Qué fácil es cuestionar a los maestros si no se conoce su trabajo. Apenas este viernes el gobierno federal en un intento oportunista suspendió, que no canceló, la evaluación educativa como una estrategia electoral y con ese pretexto diversos sectores de la iniciativa privada atacaron con todo al magisterio, como si fueran ellos los responsables del estado en que se encuentra la educación en México.
Es evidente que esa “suspensión indefinida” de la evaluación educativa tiene un fin político, lo que la hace deleznable. Saben que esta medida es rechazada por el magisterio no porque se opongan a ser evaluados sino porque el objetivo es pisotear sus derechos laborales. Pretenden con ello calmar la inconformidad magisterial, pero no lo lograran.
La suspensión es un simple aviso en medios de comunicación sin consecuencias legales, porque los Lineamientos para llevar a cabo la evaluación del desempeño quienes tienen funciones de docencia, dirección y supervisión en educación básica y media superior,LINEE-05-2015, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 2015 y aprobados por la Junta de Gobierno del Instituto de Evaluación para Evaluación de la Educación no han sido cancelados y siguen vigentes.
Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas para el gobierno federal; el juez Séptimo de Distrito en materia federal con sede en la ciudad de Morelia, Michoacán ordenó la suspensión definitiva, con motivo del amparo presentado por diversos maestros, contra esa medida con el fin de no ser “obligados a presentar la evaluación contemplada en los lineamientos que reclaman”, y “casualmente” el gobierno federal anunció al día siguiente de la decisión judicial, la suspensión de manera indefinida de la aplicación de dicho examen a los docentes de nuestro país, bajo el argumento de tener nuevos elementos a considerar en el proceso de evaluación.
A pesar de ello dicen los agoreros gubernamentales que la evaluación educativa ha sido uno de los logros más importantes de este gobierno, pero esa afirmación es una falsedad porque ha sido la mayor regresión educativa en más de 100 años de nuestra historia.
Sin más, con la reforma constitucional han hecho a un lado las responsabilidades educativas del Estado en materia de gratuidad. Los padres de familia soportan ahora cuotas obligatorias para sostener los gastos básicos en el sistema escolar. Aportan no solo recursos económicos sino incluso trabajo personal para reparar, mantener y limpiar los centros escolares.
Los padres tienen la amenaza constante de que sus hijos serán excluidos si no hacen las aportaciones correspondientes en dinero y en especie. El sistema educativo ha sufrido una de las peores regresiones al alejarse la responsabilidad estatal con motivo de la reforma educativa.
Lo que no se dice es que la “evaluación educativa” se limita a un examen de un mismo tipo para todo el magisterio ajeno a las especialidades de cada uno de ellos. No hay capacitación previa constante, ni la entrega de material idóneo ni con la debida oportunidad, no existe tampoco un organismo imparcial ante una evaluación que se considere injustificada. No hay un protocolo que proteja los derechos del maestro en este proceso. Son los operadores gubernamentales, preparados al vapor, los que pretenden imponerlo, desde una visión de escritorio ajena a la realidad, sin considerar la situación que se vive en cada aula del campo, de sectores marginados que son la mayoría y son quienes sufren graves problemas económicos.
Los y las maestras no sólo se enfrentan a la precariedad de los centros escolares sino a la carencia de personal e instalaciones dignas y suficientes. Muchos de ellos tienen que dar varias materias a la vez o incluso en un mismo salón tienen que atender a menores de distintos grados escolares. ¿Esa es la evaluación educativa que defiende el gobierno federal?
La evaluación impositiva del Estado no considera el esfuerzo diario de los maestros con sus alumnos, los métodos que a diario tienen que desarrollar para enseñar, motivar, para incentivar el aprendizaje, para mejorar las actitudes y aptitudes de sus educandos. De eso no se puede dar constancia escrita porque el proceso de enseñanza aprendizaje es más complejo y eso los burócratas gubernamentales no lo entienden.
¿Cómo se puede medir la capacidad de un profesor con un simple examen que ni siquiera está relacionado con la o las materias que día a día tienen que enseñar en las aulas escolares?
¿Quiénes son esos “sabios” que han diseñado exámenes sin compartir las experiencias con el magisterio de la realidad que enfrentan en materia de educación?
¿Por qué no se realizan jornadas de capacitación en la que participen los maestros más adelantados, con mayor experiencia y que día a día saben de las carencias para insertarlos en una reforma educativa integral que busque la mejora de la niñez?
Es una lástima que al frente de este proyecto esté un secretario de educación pública como Emilio Chuayffet que no tiene idea del diálogo ni de la búsqueda de alternativas colectivas para mejorar la educación. Para un funcionario como él, con falta de visión, está convencido de que es con el autoritarismo y leyes huecas como se puede imponer un nuevo y mejor modelo educativo.
Pero que equivocado está este funcionario porque el arte de gobernar no se puede basar en acciones punitivas sino en armar y estructurar mejores condiciones para la impartición educativa. Pero se requiere de una amplia participación de la sociedad.
Pero eso no lo entienden los funcionarios de este régimen, porque trabajan para un gobierno pequeño y entreguista.
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