2013, a las 6:00 horas, fueron encontrados muertos en la carretera federal Chilpancingo-Iguala los señores Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez, con los ojos vendados y claras señales de tortura. Los otros cuatro desaparecidos; los señores Héctor Arroyo Delgado, Nicolás Mendoza Villa, Efraín Amates Luna y Gregorio Dante Cervantes, lograron escapar de sus captores.

 

La desaparición forzada de personas, el secuestro, la tortura y el homicidio constituyen violaciones graves e inaceptables de los derechos humanos. Estos delitos someten, además, a las familias de las víctimas y a las sociedades en donde se comenten.

 

El Estado mexicano tuvo la oportunidad de hacer justicia en el caso Radilla, pues en agosto de 2005 la Fiscalía Especial consignó el caso por privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro al juez civil; sin embargo, el proceso fue llevado ante la justicia militar con base en la resolución de la propia justicia civil. Los representantes interpusieron una demanda de amparo en contra, la cual fue desechada argumentando que las víctimas no pueden recurrir al amparo para impugnar la competencia de los tribunales militares. Finalmente, la causa penal seguida en la jurisdicción militar en contra del inculpado se sobreseyó dado su fallecimiento.

 

Ante la falta de respuesta por parte del Estado mexicano, el 15 de noviembre de 2001 se presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Tras sostener una audiencia pública sobre admisibilidad del caso el 21 de octubre de 2004, la CIDH emitió el informe de admisibilidad  No. 65/05 el 12 de octubre de 2005.

 

Por una falta de respuesta efectiva del Estado mexicano al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en dicho informe de fondo, el 15 de marzo de 2008 la CIDH demandó al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la violación al derecho al reconocimiento de personalidad jurídica, derecho a la vida, derecho a la integridad personal, derecho a la libertad personal, derecho a las garantías judiciales y derecho a la protección judicial. Por su parte los representantes de las víctimas demandaron al Estado mexicano no sólo por los derechos consagrados en la Convención Americana sino también por violaciones a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada.

 

El 6 de julio de 2009 se llevó a cabo la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 23 de noviembre de 2009 la CIDH emitió la sentencia sobre el caso, condenando al Estado mexicano por graves violaciones a los derechos humanos.

 

Aún así, 5 años después, los días 2 y 3 de febrero de este año, el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas realizó una evaluación al Estado mexicano, asentando en su Informe Final que en México se vive un contexto de “desapariciones generalizadas”.

 

El comité insistió en que lo ocurrido los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero -cuando policías municipales atacaron a estudiantes normalistas tras la orden del alcalde, José Luis Abarca- no sólo se trata de un caso de desaparición forzada sino que “ilustra los serios desafíos que enfrenta el Estado parte en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y la búsqueda de personas desaparecidas”.

 

Como es evidente, nuestro Estado sí ha sido omiso ante las desapariciones forzadas de personas, como lo fue en el caso Radilla y el de cientos de personas desaparecidas durante la Guerra Sucia, así como lo es ahora mismo ante la falta de cumplimiento pronto y eficiente de todas las recomendaciones recibidas por organismos internacionales.

 

En los otros dos casos, aunque la experiencia internacional no ha sido la misma, se cuentan con violaciones graves a derechos humanos que no han sido debidamente investigadas por la autoridad local o federal, abriendo la puerta a requerir de las instancias internacionales lo que se ha sentenciado en el caso Radilla: La responsabilidad del Estado.

 

A pesar de las leyes nacionales e internacionales que existen, las miles de víctimas del pasado aún ausentes y los cientos que se suman en el presente merecen justicia y reparación. Seguir denunciando y combatiendo la práctica de la desaparición forzada es vital contra el autoengaño y la simulación gubernamental que pretenden esconder la verdad y que perdamos el rumbo.

 



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