La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) permitió en un polémico debate, que cuatro personas puedan consumir mariguana para uso recreativo.
Cabe dentro de lo polémico, porque el Código Penal Federal señala penas de 10 a 25 años de cárcel, a quien produzca, trafique o recete sin licencia, algún narcótico. Lo aprobado por la SCJN no incluye venta, distribución ni suministro. Sólo el consumo por el cual se ampararon.
Además en el debate sobre su apertura han participado intelectuales, académicos y políticos, quienes han opinado sobre la conveniencia o lo perjudicial de la medida en la sociedad.
El texto del dictamen en la SCJN argumentaba que el consumo lúdico de la droga “debe ser autorizado para respetar el régimen de libertades personales”, de quienes promovieron el amparo de la justicia federal.
Lo cierto es que la apertura del tema ha causado todo un revuelo en la opinión pública, de tal forma, que hay quien considera que se trata de una apertura en la política de drogas del gobierno mexicano, cuando en realidad, está lejos de ser una politica.
La aprobación se encuentra entre las políticas de seguridad y combate a la delincuencia, porque hay voces que expresan su preocupación en este sentido.
Se dice que al liberalizar la venta de mariguana, tendrá un efecto en la economía, de tal forma que su venta al detalle terminaría con los expendios y vendedores clandestinos en calles de distintas localidades. Este burdo modelo de economía de la droga ha observado un retroceso del mercado ilegal de mariguana en Uruguay.
La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) se ha incorporado al debate, para señalar que no es verdad que una eventual legalización total del consumo pueda frenar el narcotráfico a gran escala. El éxito en el ejemplo de Uruguay en contraste con el posicionamiento de la UNPF, dependen de factores políticos, económicos y sociales para su éxito.
Hay quien señala también que su libre comercio podría generar una nueva ventana de oportunidad para la delincuencia, quien encontraría en esta política, la oportunidad para legalizar su venta, con ganancias millonarias.
Un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) refleja que el 60% de los presos en las cárceles mexicanas, tienen sentencias por delitos contra la salud, en su mayoría, con el transporte de droga. Esto arroja como consecuencia que la política de drogas esté enfocada a la detención de traficantes menores y consumidores, lo que implica una carga al deficiente sistema penitenciario mexicano.
Mientras que el debate social y político se ha centrado en la ilegalidad de su consumo, en lo que parece que se ha olvidado de lo dañino que puede resultar el exceso en su consumo, con algunas excepciones.
Hay un caso de excepción, en el que un juez en Monterrey aprobó el uso de la mariguana para combatir el síndrome de lennox-gastaut en una niña de ochos años de nombre Graciela, cuya enfermedad estaba caracterizada por las constantes convulsiones que padecía la menor, hasta 400 crisis en un día. En este caso parece que el éxito consistió en importar un aceite hecho a base de mariguana, que no tiene efectos psicoactivos.
No hay certeza de los efectos económicos generados en torno a su legalización. Lo cierto es que México carece de políticas integrales de primer mundo en políticas sociales o económicas, que le permitan implementar una liberalización y consumo regulado, como en Estados Unidos y Holanda en Europa.
Además de la cantidad en el consumo, se encuentra el impacto que cada organismo resienta por su consumo, que se traduce en efectos psicotrópicos que alteran la psiquis del individuo, causantes de delitos.
El derecho en el consumo que exigieron cuatro personas a la SCJN, ha abierto una gran polémica social y política.