Entre el #JuezPorky y fiscales se pone en entredicho que la procuración y administración de justicia naufraga en el país.

 

En pleno repunte de la delincuencia y la violencia en el país el ministerio público se encuentra severamente cuestionado y muestra una notoria incapacidad para responder a los retos de la procuración de justicia, la aplicación de la ley y el castigo a quienes cometen delitos y tienen sometida a la sociedad.

 

Esta situación de incapacidad, por complicidades, negligencia o desbordamiento de los delitos, se presenta en el fuero federal y en el fuero local, lo mismo en la Procuraduría General de la República que en la mayoría de las fiscalías estatales, lo que pavimenta el camino de la impunidad en un círculo vicioso que provoca mayores conductas antisociales y delictivas.

 

La detención del Fiscal de Nayarit, Edgar Veytia en San Diego, California, acusado por el Gran Jurado federal de Estados Unidos de conspirar para manufacturar, importar y distribuir drogas a gran escala, tanto en México como en Estados Unidos entre 2013 y 2017, confirma las vinculaciones entre delincuentes y autoridades. La autoridad encargada de perseguir los delitos en esa entidad es, según las acusaciones que le imputan, una de las piezas claves del narcotráfico de heroína, cocaína, metanfetaminas y mariguana. No es creíble que actuará sólo y es presumible que el mismo Titular del Poder Ejecutivo en Nayarit tuviera conocimiento de sus acciones.

 

Este caso habrá de repercutir sin duda en los próximos comicios de aquella entidad en la que se elegirá Gobernador y abonará a la probable derrota del PRI que gobierna Nayarit. Más allá del impactó local de la noticia es claro que esta detención es una pésima señal del deterioro e infiltración del crimen organizado en el aparato encargado, teóricamente, de perseguirlo.

 

Mientras en Nayarit el Fiscal es detenido por narcotráfico, en Guerrero el actual titular del ministerio público local, Xavier Olea Peláez, a poco más de un año y tres meses de que asumiera el encargo de Fiscal General reconoció ante el medio de comunicación internacional El País, no tener la capacidad para enfrentar al crimen organizado[1].

 

Las palabras expresadas por el titular de la Institución del Estado de Guerrero encargada de investigar y combatir los delitos del orden común; ejecutar las órdenes de aprehensión y la consignación oportuna de los inculpados ante las autoridades jurisdiccionales, no pueden ser tomadas a la ligera y, mucho menos deben minimizarse.

 

La incapacidad que señala el Fiscal ha permitido que la inseguridad y la delincuencia, hoy en día, sean los principales males que laceran a la ciudadanía, colocando a Guerrero como uno de los más violentos del país[2], con una tasa de homicidios que al cierre de 2016 superó en un 365% la media nacional, con 51 homicidios por cada 100,000 habitantes.

 

Estas cifras esconden tras de sí una realidad aún más terrible. En Guerrero de 2007 a 2016 la sangre 18,860 personas[3] de todos los estratos sociales, han inundado las calles. Los casos de incapacidad del Estado para brindar seguridad son muchos y muy variados, muestra de ello son las cada vez más comunes jornadas violentas como la suscitada en entre el 11 y 12 de marzo de 2017, que dejó un saldo de 28 personas fueron asesinadas en Guerrero[4].

 

Durante el encargo del Xavier Olea, como Fiscal General del Estado, incluso quienes solicitaron la protección del Estado fueron alcanzados por la delincuencia y al día de hoy, continúan impunes los crímenes cometidos contra el Alcalde de Pungarabato Ambrosio Soto y el periodista Cecilio Pineda, ambos de tierra caliente.

 

El asesinato de Cecilio Pineda perpetrado el 2 de marzo de 2017, fue otra muestra más de la incapacidad del Fiscal, pues como el mismo lo ha señalado, las líneas de investigación apuntan a que el periodista fue ultimado por individuos vinculados a la delincuencia organizada que opera impunemente en la zona de la Tierra Caliente del Estado, bajo las órdenes del criminal que meses antes, la Fiscalía había anunciado que estaba a punto de capturar[5].

 

Para desgracia nuestra, el homicidio no es el único delito que se enfrenta en Guerrero, las extorsiones, el secuestro, los robos de vehículos son otros crímenes que han ido en aumento y que, muchos caso no son denunciados, lo que deja en claro que para los guerrerenses la Fiscalía es incapaz de llevar a cabo su función institucional en la reconstrucción del tejido social.

 

El delito de extorsión, también llamado cobro de piso, se ha convertido en una grave epidemia delictiva, que azota todas las regiones del Estado, pero en mayor medida en Acapulco, Chilpancingo, tierra caliente y Zihuatanejo; en donde los delincuentes cobran con sangre a los negocios, sin importar si estos son grandes, pequeños o inclusive modestos vendedores de tacos o jugos, médicos o constructores, esto crímenes que laceran nuestra sociedad deben parar inmediatamente.

 

Como es bien sabido por todos, los efectos del delito y de la violencia criminal son muy perniciosos y no solamente inciden en la descomposición del tejido social, sino que además pervierten los procesos económicos y degeneran también los valores de la convivencia razonable y civilizada de la sociedad.

 

Ante esta grave crisis en materia de seguridad pública, procuración de justicia y derechos humanos, no hay que quitar el dedo del renglón, hay que ponerle un alto a quienes a través de su actuar son coparticipes de lo que sucede en el Estado. Es indispensable fortalecer nuestras instituciones y dar marcha a tras a la impunidad; hermana de la corrupción que tanto daño hace a nuestra sociedad.

 

El ministerio público, institución que debe ser la representante de la sociedad, quien realmente contribuya a terminar con esta ola de violencia, no está dando resultados en varios lugares del país. Tienen el monopolio de la acción penal y el encargo de perseguir los delitos y no están funcionando como debieran.

 

Mientras un Fiscal se colude con los narcotraficantes (Nayarit), el otro se declara incapaz de enfrentar al crimen organizado (Guerrero).

 

En esa perspectiva quedan las siguientes interrogantes: ¿Está la ciudadanía en estado de indefensión frente a los delincuentes? ¿Podemos seguir tolerando la falta de resultados y las complicidades? ¿Qué debemos hacer para recuperar la seguridad, terminar con la impunidad y castigar a los delincuentes? ¡Ya basta! La ciudadanía tiene las respuestas. Urge un cambio.

 

@RicardoMeb

@OpinionLSR

 

> Lee más sobre el autor

 

[1] Pablo Ferri. El País. Xavier Olea: “No tengo capacidad para enfrentar al crimen”. Acapulco. 26 de marzo de 2017. Consultable en: http://internacional.elpais.com/internacional/2017/03/27/mexico/1490567188_594527.html

[2] El cierre de 2016 Guerrero se colocó como el segundo Estado más violento del país, solo detrás de Colima que presentó una tasa de homicidios de 65 eventos por cada 100,000 habitantes.

[3] Estadística de mortalidad por homicidio generada y publicada por el INEGI.

[4] Redacción. Animal Político. Un médico es asesinado en la jornada más violenta del año en Guerrero. 13 de marzo de 217. Consultable en: http://www.animalpolitico.com/2017/03/medico-asesinado-guerrero/

[5] Redacción. Excélsior. Estamos cerca de ‘agarrar’ a ‘El Tequilero’: fiscal de Guerrero. 30 de noviembre de 2016. Consultable en: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/11/30/1131315


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