Organizaciones, como Open Society Justice Initiative, en colaboración con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), entre otras, han alzado la voz contra los crímenes que ha perpetrado el estado, como en Ayotzinapa, Tlatlaya, Nochixtlán, Apatzgazingán, Chalchihuapan (Puebla), bajo el supuesto amparo de la fuerza pública, que no ha sido más que la excusa preferida de las autoridades para justificar represiones violentas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura en forma generalizada.
Las ONG han denunciado estos crímenes a través de diferentes informes, como el de Open Society “ATROCIDADES INNEGABLES. CONFRONTANDO CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD EN MÉXICO”, en el que se precisa que existen fundamentos razonables para considerar que existen actores tanto estatales como no estatales que han cometido crímenes de lesa humanidad en México.
El informe sugiere que el aumento de la violencia, si bien es cierto se ha debido a la perpetrada por el crimen organizado, la fallida estrategia de seguridad del Estado, en que se suele recurrir excesivamente al uso indiscriminado y extrajudicial de la fuerza, ha contribuido en buena medida a la ola de violencia que se ha apoderado de las calles de nuestro país.
Todo gobierno es responsable de la seguridad de su pueblo, sin embargo, el Estado mexicano, no sólo no ha procurado la seguridad de la gente, sino que incluso ha hecho uso, en diversas ocasiones, de una abrumadora fuerza extrajudicial en contra de la población civil, sin una regulación adecuada del uso de la fuerza y prácticamente sin ningún tipo de determinación de responsabilidades por los abusos resultantes.
Como consecuencia de esta política, las fuerzas policiacas han cometido numerosos asesinatos, desapariciones forzadas y torturas, dejando ver un patrón de comportamiento muy claro que permite concluir que no se trata de actos aislados ni al azar.
Hace más de dos años, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, el mundo fue testigo de que los excesos y abusos en el uso de la fuerza pública, no eran la excepción, sino la regla. La excesiva violencia con que actuó la policía de Iguala y de otras corporaciones, ha dejado profundas heridas en los mexicanos y en los guerrerenses que al día de hoy no han cicatrizado por la marcada impunidad y el encubrimiento de la verdad, por los altos mandos policiacos, que se traduce también en uso indebido de la fuerza del estado, que lejos de proteger y servir a su comunidad, se dedican a proteger a quienes hirieron a 43 familias.
Los diputados ciudadanos, nos hemos venido manifestando en contra de estos terribles actos, recurrir a acciones criminales en la lucha contra el crimen no deja de ser una contradicción que carcome trágicamente el Estado de Derecho, la violencia engendra más violencia.
En la iniciativa de Ley para Prevenir los Abusos en el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de Guerrero que presentamos hace unos días en el Congreso local se retoman los instrumentos internacionales aportados por las Naciones Unidas, a saber: Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; la Declaración Universal de Derechos Humanos y se reafirma en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos; y el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, que a diferencia de la Ley Bala, establece la obligación de los funcionarios encargados de salvaguardar la seguridad pública de cumplir en todo momento los deberes que les impone la Ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión.
Se establece además que los cuerpos de seguridad, en el desempeño de sus tareas, respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los Derechos Humanos de todas las personas.
Estableciendo además, con la fortaleza de que le da una Ley, los principios básicos para prevenir el abuso en el uso de la fuerza pública, recalcando en todo momento que los cuerpos de seguridad pública, no emplearán la fuerza, salvo cuando sea estrictamente necesario para mantener la seguridad y el orden o cuando corra peligro la integridad física de las personas.
En el nuevo texto normativo se hace hincapié en que los cuerpos de seguridad sólo podrán usar la fuerza cuando sea estrictamente necesario y en la medida en que razonablemente sea necesaria, según las circunstancias para la prevención de un delito, para efectuar la detención legal de delincuentes o de presuntos delincuentes o para ayudar a efectuarla, recalcando en que no podrá usarse la fuerza en la medida en que exceda estos límites, reiterado además que las disposiciones contenidas en este nuevo ordenamiento, en ningún caso deberán interpretarse en el sentido de autorizar el uso de un grado de fuerza desproporcionado al objeto legítimo que se ha de lograr.
La ley que se expone, precisa además que el uso de armas de fuego se considera una medida extrema. Por lo tanto, no podrán emplearse armas de fuego como señal de advertencia; tampoco podrán usarse para controlar o dispersar manifestaciones, como lastimosamente ocurriera el pasado 12 de diciembre de 2011, en donde el uso desmedido de la fuerza, cobró la vida de dos estudiantes de la Escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa al desalojar un bloqueo carretero a la altura del tramo conocido como Parador del Marques sobre la autopista del sol.
En un Estado Democrático de Derecho se deben garantizar la seguridad y los derechos humanos de la población, el uso de la fuerza pública es legítimo para salvaguardar el interés público, pero debe ser racional, proporcional y estrictamente necesario de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos. El problema en nuestro país son los excesos, el uso arbitrario y desmedido de la fuerza pública que genera, muchas veces, más problemas y más delitos que los que, en teoría, se buscan combatir.
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