El miércoles pasado nos tocó presenciar uno de los principales momentos del inicio del derrumbe del paradigma prohibicionista que existe con respecto a las drogas. La Suprema Corte de Justicia de México, sí de México, el país que se propuso declararle la guerra a las drogas a cualquier costo, al costo mismo de la viabilidad de la nación, considera que es desproporcionada la pena y la prohibición absoluta de producir y distribuir marihuana frente a los costos que implica la substancia para la salud.

 

Es decir, se dice que la prohibición viola los derechos humanos de las personas. Los viola sin duda para las 500 mil personas que en seis años han sido detenidas por poseer drogas y para otros cientos de miles encarcelados por decenas de años por participar, sin mayor retribución, en el transporte, el cultivo o la distribución de mariguana. Por cierto, en el fallo de la corte se hace uso de la enorme evidencia que existe para presumir que la marihuana implica menos riesgos para los individuos que el al alcohol y menos daños a la salud que el tabaco.

 

Lo que no debemos hacer al día siguiente de la histórica decisión es debatir, de eso ya tenemos bastante, lo que urge es poner sobre la mesa alternativas viables para reducir los enormes costos que actual sistema de prohibición de drogas generan a la sociedad. La agenda es clara y pasa por cambios legales y políticas públicas encaminadas a lo siguiente:

 

1) Evitar la criminalización de usuarios. Para lograrlo se requiere modificar la tabla de cantidades toleradas para portación. En el caso de la mariguana el portar más de 5 gramos convierte a una persona automáticamente en narcomenudista. En el mundo los gramos tolerados van de 25 a 40. Además, para que se determine una pena de cárcel en caso de cantidades mayores, dentro del límite establecido para narcomenudeo, tendría que ser necesario probar la intención de la persona de traficar con la substancia. Se requiere también iniciar un proceso de amnistía para persona encarceladas por la posesión simple de drogas.

 

2) Revisar las penas por micro tráfico de drogas. Actualmente Estados Unidos se encuentra en el proceso de reconsiderar  las elevadas penas impuestas a quienes consumen drogas, pero también a quienes se encuentran en la cadena más baja del narcotráfico. Son las penas alternativas que ayuden a las personas a reintegrarse a la sociedad las que corresponden a cultivadores, “mulas” u otras personas no peligrosas que forman parte de la cadena de tráfico de drogas. El encarcelamiento tiene que ser una pena solamente de última instancia.

 

3) Permitir el uso medicinal de mariguana. Actualmente en México la Ley General de Salud impide recetar, importar, producir  y distribuir  medicamentos a base de marihuana. El caso de la niña Grace es paradigmático, fue necesario obtener un amparo para facilitar su tratamiento que le permite reducir el número de episodios epilépticos que presenta la pequeña. La experiencia de países  como Canadá, muestran cómo es posible y útil el uso serio de la marihuana y sus derivados con fines terapéuticos y curativos.

 

4) Ofrecer alternativas de autocultivo y segmentar mercados. Se requiere regular el número de plantas que puede cultivar  una persona para autoconsumo y para compartir con miembros de un club. Como es el caso de lo  que resolvió la corte. Autocultivo es una opción de provisión legal que ya experimentan otros países de América Latina, como Colombia. También se debería permitir la operación de lugares en donde se toleren transacciones seguras de mariguana, en donde los consumidores puedan adquirir el producto si recurrir a un distribuidor que ofrezca una canasta más amplia de substancias.

 

5) Realizar políticas con enfoque de reducción de riesgos y daños. El enfoque de prevención tiene que adecuarse para que la seguridad y la salud de la persona sea el principal objetivo. La prevención debe darse por medio de acciones que ofrezcan información precisa a los consumidores para que tomen las mejores decisiones, que permitan detectar y canalizar a los usuarios problemáticos, que eviten estigmatizar y discriminar a los usuarios de drogas. Eso implica un cambio en el lenguaje de los principales  funcionarios públicos, también eliminar la pruebas de uso de drogas como parte de los llamados controles de confianza, así como desterrar la idea de que un usuario de drogas es necesariamente un adicto, o peor aún, un delincuente.

 

Finalmente, para avanzar en mejores políticas de drogas se requiere algo elemental, que en México carecemos, un responsable de políticas de drogas y una estrategia al respecto, basada en evidencia, con objetivo, metas y mecanismos de evaluación claros.

 

Actualmente no sabemos quién es el  encargado del gobierno en tal tarea y mucho menos su estrategia. La mejor muestra de lo anterior es la pobre reacción gubernamental ante el fallo de la corte. Lo único que atinaron a decir fue que la marihuana todavía no era legal. No comentaron del sentido del fallo en el sentido de la desproporción de la prohibición con respecto al daño que genera la substancia, tampoco abundaron en el tipo de políticas que mejor ayudarían  a atenuar el problema.

 

Es por eso que lo que ahora urge es tomarnos el tema con seriedad, con planteamientos puntales y sin  los comentarios de sobre mesa familiar de domingo en la tarde que caracterizan las afirmaciones del gobierno federal en la materia.

 

@vidallerenas 

 



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