Como crónica de un final anunciado, van sucediendo uno a uno los acontecimientos sangrientos y criminales que enmarcan la crisis de seguridad que domina la agenda pública durante el gobierno de Peña Nieto y de toda una época trágica de México.

Sin duda, los hechos delictivos han estado presentes a lo largo de la historia. Basta revisar las crónicas de la época porfiriana y post revolucionaría que convertían en hazaña cualquier  desplazamiento por los deteriorados caminos de México, burlando a salteadores y asesinos capaces de los hechos más sangrientos. Sin embargo, aquella inseguridad no es como hoy la vemos y la sentimos: sistémica, estructural, organizada y omnipresente ante la complicidad de autoridades, la falta de estrategias y acciones contundentes y el deteriorado estado de derecho que predomina en el sistema de justicia mexicana y que es generador permanente de impunidad.

En materia de seguridad, el sexenio de Peña Nieto arrancó con aires de triunfalismo ante el regreso de los que supuestamente “sí sabían” cómo resolver los grandes desafíos nacionales. Las primeras declaraciones del titular de Gobernación revelaron la reestructura en el aparato de seguridad del Estado, al concentrar todas esas funciones en la secretaría a su cargo y desmantelar la interlocución establecida con los Estados Unidos a fin de establecer la ventanilla única en su dependencia. Al mismo tiempo, se habló de una nueva estrategia que a la fecha no se ha dado a conocer; a cambio, resaltaron las descalificaciones en contra de los gobiernos del PAN, en especial de la llamada “guerra de Calderón” frente al crimen organizado; se modificó la comunicación política para bajar el perfil de las notas delictivas, como si ocultar la información fuera la solución al problema, e incluso se pretendió modificar la estadística y la difusión de la contabilidad de los delitos de alto impacto, cosa que finalmente no sucedió por la presión de las organizaciones sociales y de los acontecimientos cotidianos.

El efecto de la complicidad de las autoridades es devastador, al grado que hoy la cadena institucional de seguridad está desecha y a merced del crimen. Algunas autoridades locales se han hecho cómplices al más alto nivel, como en Nayarit donde el propio fiscal era el jefe de la mafia; o el reciente descubrimiento de una red de infiltración en la Unidad de Inteligencia contra el crimen organizado de la Policía Federal, evidenciado por la entrega de uno de sus altos funcionarios ante una corte de los Estados Unidos. Y está por verse la red de complicidades detrás de los “huachicoleros” de Puebla, pues un triángulo dorado como el que se ha dado a conocer no se construye de la noche a la mañana y no sin la protección de las autoridades a todos los niveles.

Respecto a las políticas públicas, es asombrosa la incapacidad de gestión política y de compromiso institucional del Ejecutivo ante las reformas de seguridad, al punto que parece un tema descontado de la agenda o de resignación. El nuevo gobierno, a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública, modificó los criterios y prácticas vigentes al inicio del sexenio sobre la depuración de los cuerpos policiacos. Sin más, se hicieron de lado prácticas que implicaron recursos multimillonarios en pruebas de confianza, sistemas de información, equipamiento y capacitación, sin ofrecer algo mejor a cambio. De igual forma, quedaron en el olvido las negadas reformas legislativas sobre el mando policial coordinado y la ley de seguridad interior que nos tienen en medio de una discusión sin fin sobre el papel de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública, los derechos humanos y la incapacidad de las policías locales para asumir su responsabilidad constitucional; todo esto ocurre mientras los delincuentes avanzan y hacen de las suyas. 

Capítulo aparte es la delicada situación del nuevo sistema de justicia penal, llamado ahora acusatorio adversarial, el cual se debate entre la crítica interesada de sus detractores y la incapacidad manifiesta para ponerlo en marcha, al grado que ya se habla de reformas a la reforma de justicia para corregir sus deficiencias  - lo que no estaría mal – o, peor aún, para desnaturalizarlo y hacerlo inocuo a modo de nuevos beneficiarios. Es delicado para el país regresar lo recorrido en este cambio de fondo al sistema de justicia durante la última década y más sin haber llegado a ningún lado. 


La participación social es indispensable en la definición de la nueva agenda por la seguridad ciudadana que México necesita

De cara a 2018 se levantan voces tratando de desviar la atención para que la seguridad no sea tema de debate en las elecciones presidenciales, argumentando que no se debe politizar un tema tan delicado. Sin embargo, cómo no someter al escrutinio público una de las mayores demandas sociales y que ha sido la causa principal del deterioro del tejido social. Se equivocan quienes pretendan evitar el juicio de la historia sobre su responsabilidad en la materia y quienes pretendan alejar la posibilidad de una solución de fondo, cancelando el debate y la participación social indispensable en la definición de la nueva agenda por la seguridad ciudadana que México necesita. 

Así pues, al margen de cualquier expresión de violencia o de intentos desesperados por tomar justicia por la propia mano, todo indica que en democracia, el camino para recuperar la confianza de la ciudadanía en las autoridades y en los políticos pasa por la seguridad. La pregunta de muchos de los que aún no definen su voto o de quienes se encuentran decepcionados de las opciones políticas de siempre gira entorno a quién es capaz de garantizar la seguridad, base de la economía y de la convivencia pacífica. Sin decir más, está claro que el tema del presente y del futuro es la seguridad.

@MarcoAdame

@OpiniónLSR




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