El día de ayer, el Rey Felipe VI de España, Jefe del Estado, ha concluido la ronda de consultas con los representantes de los partidos políticos en las Cortes españolas. El resultado no ha sido exitoso. El partido que ganó las elecciones no cuenta con apoyos para gobernar. El escenario se ve cada vez más parecido al posterior a las elecciones del 20 de diciembre en las que Rajoy, al no contar con el apoyo suficiente, el 22 de enero de este año, decidió no aceptar la investidura y fue el líder de la oposición, Pedro Sánchez, quien fue propuesto por el Rey para ser investido pero que, a la postre, no consiguió los votos necesarios para ser Jefe del Gobierno.
El día de ayer, el Rey dio a conocer a la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, su decisión de proponer a Mariano Rajoy para la investidura, sin definir la fecha en que lo haría. Sin embargo, en un acto sin precedentes, Mariano Rajoy dejó en duda aceptar la investidura en caso de no conseguir los apoyos necesarios para obtenerla. Muy al estilo del líder del Partido Popular, pone la presión y el escrutinio ciudadano en el resto de partidos políticos, ante su incapacidad de lograr acuerdos.
Tanto el Partido Socialista Obrero Español como Podemos manifestaron al Rey que votarán en contra, tanto en primera como en segunda ronda, de la investidura de Mariano Rajoy, por decisión tomada por los órganos competentes de ambos partidos políticos. El partido Ciudadanos, que se veía más cerca de apoyar al Partido Popular para lograr la investidura de Rajoy, en virtud del reciente procesamiento de diversos funcionarios de ese partido político y del propio PP, por la destrucción de los discos duros de las computadoras que utilizaba el tesorero del Partido Popular de 2008 a 2009, Luis Bárcenas, que fue imputado en un caso de corrupción y expulsado del PP en el 2013.
Las negociaciones y acuerdos entre partidos políticos respecto a la investidura se tornan aún más complejas después del desafío soberanista del Parlamento de Cataluña, que este miércoles aprobó por mayoría de votos abrir una vía unilateral para la independencia –la desconexión de Cataluña–, desafiando al Tribunal Constitucional, basada en la declaración del 9 de noviembre del año pasado que fue declarada inconstitucional por el referido Tribunal. Está ahora en manos del Tribunal Constitucional las medidas legales que tomará en contra de las y los diputados que votaron por aprobar las conclusiones de la declaración del 9-N y abrir una vía a la independencia de Cataluña.
Ante este escenario, resulta previsible que los partidos en el Congreso de los Diputados extremen posturas ante este hecho y la posibilidad de llegar a acuerdos se torne aún más lejana.
El Rey no tiene un plazo límite para proponer a alguien al Congreso para ser investido. Ha realizado en lo que va del año cuatro rondas de consultas con los partidos políticos; sin embargo, el paso necesario en caso de no llegar a los acuerdos y votos necesarios para conseguir una investidura, es que proponga a alguien al Congreso, que éste no reúna los votos necesarios y, a partir de entonces, empezará a correr el plazo de dos meses para que el Rey disuelva las Cortes y convoque a las terceras elecciones consecutivas para elegir al Jefe del Gobierno.
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