Los ministros Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza concluyeron su periodo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado 30 de noviembre. Se trata de dos personalidades que, sin duda, realizaron un digno trabajo durante sus dos décadas en el máximo tribunal al resaltar sus posturas en materia de Derechos Humanos y liberalismo, pues garantizaron la autonomía e independencia de este órgano jurídico.
El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Fernando Yunes Márquez, declaró que el martes 8 de diciembre se reunirá dicha instancia para aprobar el dictamen con las dos propuestas y, a más tardar el 10 de diciembre, el pleno de la Cámara de Senadores designará a los dos nuevos ministros de la SCJN.
De no lograr un consenso por dos tercios de los senadores, el presidente Enrique Peña Nieto tendrá que enviar dos nuevas ternas al Senado, de no concretar el requerimiento por segunda ocasión, el Ejecutivo Federal podrá hacer las dos designaciones directamente, derivadas de la segunda terna.
Con el fin de ocupar las dos vacantes, Peña Nieto envió las siguientes propuestas: para ocupar el cargo de Olga Sánchez Cordero están Sara Patricia Orea Ochoa, Doctora en Derecho y Magistrada de la Primera Sala de Justicia para Adolescentes; Norma Lucía Piña Hernández, Doctora en Derecho y Magistrada de Circuito en el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; y Verónica Judith Sánchez Valle, Maestra en Derecho y Magistrada de Circuito del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito.
Los que aspiran a ocupar el cargo de Juan Silva Meza son Álvaro Castro Estrada, Doctor en Derecho y director de Asuntos Jurídicos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad; Alejandro Jaime Gómez Sánchez, licenciado en Derecho y Procurador General de Justicia del Estado de México; y Javier Laynez Potisek, Doctor en Derecho y Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Dichas propuestas se han visto inmersas en críticas y cuestionamientos por parte de representantes de la sociedad civil, académicos, investigadores, juristas y senadores que han manifestado su desaprobación.
También se argumenta que dichos perfiles fueron propuestos para favorecer a quienes defiendan en el Máximo Tribunal la política fiscal y hacendaria. En este sentido, el jurista y académico Elisur Arteaga Nava ha augurado el rechazo de la terna de mujeres para dejar el camino libre a Javier Laynez Potisek.
En días pasados, diversos actores de la sociedad civil y la academia pidieron al Ejecutivo que propusiera ternas “sin cuotas ni cuates”; no obstante, hubo quienes señalaron favoritismo hacia Alejandro Gómez, quien ha sido severamente cuestionado sobre el caso Tlatlaya y durante su comparecencia ante los Senadores responsabilizó al Ejército, encabezado por Salvador Cienfuegos, de haber alterado la escena que dejó un saldo de 22 muertos.
Al parecer, la mayoría de los postulantes carga con una sombra que les impide ser merecedores de tan alto cargo. Verónica Sánchez tiene un expediente negro con la PGR de Arely Gómez, ya que ha sido acusada de mala administración de justicia.
Álvaro Castro se ha negado a que su declaración patrimonial sea pública y ha enfrentado cuestionamientos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el presunto incumplimiento en el caso de la explosión de la mina Pasta de Conchos.
Mientras tanto, Sara Patricia Orea y Norma Lucía Piña, han tenido un desafortunado y errático inicio durante sus comparecencias ante la Comisión de Justicia del Senado al ofrecer respuestas breves y ambiguas, así como con evasiones a los cuestionamientos formulados por los legisladores.
Asimismo, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), de Ricardo Cervantes Vargas, y la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, de Ricardo Ríos Ferrer, piden que los nuevos ministros sean juristas que se hayan caracterizado por su imparcialidad, autonomía de criterio y de actuar, además de manejarse con independencia absoluta del poder, partido u organización, y no ven en las ternas actuales que se cumple con ello.
Sin duda alguna los candidatos tendrán que demostrar con argumentos y hechos que serán dignos miembros a aspirar al Máximo Tribunal, pues en eso radica el bien de los justiciables y la consolidación del Estado de Derecho que tanto necesita nuestro país.