Si en algún momento el diseño del financiamiento público a los partidos se justificaba como forma de romper el régimen de partido dominante, la posterior alternancia en el poder ha cambiado sustancialmente las condiciones. Las construcciones ideológicas del “régimen de fortalecimiento de partidos”, de “equidad en la contienda” y la dependencia del financiamiento al número de votos han tenido como efectos (deseados o no) tener franjas más o menos estables en la votación. El nuevo status quo ha llevado a que predominen los comportamientos que maximicen la votación y desplacen la importancia de los buenos resultados en el gobierno. La imagen, las apariencias, la propaganda, lo que luce importa más que tener buena hacienda, infraestructura de agua potable, drenaje, espacios o servicios públicos. Reditúa más una campaña en televisión, o una telebancada, o que el gobernador de Chiapas o el delegado en Miguel Hidalgo llenen de publicidad las calles, que haya buenos servicios de salud en la selva o buen servicio de limpia.
Lo anterior se debe a que el sistema político y electoral (incluido el financiamiento público), está hecho para dar esos resultados. El sistema premia la grilla, más que al buen gobierno.
Uno de los retos para la imaginación es cómo (si es que se puede) cambiar tal situación y reorientar los incentivos en la dirección de que los resultados en el gobierno importen y, por tanto, mejorar la democracia.
Una de las posibilidades es que los resultados que los partidos tengan en el gobierno tengan consecuencias y éstas sean relevantes para sus incentivar su mejoría. Junto con esto está que la decisión del voto pueda tener mayores elementos y eficacia para premiar por castigar.
En los últimos años se han desarrollado como instrumentos en la gestión y evaluación del gobierno, herramientas e indicadores tales como los índices de calidad de vida en las ciudades, de competitividad, de seguridad pública, de delincuencia y otros; el INEGI, y más recientemente la CONEVAL, por ejemplo, son fuente de información valiosa que permite medir resultados. Los tribunales que controlan actos de autoridad, las comisiones de derechos humanos, los órganos de acceso a la información, también son fuente de información de cuántas, cuáles y quiénes son los responsables de violaciones a derechos. Los órganos anticorrupción, también serán valiosos para conocer tales prácticas y quienes las cometen.
Tal información permitirá conocer con mayor certeza qué gobiernos y qué partidos son los responsables.
El paso siguiente es ver si podemos relacionar el financiamiento a los partidos no solamente con los votos sino también con los resultados.
La lógica de ligar el financiamiento a los partidos con los resultados realmente no es ninguna novedad. En sistemas como el norteamericano, la gran corporación que financia al partido busca un resultado, evitar regulaciones perjudiciales o tener regulaciones proteccionistas, contratos en la industria militar. En México sucede igual, el financiamiento privado se oculta pero se paga con resultados (curules, contratos, perdones fiscales, etc.).
La variante de relacionar financiamiento público estaría en asociarlo con resultados públicos.
Por ejemplo, imaginemos un municipio que cuenta con cierta infraestructura de agua potable, alcantarillado o servicios de limpia y tratamiento de residuos sólidos. Suponiendo que tengamos información sobre el estado de cosas, sería posible medir el resultado de la gestión del partido que gane la presidencia municipal, evaluarlo y, por tanto, que una parte del financiamiento del partido se asocie a los buenos o malos resultados.
La evaluación al gobierno, también es evaluación al partido que tiene la responsabilidad principal.
Si esto fuera viable, probablemente cambiaríamos en algo los incentivos, y tendrá algún sentido que los partidos invirtieran en sus inteligencias para pensar en las tareas del gobierno, inversión que por ahora es escasa.
@jrxopa