Las elecciones de 2015 significaron la puesta en práctica de la reforma electoral de 2014. Dichas elecciones nos brindaron la oportunidad de identificar algunas fortalezas de dicha reforma, pero también algunas de sus debilidades. Un año después, las elecciones del 5 de junio, además de ser relevantes para los contendientes políticos, también lo son para quienes apuestan por sostener y consolidar el modelo actual de las elecciones y para quienes avizoran, desde ahora, la urgencia de cambiarlas.
Desde sus inicios, la reforma electoral de 2014 generó fuertes críticas. No obstante, lo cierto es que desde el año pasado dos temas han venido a modificar, en distintos grados, las reglas del juego en el ámbito de la competencia electoral. Tanto el tema de paridad de género como el de candidaturas independientes difícilmente podrán ser excluidas o disminuidas en una eventual reforma electoral.
A diferencia de 2015, cuando el tema de paridad de género en candidaturas a legislaturas y ayuntamientos suscitó importantes controversias entre los partidos políticos y las autoridades electorales acerca del alcance de la reforma, en este año contamos con un marco normativo en materia de género mucho más específico, derivado de las diversas jurisprudencias sobre el tema. Así, este año las candidaturas en 965 ayuntamientos a lo largo del país tuvieron que cumplir con el principio de paridad vertical (las listas de candidatos deben estar formados por ambos géneros de forma alternada) pero también con la paridad horizontal (las listas de candidatos deberán estar encabezadas en la misma proporción por hombres y mujeres). Esto es una buena noticia para la participación política de las mujeres en el ámbito municipal, específicamente, en lo que respecta al cargo de presidentas municipales, esfera donde se observan los menores porcentajes en términos de paridad de género. Si de 2014 a 2015 el número de mujeres como presidentas municipales pasó de 175 a 241, las elecciones del 5 de junio habrán de elevar de manera significativa esta cifra.
Por otro lado, tenemos el tema de candidaturas independientes. En 2015 se registraron 131 candidatos independientes mientras que en este año se registraron 283, 10 de los cuales son candidatos a gobernador (Tamaulipas, Chihuahua, Puebla, Zacatecas, Sinaloa, Tlaxcala, Durango, Aguascalientes y Veracruz). Un caso particular es el de la Ciudad de México, que elegirá a 60 diputados que integrarán la Asamblea constituyente encargada de redactar su Constitución.
No obstante el crecimiento en el número de candidatos independientes en los estados con elecciones este año, además del caso especial del proceso constituyente del todavía Distrito Federal, se puede decir que la figura de candidaturas independientes sigue teniendo un impacto limitado en la competencia electoral. Este dato no es menor si consideramos que estamos en la antesala del 2018, cuando las candidaturas independientes tuvieron su primer prueba de fuego para elegir al titular del poder ejecutivo y, quizá podrían representar una variable disruptiva en el panorama electoral.
En total, poco más de 37 millones de ciudadanas y ciudadanos mexicanos tuvieron la posibilidad de emitir su voto en las 68 mil que se instalaron el 5 de junio. Sin duda, los resultados de estas elecciones son importantes no solamente para conocer las preferencias electorales de la ciudadanía, sino también, para ir prefigurando los elementos de una próxima reforma electoral.