Estos dos temas han acaparado la atención pública en las últimas semanas, en ambos hay sendas responsabilidades del poder legislativo y del poder ejecutivo. Veamos.
Sobre las llamadas narcoseries tanto TV Azteca como Imagen TV las transmitieron antes de sus noticieros estelares, con la entrada de esta última televisora se incentivó la competencia para luchar por las audiencias y vieron en esta estrategia una forma de ganarlas. Estas series se pasan en horarios en los que la niñez y adolescencia están expuestos a la televisión abierta, la diferencia con la TV de paga y de las OTT como Netflix, entre otras, o internet es que en éstas pueden habilitarse los controles parentales para restringir su acceso a los menores de edad, mientras que en la abierta no, por lo que los menores están expuestos a contenidos de violencia que amenazan su desarrollo y contravienen la Ley General para los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y varios artículos de la Ley Federal de Radiodifusión y Telecomunicaciones (LFTR).
El problema central es el horario en que las televisoras transmiten dichas series, porque afectan directamente a la niñez, una parte de la población con mayor vulnerabilidad que requiere de medidas especiales por parte de las agencias estatales para su protección.
Habrá que recordar que en su momento varias instancias alertamos del desacierto que implicaba que en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) se fragmentara la tutela de los derechos de las audiencias entre el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Secretaría de Gobernación (SEGOB). Hoy, están a la luz las consecuencias.
En noviembre del 2015, la SEGOB publicó nuevos lineamientos de clasificación de los horarios de contenidos audiovisuales vulnerando los derechos de la infancia al pasar a la clasificación B programas con escenas de violencia, sexo implícito, consumo de alcohol o tabaco desde la cuatro de la tarde en lugar de que se pasaran después de las ocho de la noche, aún a sabiendas que en los horarios de antes de las ocho de la noche una buena parte de la infancia en México ve la televisión abierta, pues de acuerdo al estudio del IFT de marzo del 2015 reveló que la audiencia infantil mira la TV hasta las diez de la noche.
Sin embargo, pese a las denuncias que en su momento hicieron varias organizaciones y especialistas sobre los lineamientos de la SEGOB, que hasta donde se sabe ni siquiera consultó al IFT al respecto, tanto Lía Limón como Zoé Robledo ambos presidentes de las comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía en diputados y senadores respectivamente, los avalaron[1].
La aprobación de estos legisladores fue en la época en la que aún no entraba a la competencia ImagenTV y los ratings aún no eran tan desfavorables para Televisa. Por eso llama poderosamente la atención que el último día de octubre estos congresistas emitieran un comunicado, ahora sí, “preocupados” por las audiencias infantiles expuestas a las narcoseries y llamen a la SEGOB y al IFT a tomar cartas en el asunto para remover esos contenidos a otros horarios.
¿Por qué cuando tuvieron la oportunidad de legislar en la materia no lo hicieron? ¿nos podría explicar el senador Robledo porqué en la discusión de la LFTR no hizo nada por evitar que la SEGOB siguiera contando con la facultad de vigilar los contenidos audiovisuales? ¿Nos podrían explicar esos legisladores las razones fundadas y motivadas de porqué avalaron los lineamientos de SEGOB en contra de la niñez en diciembre de 2015 y casi un año después los denostan? Ya en la preocupación por las audiencias podrían bien estos presidentes de las comisiones de RTC preguntarle formalmente porque a más de un año de la consulta pública respectiva el IFT aún no emite los Lineamientos Generales de Derechos de las Audiencias, como también legislar en la materia para componer el entuerto de que la SEGOB siga teniendo injerencia en la regulación de contenidos, pues históricamente ha sido omisa frente a los derechos de las audiencias, especialmente de la niñez.
El pasado 2 de noviembre la periodista Miriam Posada público que fuentes de Televisión Azteca aseguraron que Televisa ha iniciado una campaña de presión para que la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía de SEGOB, encabezada por Andrés Chao, prohíba la transmisión de las narcoseries, con la intención de que Televisa detenga el desplome de su audiencia[2]. Esperemos que estos legisladores estén haciendo sus reclamos por una genuina preocupación por la niñez de este país y no por otros motivos.
Red Compartida
El viernes 4 de noviembre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), anunció que el consorcio formado por Rivada Networks y Spectrum Fortier quedó fuera del proceso de licitación por no cumplir cabalmente con la garantía de seriedad por mil millones de pesos, por lo que sólo quedo en la recta final el consorcio Altán, en el que participan las empresas mexicanas Axtel y Megacable.
Declan Ganley, presidente ejecutivo de Rivada Networks, emitió mensajes a través de Twitter acusando a la SCT de haber privilegiado indebidamente a su competidor, puesto que habían cumplido con todos los requisitos establecidos en la licitación, aunque lo cierto es que la empresa no entregó en tiempo y forma la garantía de seriedad.
Este conflicto puede poner en vilo al proyecto más importante de este gobierno federal en materia de banda ancha y conectividad, que requiere de una inversión de 7 mil 500 millones de dólares en una de las bandas más preciadas para el servicio de banda ancha móvil, la banda del 700 Mhz, pues Ganley ya anunció que impugnarán la decisión ante tribunales con lo cual se retrasaría más este proyecto, que de suyo ya tiene un retraso de dos años y que debería de conectar a por lo menos el 70 por ciento de los hogares en México. Aunque la impugnación legal puede no proceder por la nueva Ley de Amparo, este es un nuevo episodio más del conflictivo camino que ha tenido la creación de la Red Compartida y es grave porque pone en riesgo su viabilidad. Por lo pronto la SCT anunció que el proceso continuará y darán el fallo el 17 de noviembre para determinar si Altán desplegará la red.
Revés a Aristegui
El día de ayer el empresario Joaquín Vargas emitió desplegados en periódicos para dar a conocer que ganó el litigio contra la periodista Carmen Aristegui por el prólogo del libro sobre la casa blanca, la acusa de haber mentido y dañado su honor, pero el triunfo de Vargas aún tiene que esperar pues es posible recurrir esta decisión por parte de la periodista ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esperemos que esta instancia finalmente se decida a atraer el caso para ir al fondo del asunto. Lamentable me parece la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, lo comentaremos en mi próxima colaboración.
[1] Notas periodísticas: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/25211-2015-12-02-22-52-08.html y http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/12/02/debaten-en-el-senado-sobre-nuevas-normas-de-programacion-infantil-7563.html
[2]Nota en: http://www.jornada.unam.mx/2016/11/02/economia/025n4eco