Las elecciones del próximo 4 de junio son, con mucho, el evento político nacional más relevante del primer semestre del año, no sólo por el futuro de cada entidad en campaña sino por su enorme significado para el 2018 y el futuro del país.

 

En medio de tantos acontecimientos locales e internacionales es muy fácil perder el foco y la perspectiva de lo que se juega en estos procesos electorales para la supervivencia o el cambio del sistema político mexicano, en especial en el Estado de México con más de 11 millones de electores y políticamente el más representativo de los que están en la contienda por ser el estado del presidente Peña Nieto y la cuna del legendario grupo Atlacomulco, considerado por muchos uno de los últimos bastiones del sistema político vigente. 

 

La campaña en este estado será reveladora del clima y escenario electoral del próximo año. No implica que quien gane la gubernatura mexiquense automáticamente gane las elecciones presidenciales. Lo cierto es que nunca como ahora los resultados impulsarán o frenarán a las fuerzas más competitivas que, a juzgar por los sondeos publicados, serán el Partido Acción Nacional y Morena con tendencia al alza y con tendencia decreciente el PRI, al que muchos ya dan por descontado. Cuentas alegres anticipan el triunfo de Morena como si las encuestas fueran predictivas – ilusión y cálculo que ya ha fallado en distintos procesos alrededor del mundo – e incluso se ha activado la cargada de oportunistas que buscan ganar a cualquier precio y por cualquier medio. 

 

A poco más de un año de los comicios federales para elegir presidente, Congreso federal y una decena de gobernadores más vale serenarse en medio de tantas vicisitudes políticas. En realidad, si algo es consistente es la incertidumbre con signos de tensión que van más allá de la duda natural sobre los resultados finales ya que es preocupante el efecto de irritación social y polarización que se advierte en diversos sectores de la sociedad de los que se alimentan los anti-sistema así como las propuestas populistas y autoritarias.

 

En Coahuila, Nayarit y Veracruz también soplan vientos fuertes, sobre todo por la intensidad de las campañas frente al hartazgo de la población ante la falta de oportunidades, la corrupción y los privilegios indebidos de la clase política, la inseguridad y la violencia.

 

En Coahuila, el clan de los Moreira – actualmente en transformación y reacomodos cosméticos – busca perpetuarse en el poder y seguir disfrutando de los privilegios de este estado lastimosamente endeudado por generaciones. Las encuestas revelan una contienda cerrada entre el PRI y el PAN con un candidato joven y echado para adelante como lo es Guillermo Anaya. Además, se disputan ayuntamientos con figuras emblemáticas para el panismo como Jorge Zermeño en Torreón, municipio que ya bien gobernó en el pasado. 

 

En Nayarit avanza la alianza “Juntos por ti” encabezada por el joven empresario Toño Echevarría. A diferencia de otros estados, aquí fue posible concretar una alianza amplia con el PRD y fuerzas locales y la posición en las encuestas es de clara ventaja, lo que hace razonable pensar en un triunfo sólido construido entre las dirigencias nacional y local de las distintas fuerzas aliadas. Si a esto agregamos el escándalo del ex-fiscal Edgar Veytia, presuntamente vinculado al crimen organizado de acuerdo a indagatorias y el proceso en curso de autoridades norteamericanas en Nueva York, la pérdida de confianza y la demanda de un cambio es abrumadora.

 

Veracruz es un hervidero luego de la polémica captura del ex gobernador Javier Duarte, lo que ha despertado sospechas sobre el sesgo y aprovechamiento electoral luego de seis meses de haberse hecho ojo de hormiga. Lo cierto es que la cercanía y pujanza de las campañas municipales anticipan una lucha muy cerrada en las distintas regiones del estado y se espera que los resultados confirmen la tendencia de cambio que ya ha iniciado luego de más de ocho décadas sin alternancia.

 

A tres semanas de campaña se han multiplicado las denuncias del PAN y del PRD en contra el PRI por eluso indebido de recursos públicos para la compra y cooptación de electores a través la solicitud de la credencial de elector, en especial en el Estado de México. En la entidad mexiquense los secretarios de estado del gobierno federal tienen agenda permanente para entregar programas sociales y beneficios que el candidato del PRI ha dicho que defenderá como derecho de la población, con lo que confunde y pretende engañar con la verdad ya que, si bien se tiene derecho a recibirlos, no significa que se pueda hacer con fines electorales a favor del PRI y generando un clima de violencia que ya ha marcado el proceso. Recientemente se concretó la sexagésima visita del presidente Enrique Peña a su entidad natal, lo que de suyo generó un buen número de cuestionamientos.

 

Ante las señales de intervención de las autoridades locales y federales, no ha faltado la denuncia política sobre la amenaza de una elección de estado – lo que implica mucho más que la entrega de dádivas y beneficios para condicionar el voto – que no es otra cosa que la operación de todos los recursos públicos disponibles, sin restricción ni medida alguna, para inducir y asegurar un resultado a modo bajo el argumento de la razón de estado. Si se piensa y comprueba que tales medidas pueden prosperar es señal inequívoca de lo mucho que nos hace falta para consolidar nuestra democracia y para terminar de blindar los procesos con la intervención de instituciones sólidas y con credibilidad a prueba del partido en turno. 

 

@OpinionLSR

@MarcoAdame 


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