Esa es, claro, la ingeniosa frase que utilizó el político tabasqueño cuando regresó a la vida pública después de las elecciones de 2006. En el fondo, el argumento es que el país estaría mejor si la izquierda hubiera llegado al poder presidencial en México. Es una tesis que defiendo e incluso considero que la grave crisis de las instituciones políticas tiene ese origen, la falta de un cambio de régimen y de políticas promotoras de la igualdad.

 

La frágil gobernabilidad nacional no se origina de fallas en el diseño institucional, tampoco solamente en una administración presidencial que no asume la gravedad de la situación actual (insiste en que se reconozcan las buenas noticias), sino en el hecho de que las instituciones no cambiaron para favorecer a las grandes masas marginadas.

 

La respuesta a la crisis de credibilidad e ineficacia gubernamental no está fundamentalmente en aspectos como el déficit de Estado de Derecho o en malas agencias públicas, que por supuesto cuentan, pero sobre todo en que la democracia no se traduce en nada de lo que realmente cuenta, ni en mejores salarios, ni en servicios públicos universales de calidad, ni en una red de protección social amplia, ni en servicios financieros accesibles, ni en mejor acceso a la justicia, ni en grandes inversiones públicas, ni en seguridad ciudadana,  ni en una renta mínima, ni en la incorporación de comunidades marginadas al desarrollo.

 

Reducir las brechas de desigualdad no ha sido la agenda central de los gobiernos de las últimas décadas, sus preocupaciones son otras, estabilidad financiera, guerra contra el narco, apertura comercial, flexibilidad en los mercados. Con la izquierda fuera del poder o en ocasiones muy cerca de la agenda neoliberal del poder, el país no es más justo, por lo que no existe identificación entre la mayoría de los mexicanos y los que hacen y preocupa al sistema político. Se suponía que la democracia, que permite que se expresen las preferencias de la mayoría, tendría que llevar a políticas redistributivas, en el caso de México, no ha sido así.

 

Las democracias, las consolidadas y las que transitaron a ese régimen de manera más reciente, han tenido periodos en los que se gobierna con políticas de izquierda, que privilegian la reducción de las brechas de igualdad sobre otros fines. Ello, generó políticas públicas e instituciones igualadoras que moderaron o incluso revertieron la tendencia natural del capitalismo a la desigualdad (según Piketty). Brasil, es hoy un país mejor después de décadas de inversiones públicas intensas y políticas sociales amplias, a pesar de que su modelo sufra evidentes signos de agotamiento.

 

El Salvador, país al que viajé por un día, gracias a una invitación del BID que me obligó a tomar un pequeño descanso de mi campaña a diputado federal por Morena, es evidentemente una democracia más funcional gracias a las políticas de inclusión social del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Los gobiernos del Frente, sin renunciar a las reglas democráticas, desarrollan políticas como pensiones universales a adultos mayores, transferencias a madres jefas de familias, becas a universitarios, servicios universales de salud, inversión en infraestructura en zonas marginadas y escuelas de tiempo completo que incluyen alimentación y apoyos a los estudiantes.

 

La construcción de un Estado de Bienestar ha dado sentido a la democracia y cabida a las mayorías marginadas y ha permitido su consolidación, en un país antes marcado por la división y el conflicto interno.

 

Si en México la izquierda hubiera ganado, la prioridad, en lugar de haber estado en la flexibilización de los mercados, estaría en la inversión en infraestructura y en políticas de protección y servicios sociales universales. Eso fue la prioridad de López Obrador en su gobierno.

 

Estaría en el avance de agendas como la de movilidad, el apoyo a jóvenes en la preparatoria y la ampliación de derechos a mujeres y grupos de la diversidad sexual, como ocurrióen el gobierno de Marcelo Ebrard. La búsqueda de la igualdad no tendría que se ser a costa ni del autoritarismo, ni de malas políticas en otras áreas. Los gobiernos de izquierda en la capital, por ejemplo, acreditaron buenos resultados en materias como seguridad pública o el manejo de las finanzas públicas. De hecho, la reacción de una parte del sector empresarial mexicano a lo que parecía el triunfo inminente de López Obrador en 2006 no tenía fundamento, ya que la acusación de ser un riesgo para la economía y las instituciones políticas del país no correspondía a lo que fue su acción de gobierno.

 

Con López Obrador pudimos tener un gobierno que garantizara estabilidad, pero también que hiciera de la maquinaria del Estado un factor para reducir la desigualdad. Eso hubiera generado que los más pobres vieran que la democracia tiene sentido, porque los que hacen políticas atienden sus necesidades.

 

El gobierno actual ha sido particularmente omiso a la agenda de la igualdad. Ni siquiera existe un programa insignia de combate a la pobreza, la cruzada contra el hambre se ha diluido, mientras que los recursos para las pensiones a los adultos mayores fueron recortados este año ante la caída del precio del petróleo.

 

Lejos quedaron las promesas de la seguridad social universal, servicios de salud únicos y seguro de desempleo. De incrementar el salario mínimo ni hablar, la propuesta nunca se ha tomado con seriedad. Tampoco existe una iniciativa para dotar de infraestructura a las regiones de mayor marginación o metas como lograr cobertura universal en preparatoria o doblar la matrícula universitaria.

 

Peor aún, el gobierno no parece reconocer y, por lo tanto, hacerse cargo de los enormes rezagos del país, que acentúan y reproducen la desigualdad, el control que tiene el crimen sobre cientos de comunidades marginadas, la exclusión permanente que genera el sistema de impartición de justicia, el racismo como fenómeno sistémico de nuestra sociedad, la violencia de género, la discriminación de minorías, etcétera.

 

Probablemente no todo se resuelva con un gobierno de izquierda, pero al país le urge una administración que ponga el tema de la desigualdad al frente, sin titubeos, con la intención explícita de que el ingreso y las oportunidades se repartan. Eso haría gobernable al país y más funcional la democracia. Por todo ello suscribo: “estaríamos mejor con López Obrador”.

 

@vidallerenas



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