Desde hace varios años, en el mundo, después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, en México como resultado de la guerra contra el narco, ha crecido la idea de que puede ser válido que las políticas de seguridad comprometan los derechos humanos de las personas. Es decir la tranquilidad social o colectiva tiene, en esa lógica, un costo en términos de los derechos en incluso de la propia democracia. Los argumentos de Calderón contra el narcotráfico son similares a los Donald Rumsfeld, el secretario de Defensa de la Administración Bush, que se refería a la guerra que su país enfrentaba contra el terrorismo no tenía comparación con ninguna otra enfrentada por los Estados Unidos en toda su historia. En el caso de los Estados Unidos, algunas semanas después de los atentados del 11 de septiembre, el periódico New York Times reportó que la tortura había comenzado a convertirse en un tema de discusión habitual entre la gente, incluso algunos otros medios señalaron que al menos el 32 por ciento de la población de aquél país estaba de acuerdo en que el gobierno torturara a presuntos terroristas.
Zygmunt Bauman, señala que nos encontramos frente a una situación de «fatiga de nuestras libertades» que produce tal indiferencia social que conduce a un «liberticidio». Es decir, a un fenómeno en donde de manera constante, pero casi imperceptible, la sociedad acepta la eliminación de los derechos y libertades hasta ahora conseguidas para ganar políticas de seguridad que les otorguen percepciones de salvaguardia. Las políticas iniciadas por un país para combatir riesgos a la seguridad, como aquellos derivados de la delincuencia o el narcotráfico, pueden promover un cambio en la percepción sobre el aseguramiento y vigencia de los derechos humanos en nuestra sociedad. La guerra contra el narcotráfico es un ejemplo claro de una estrategia que tiende a restringir el goce y ejercicio de las libertades que como personas se nos han reconocido en la Constitución y en los diversos tratados internacionales de los que México es Estado Parte. Esta restricción sutil de nuestras libertades termina por generar procesos de desintegración social que se acompañan de condiciones de normalización de la violencia. Así, casos como Tlatlaya o Ayotzinapa son cada vez más comunes y parecen resultar cada vez menos graves.
La disminución de nuestros derechos como resultado de la búsqueda desesperada por seguridad tiene múltiples dimensiones. Evidentemente, las guerras necesitan provisiones, y con el avance geográfico vino la necesidad de ampliar el presupuesto destinado para las fuerzas armadas y el sistema de seguridad que, vale decirlo, ha crecido de manera absurda durante los últimos dos sexenios. Calculamos en a raíz de la guerra contra las drogas el país gasta alrededor de un punto del PIB adicional de su presupuesto en materia de seguridad. Como consecuencia, las posibilidades de aseguramiento de otros derechos fundamentales, específicamente aquéllos de corte social como la salud y la educación. No es casualidad que, para costear las políticas de seguridad, los principales recortes que se hacen al gasto público sean en materia de programas y servicios sociales que, precisamente, persiguen garantizar este tipo de derechos. Es decir, el goce de nuestros derechos sociales se ve también limitado debido a que gastamos cantidades cada vez mayores en seguridad.
A partir del arranque de la guerra contra el narcotráfico, la sociedad aceptó que el ejército realizara actividades de seguridad pública en aquellos estados del país que registraban los mayores índices de delincuencia. Al poco tiempo, lejos de que la estrategia de militarización lograra acordonar y contener la situación de violencia en tales localidades, lo que sucedió fue que las fuerzas armadas comenzaron a expandirse a tal grado de que ahora el ejército se encuentra en la mayor parte del país y es acusado de violaciones reiteradas a los derechos humanos. La presencia del ejército se convirtió en permanente y ahora voces como la del Senado Roberto Gil o del propio General Secretario Cienfuegos o del Almirante Secretario Soberón proponen legislar para volver permanente el despliegue del Ejército y la Marina en las calles. Cuando la alternativa evidente es la contracción de un sistema nacional policial que, independientemente del mando, garantice cuerpos eficaces, capacitados y respetuosos de los derechos humanos, se insiste en la militarización permanente.
Aun cuando diversos tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya han precisado que los Estados y sus autoridades no pueden utilizar conceptos como “seguridad pública” u “orden público” para suprimir o privar de contenido real a los derechos fundamentales, lo cierto es que esta perspectiva promueve tentaciones autoritarias para la promulgación de leyes. Sin embargo nos empeñamos en legislar normas que amplían la esfera de competencias discrecionales por parte de las autoridades y, por el otro, restringen los derechos y los contrapesos a los abusos de poder. Actualmente, en los distintos órganos legislativos del país se encuentran pendientes de discusión y aprobación diversas reformas legislativas relacionadas con la militarización de la seguridad en costas y puertos nacionales. la procedencia y declaratoria de estados de excepción, así como la emisión de una ley de seguridad interior. Tales iniciativas representan un ejemplo claro de la perspectiva adoptada por las autoridades federales para hacer frente a los riesgos que en materia de seguridad enfrenta nuestro país y que terminan por colocar en una situación de riesgo el pleno goce y ejercicio de los derechos.
En todo caso debemos, pues, replantear y repensar el motivo de nuestro cansancio. ¿El costo de la seguridad en México puede ser, entonces, el de nuestros derechos?
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