El gobierno federal y su engendro político el Pacto por México, han llevado a cabo una campaña en medios de comunicación para convencer a las maestras y maestros de México, así como a la opinión pública, sobre las supuestas bondades de la reforma educativa. Tras ello, y a pesar de las diversas manifestaciones en contra y la falta de consenso magisterial evidente, la misma fue aprobada por los partidos del Pacto en 2012-2013 por el Congreso de la Unión.
Lo que empezó como un ajuste de cuentas en la cúpula del poder en contra de Elba Esther Gordillo se convirtió en el primer producto del Pacto por México. Los villanos del fracaso educativo nacional pasaron a ser los maestros y maestras de México, según la historia oficial. Emilio Chuayffet, quien entonces fuera Secretario de Educación Pública y brazo golpeador de Peña Nieto en la materia, reiteró que la educación “no es propiedad de un grupo, sino de la sociedad”, descartando que la reforma educativa fuera privatizadora.
Además advirtió que no habría excepciones para nadie en cuanto a la evaluación o cumplimiento de requisitos que se consideraran necesarios para brindar una educación de calidad, mucho menos porque él aseguraba hace dos años que no era una reforma laboral disfrazada, ni tampoco una reforma antimagisterial, sino que tenía por objeto dar certeza al maestro; certidumbre en su ingreso, en su promoción y desempeño como docentes.
Sin embargo, tan sólo en el primer año después de que la reforma fuera aprobada, más de 26 mil maestros iniciaron el trámite para su jubilación, de los cuales 63% lo hicieron justo después de la entrada en vigor de la reforma educativa y sus leyes secundarias. De acuerdo con los informes trimestrales del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB), sólo de octubre a diciembre de dicho año se registraron 11 mil 360 solicitudes en 31 entidades del país.
El grueso de las solicitudes se ingresaron después del 10 de septiembre del 2013, día en que Enrique Peña Nieto promulgó las tres leyes secundarias de la reforma educativa. En ellas se incluyó la Ley General del Servicio Profesional Docente, en la cual se establece la evaluación obligatoria cada cuatro años y la separación de sus funciones de los maestros que no aprueben en las tres oportunidades que tendrán para presentar satisfactoriamente el examen.
Pero este no es el único motivo, y sería un error considerar que los maestros decidieron jubilarse por huir de un examen. Existen motivos como la desaparición de las plazas de Asesoría Técnica Pedagógica, la puesta a disponibilidad de las maestras y maestros, después de años de servicios, para trasladarlos a escuelas distantes de sus hogares, incluso a otros estados; la falta de garantías sobre la conservación de prestaciones como la prejubilación y el escalafón, entre otros.
La reforma educativa fue ampliamente criticada por especialistas en la materia, así como por organizaciones de la sociedad civil, pues desde su presentación quedó claro que no contenía un proyecto educativo explícito, y que la opinión de los expertos no le importaba al gobierno federal ni a sus coadyuvantes del Pacto.
Nada en la reforma establece cómo se lograrían los avances en el sector pedagógico, ni cómo con ella se lograría mejorar el sistema educativo o resolver los principales problemas en el sector. Por ejemplo, la reforma aprobada no mencionó en uno solo de sus párrafos cómo erradicar la desigualdad y el rezago educativo en el que se encuentran 32 millones de personas.
Lo que se aprobó no es una reforma educativa, sino una reforma laboral y administrativa disfrazada. Su objetivo es que el gobierno federal se apodere de la conducción de la educación pública, y que los maestros pierdan un derecho adquirido: la estabilidad en el empleo.
El Pacto afirmó que el Servicio Profesional Docente fue creado para reconocer los méritos de los maestros y asegurar “que accedan a las plazas docentes con base en su esfuerzo y desempeño personales”. La reforma señala que servirá para que los profesores, directores y supervisores tengan certidumbre, estabilidad y condiciones equitativas en su promoción laboral “asegurando y promoviendo sus derechos”.
La afirmación es falsa. Lo que la reforma “legaliza” es la posibilidad de despedir a maestros y directores que cuentan ya con una plaza de base definitiva (y, por tanto, con un derecho creado), si no obtienen calificaciones adecuadas en las evaluaciones que se les realicen. La permanencia en el empleo está en entredicho.
A dos años de su aprobación, la reforma educativa no ha rendido ni uno solo de los frutos que prometió, por el contrario, el sector magisterial se encuentra completamente desprotegido, laboral y físicamente. Y por más que resguarden los lugares donde se realizan las evaluaciones con miles de elementos de la gendarmería y de la policía federal, como ocurrió en Guerrero hace unos días, hay inconformidad en todos los sectores del gremio, lo mismo en los llamados institucionales que en la disidencia magisterial.
Basta recordar los traslados de aproximadamente 20 profesoras y profesores en helicóptero, para que pudieran ser evaluados, a pesar de que el gobierno habría ofrecido garantizar la privacidad de los maestros. Si bien se sobrellevaron confrontaciones, prevaleció un ambiente hostil y de presiones al magisterio.
En vísperas de la aplicación de las evaluaciones docentes en Oaxaca y en Guerrero el titular de la SEP, Aurelio Nuño ha anunciado festivamente que el gobierno enviaría miles de elementos de la Policía Federal para garantizar la realización de la prueba de evaluación de desempeño de los maestros.
“La Policía Federal empezará a llegar de manera numerosa a Oaxaca, esta semana se empezarán a ver los contingentes de la policía para poder garantizar la evaluación”, señaló el secretario. Y así fue. El contingente estuvo constituido por diez mil efectivos de seguridad, con equipo antimotines, tanquetas y granadas de gas lacrimógeno para resguardar el desarrollo de un proceso administrativo. En Guerrero fueron seis mil elementos que amurallaron las inmediaciones del Mundo Imperial en el puerto de Acapulco.
Si hacemos un comparativo real, en la Conferencia de la ONU sobre el Clima, celebrada en París contó en su inauguración con la presencia de 147 jefes de Estado, y a pesar de las fuertes amenazas del terrorismo islámico, tan sólo se destinaron 11 mil efectivos de seguridad para cuidar las calles del suburbio Le Bourget. 10 mil elementos cuidando a nuestras maestras y maestros en Oaxaca y 6 mil en Guerrero, contra 11 mil vigilando a los dirigentes de 147 países, en una ciudad que recibió recientemente ataques terroristas sumamente dolorosos. He ahí el tamaño de la desproporción.
Lo que se vive en el país es un clima de amenazas constantes contra el magisterio, amenazas combatidas por el magisterio disidente, pero que afectan a todas y todos los maestros por igual, ya sea que salgan a las calles o no. Podrán incomodar sus protestas, rechazarse tajantemente las acciones violentas de algunos grupos radicales, pero lo que es innegable que esta reforma sigue siendo polarizadora.
De igual manera es claro que violando el artículo 134, párrafo octavo de la Constitución Federal, Aurelio Nuño hace abierta precampaña escudándose en esa reforma. Por un lado se erige en represor magisterial para congraciarse con los grupos más conservadores que piden mano dura, y por otra parte se promueve repartiendo recursos que provienen de los llamados Certificados de Infraestructura Educativa que hipotecaron las finanzas de los estados por 25 años.