Ninguna de las reformas estructurales promovidas por Enrique Peña Nieto y el llamado Pacto por México ha generado crecimiento económico y armonía social, lo único que han propiciado, más allá de la propaganda multimillonaria que se ha empleado de parte del gobierno en promoverlas e imponerlas, es irritación y polarización social.
La entrega del petróleo a manos privadas extranjeras que se vendió como la panacea para atraer inversiones y desarrollo, en los hechos se ha traducido únicamente en el aumento del precio de la gasolina, el gas y la electricidad; la inseguridad lejos de disminuir ha venido al alza (lo mismo homicidios que extorsiones, robo a negocios y casas) generando desánimo social y una notoria pérdida de credibilidad en las instituciones, como garantes de la protección a la población.
Frente a este escenario, y ante la creciente impopularidad presidencial y del PRI, la apuesta de la nomenclatura peñista es sostener a como de lugar su hegemonía en lo que consideran su reducto y feudo: el Estado de México.
Para lograr el triunfo en territorio mexiquense, "haiga sido como haiga sido", diría Calderón, han echado a andar su estructura clientelar y el manejo discrecional y corrupto del presupuesto federal y local; han demostrado, asimismo, al frenar temporalmente el aumento de las gasolinas, que el incremento de enero del 20 por ciento al precio de los combustibles fue una decisión total y absolutamente del Presidente de la República, y que ahora con la misma discrecionalidad lo detienen para no desgastar más al PRI.
Con todo y la campaña corrupta del PRI en el Estado de México, según la encuesta de Reforma de esta semana, que hay que tomar con cautela vistos los resultados de diferentes elecciones nacionales e internacionales con relación a estudios demoscópicos, el 79 por ciento de la población opina que se debe cambiar el partido en el gobierno y el 80 por ciento desaprueba el trabajo de Enrique Peña Nieto en el propio estado donde fue Gobernador.
Estas tendencias indican que si un partido opositor logra capitalizar el descontento hacia el PRI y Peña Nieto, con todo y los recursos multimillonarios que utilizarán en la elección les será muy difícil sostener un gobierno tricolor.
En ese clima electoral y ante el desgaste de Peña Nieto y el PRI, el gobierno federal y sus aliados del PAN le apuestan a reeditar la guerra sucia del 2006 para descarrilar la posibilidad de una alternancia presidencial hacia la izquierda.
Al margen de las posibles alianzas que se puedan construir entre las fuerzas progresistas, o el hecho de que cada quien compita por su lado en el 2018, lo que queda de manifiesto con los nuevos ataques que se han emprendido en contra Andrés Manuel López Obrador es que la derecha no está dispuesta a que la elección presidencial de 2018 sea una elección libre, sino que para seguir detentando el poder están dispuestos a todo.
En esa guerra sucia se ha utilizado el tema de Ayotzinapa para pretender dolosamente afectar a López Obrador. Más allá de si la manera como respondió AMLO al reclamo del padre de uno de los normalistas fue adecuada o no, lo cierto es que la responsabilidad en la falta de esclarecimiento del caso y la impunidad que prevalece sobre el tema es del gobierno de Peña Nieto.
Con el cambio en la PGR y la salida del Subprocurador de Derechos Humanos, Eber Betanzos, el gobierno federal retomó la versión insostenible y desacreditada por el GIEI de la incineración de los jóvenes normalistas en el basurero de Cocula, la llamada "verdad histórica", tan es así que Roberto Campa, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación, resucitó esa desacreditada versión ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, provocando la indignación y el justificado enojo de los familiares de las víctimas.
Nada dijo el enviado de Peña Nieto ante la CIDH en la reunión del Mecanismo de Seguimiento en Washington, sobre la línea de investigación de Huitzuco, ni la del trasiego de la amapola en Iguala y la región, nuevamente resucitó el guión de Murillo Karam y le dio validez al montaje y a la manipulación de evidencias del impune Tomás Zerón de Lucio.
La estrategia perversa del PRI - gobierno y aliados de la derecha panista es clara: manipular el tema de Ayotzinapa para generar una embestida de guerra sucia contra AMLO, mientras se atrincheran en la "verdad histórica" del caso Iguala, protegen a Tomás Zerón de Lucio, artífice de la siembra de evidencias, y pretenden diluir las hipótesis que apuntan hacia Huitzuco y el trasiego de amapola protegido a diferentes niveles del poder.
Es claro que en el 2018 se juega mucho más que la renovación del Poder Ejecutivo, del Congreso de la Unión y de diferentes autoridades locales, se juega el modelo de país y la posibilidad de acabar con la aberrante impunidad, por eso el miedo mayúsculo de Peña Nieto y su camarilla, por eso su infame guerra sucia y su afán de sepultar en la impunidad el caso Iguala - Ayotzinapa. La cerrazón oficial de estos últimos 30 meses confirma que sólo se sabrá la verdad de los hechos del 26 de septiembre de 2014 en Iguala cuando termine el periodo de Peña Nieto.