Una profunda y extendida impunidad está en el corazón de problemas nacionales como la inseguridad, la violencia, la corrupción o el acceso desigual a la justicia. Una impunidad generalizada que afecta a los sistemas de justicia y seguridad, al igual que la protección de los derechos humanos. Esta ha sido la idea rectora y la motivación del Índice Global de Impunidad.
El año pasado un grupo de investigadores de la UDLAP presentamos los resultados de un estudio que comparaba los grados de impunidad en 59 países del mundo (ver: http://www.udlap.mx/cesij/). De acuerdo con los catorce indicadores que utilizamos para medir estadísticamente el alcance de la impunidad, los resultados ubican a México en el penúltimo lugar, sólo por delante de Filipinas. A lo que cabe añadir un desempeño negativo en prácticamente todas las variables utilizadas en el estudio.
Ante los resultados que encontramos en el IGI 2015, y considerando que esto refleja sólo un dato agregado a nivel nacional, se nos planteó el reto inmediato de medir específicamente la forma en que la impunidad se expresa en los diferentes estados de la República. Este trabajo ha sido presentado recientemente bajo el nombre de IGI-MEX 2016, por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) de la UDLAP y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla.
¿Qué es lo que hemos encontrado en este estudio? En primer lugar, a partir de 18 indicadores utilizados para analizar la estructura y funcionamiento de los sistemas de seguridad y justicia en los estados, así como el porcentaje de delitos que no se denuncian, destaca inmediatamente que los estados tienden a agruparse a poca distancia entre sí, lo que habla de condiciones generales y extendidas de impunidad. Ante la reducida variación en el índice de impunidad para las 32 entidades, el IGI-MEX interpreta los resultados a partir de cuatro niveles de impunidad: Muy Alta, Alta, Media y Baja.
Como puede observarse en el mapa, la impunidad en México tiende a ser muy alta y representa un fenómeno generalizado a nivel local. Encontramos un promedio de impunidad equivalente a 67.42, lo que significa que se ubica en el último tercio de la escala IGI. De las 32 entidades analizadas, hasta 25 casos están concentrados a sólo 10 puntos de distancia del peor evaluado, por lo que la mayoría de los estados del país comparten grados de impunidad y problemas de seguridad y justicia semejantes. A lo cual cabe añadir, que por problemas de consistencia en el reporte de las comisiones estatales de derechos humanos, no fue posible incorporar la dimensión de los derechos humanos al estudio. Es posible pensar que el promedio de impunidad es en realidad más alto si se integran las violaciones a los derechos humanos.
Una segunda conclusión consiste en que, de acuerdo a los resultados promedio del IGI-MEX, la mayoría de los estados tienen a reflejar como principales problemas el desempeño de la estructura del sistema de justicia y el funcionamiento del sistema de seguridad. Este nos parece un dato especialmente relevante. En primer lugar, permite identificar los ámbitos que detonan los altos grados de impunidad en México y las ventanas de oportunidad para el cambio institucional. En segundo lugar, permite entender que detrás de la cifra negra (delitos que no se denuncian) hay también una explicación institucional: el sistema no tiene la capacidad para resolver las pocas denuncias que presentan los ciudadanos y, a su vez, los ciudadanos no denuncian porque saben que las instituciones no funcionan. Un sistema colapsado y lleno de cuellos de botella, a la vez que de oportunidades para la corrupción, difícilmente puede generar confianza en el ciudadano que pretende denunciar un delito
En tercer lugar, podemos observar que la existencia de altos grados de impunidad no se refleja necesariamente en forma de violencia o inseguridad en todos los estados. Es claro que hay casos en los que el horror de la violencia y el crimen se expresan cotidianamente en forma dramática. Sin embargo, lo que nos dicen los datos, es que la mayoría de los estados presentan problemas semejantes en la estructura y funcionamiento de sus sistemas de justicia y seguridad. Esto implica una hipótesis muy preocupante: el diseño ineficiente de los sistemas de seguridad y justicia en los estados en los que no hay una incidencia delictiva tan alta o no se percibe violencia criminal, puede terminar por detonar también estos problemas ante cambios en el contexto o en la definición de políticas. La realidad es que las instituciones de justicia y seguridad son muy vulnerables en prácticamente todas las entidades y que la inseguridad y la violencia pueden estar latentes.
La impunidad es el cáncer latente en las instituciones mexicanas, tanto a nivel federal como estatal. En la discusión sobre la eficiencia de las políticas públicas y la efectividad del cambio legislativo en materia de seguridad, justicia o combate a la corrupción, debe comenzar a integrarse los efectos y alcances de la impunidad como una variable clave. No tiene sentido seguir impulsando reformas institucionales que no alteran un estado de cosas en el cual quienes delinquen o se corrompen saben que difícilmente, muy difícilmente, enfrentarán las consecuencias de sus actos. Si no se ataca la impunidad, lo altos y muy altos niveles de impunidad, tampoco pueden contenerse la violencia, la inseguridad, la corrupción o la violación a los derechos humanos.
La síntesis del IGI-MEX 2016 es sencilla: Es la impunidad.