Por décadas se ha gastado el presupuesto de la Ciudad (73% del dinero invertido en infraestructura para ser exactos) y se ha hecho política pública con base en un modelo agotado de movilidad que no integra a todos los sistemas y por ende es inseguro para los usuarios. Nuestra Ciudad, como las demás ciudades del país, le dimos prioridad al auto y así se construyeron las ciudades mexicanas de concreto y vialidades donde el automóvil es la forma de movilidad a la que aspiran las familias citadinas porque el gobierno no procuró otras opciones.
Por ejemplo, para el 2013, el Distrito Federal contaba con una red de vialidades de 10,403 km de longitud, lo cual representa entre el 25% y 30% de todo el territorio de la ciudad. En contraste, la infraestructura vial para el transporte público en la superficie con carriles confinados era de sólo 161 km lineales, se contaban con sólo 121 km de ciclovías y 3.27 km de calles peatonales con accesibilidad universal.
Sin embargo, la CDMX en los últimos años ha apostado por el cambio de paradigma, basado en un nuevo modelo de movilidad que apueste por la inversión en calles para todos, donde se privilegie los desplazamientos de peatones, ciclistas y usuarios de transporte público, y también donde se recupere el espacio público para su seguridad y mejoramiento de la imagen urbana.
Bajo la nueva jerarquía marcada por la Ley de Movilidad, el peatón ocupa el lugar central, seguido por los ciclistas, el transporte público y, finalmente, el auto particular; la Ley no sólo nos habla de quién tiene la preferencia al convivir en la vía pública, sino que fija una nueva lógica de gasto en la calle.
Y si bien es cierto que los usuarios de coches han reclamado gran parte del espacio en calles, muchas veces incentivados por el excesivo gasto en infraestructura para el auto por parte del gobierno, también es cierto que el 70% de los capitalinos que somos usuarios de transporte público y otras formas de movilidad no motorizada reclamamos una mejor infraestructura y mejores reglas de convivencia para una Ciudad que se mueve de forma intermodal desde hace mucho tiempo.
Por ello, el reto de nuestra Ciudad es claro, se requiere un cambio cultural en el gobierno y sus instituciones, donde a través de dependencias especializadas se ejecute política pública especializada, de corto, mediano y largo plazo. Donde la inversión en calles para todos, la integración de los sistemas de movilidad en ellas y la seguridad de todos los usuarios sea prioridad para los gobernantes.
La apuesta de Miguel Ángel Mancera en ello es fundamental, y ha demostrado su compromiso con este cambio de paradigma al crear en el gobierno un espacio dedicado exclusivamente a la profesionalización del gobierno y a la apuesta de darle a los capitalinos calles completas, calles para todos.
Debemos invertir en infraestructura funcional para todos los usuarios de la calle y prestar especial atención en que esta infraestructura vuelva atractivo el uso de modos sustentables de movilidad, como caminar, pedalear o usar el transporte público colectivo, para así desincentivar el uso del coche. Debemos trabajar por la seguridad en las calles para que sean más atractivas a los ciudadanos, y esto se logra a través de un correcto diseño vial que incluya la construcción de calles completas con accesibilidad universal, que integren todos los modos de movilidad, regulación de los límites de velocidad, señalética accesible y correcta semaforización que genere cruces seguros.
El reglamento de tránsito será la primera tarea a cumplir bajo esta nueva visión y en este nuevo encargo. Un reglamento que vigile por la seguridad de todos, y que su cumplimiento garantice la convivencia de todos los sistemas de movilidad en esta nueva ciudad. Y lo haremos de la mano de la sociedad civil, experta y precursora de los cambios. Manos a la obra.