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En defensa de los derechos políticos de las mujeres

Múltiples casos de violencia política están siendo estudiados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

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Desde la presentación del Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres presentado el 14 de marzo de este año, que fue realizado por diversas autoridades con competencia federal y coordinadas para prevenir, atender, erradicar y, en su caso, sancionar los actos de violencia política contra las mujeres, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha recibido diversos juicios en los que, o bien se cita el protocolo, o se denuncian actos de violencia política.

 

En el proceso electoral 2014-2015 conocimos de varios casos de violencia política –mantas, spots, mensajes de campaña- que no fueron denunciados como tales ante las autoridades electorales ya que se carecía de un instrumento, como el Protocolo, que permitiera identificar los casos de violencia política y trazar las rutas de acción de las diversas autoridades en este tema.

 

Las denuncias presentadas sobre actos de violencia política contra las mujeres han ido en aumento, aunque no en todas se ha tenido por acreditada la violencia política. Cada caso plantea un reto distinto y detona diferentes acciones por parte de las autoridades electorales dentro de su ámbito competencial. Suspensión de la transmisión de spots, reinstalación de mujeres en los cargos públicos que ocupaban, denuncias penales, medidas de protección, y vista a diversos poderes, son algunas de las medidas que se han tomado en los casos en los que se ha comprobado la comisión de actos de violencia política contra las mujeres. Múltiples casos están siendo estudiados por el Tribunal en estos momentos.

 

¿Qué acciones deben seguir para atender, prevenir y erradicar la violencia política en contra de las mujeres? La primera, sin duda, es dar a conocer a la ciudadanía, particularmente a las mujeres, las herramientas para identificar qué es la violencia política y cuáles son los mecanismos a su alcance para que las autoridades las protejan, hagan cesar los actos denunciados y restituyan a las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos. Actuar para erradicar.

 

Una segunda parte consiste en que cada una de las entidades federativas cuente con instrumentos propios, con base en la legislación estatal, para combatir la violencia política contra las mujeres y que los partidos políticos lleven a cabo, primero, análisis serios de la situación de las mujeres en sus institutos políticos y que aprueben mecanismos para que las mujeres puedan denunciar prácticas a las que se encuentran sometidas como menor financiamiento que los hombres para sus actividades, menores espacios en radio y televisión, menos espacios en las estructuras internas, limitaciones para ejercer sus cargos, entre otras.

 

La tercera y la más importante consiste en contar con el marco jurídico que tipifique la violencia política contra las mujeres. Diversos esfuerzos han sido abanderados por mujeres de todos los partidos políticos en el Congreso de la Unión, en particular, en el Senado. El último esfuerzo, la iniciativa presentada esta semana con la que se propone reformas a diversas leyes, entre ellas las de carácter electoral, para combatir la violencia política contra las mujeres. La actuación de las autoridades en este tema no puede estar completa si no puede sancionarse administrativa o penalmente la comisión de estos actos y que las sanciones impuestas sirvan para inhibir estas conductas que atentan contra los derechos político-electorales de las mujeres en México. Hago votos porque en el periodo ordinario que inicia en septiembre sea en el que se consiga la aprobación de estas importantes iniciativas en el Congreso de la Unión.

 

@C_Humphrey_J

@OpinionLSR

 

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