El jueves de la semana pasada, un juzgado federal absolvió a la policía del Distrito de Columbia (en la ciudad de Washington) de un tiroteo fatal, ejercido por un miembro de la agrupación en 2011. El oficial Chad Leo, disparó el 26 de abril de 2011 en contra de Ralphael Briscoe (de 18 años), porque pensó que iba a sacar una pistola en un persecución. Por si el dato aporta ciertos elementos a la discusión, Briscoe, de origen afroamericano, no es el único, ni el primer, ni el último precedente de un caso similar. Al menos en los Estados Unidos hay otros tantos que podríamos mencionar para entender que algo está sucediendo en este sentido.
Durante la semana pasada, los noticieros en México (y varios en los Estados Unidos) refirieron un hecho sucedido en las cercanías de la ciudad de Seattle, en la ciudad de Pasco. En dichos sucesos, la policía del lugar disparó mortalmente contra un mexicano de nombre Antonio Zambrano-Montes que estaba arrojando piedras a los automóviles. Sin lugar a dudas es un hecho indignante que, por aventar rocas, una persona sea ultimada a tiros por la policía. Además, el suceso cobró relevancia porque una persona filmó el momento en que la policía lo mata. El video se volvió viral y varios medios lo retomaron, porque es un caso más sobre el uso excesivo de la fuerza. El Consulado de México en Seattle solicitó que se explique con detenimiento cuáles serán las medidas disciplinarias que se impondrán a los policías ante tal suceso.
Pero la pregunta de fondo es si realmente habrá medidas de castigo para los policías que actuaron de esta manera. Para ello habrá que remitirnos a los casos de los cuales tenemos un precedente inmediato, porque hay que hacer un análisis claro y objetivo y esperar cuáles serán de manera realista las consecuencias de lo anterior. Creo que de manera negativa, este tipo de acontecimientos han quedado sin castigo. El caso narrado al inicio de esta colaboración (Briscoe) es una muestra de cómo es tan complejo que algún jurado condene a los autores materiales del hecho, o bien, que la corporación policiaca tenga responsabilidad sobre los mismos. Más allá de un asunto de uso de la fuerza, se han enfocado en volverlo un tema de discriminación racial.
Los casos de este tipo los podemos encontrar en diversos lados: Allí está lo sucedido hace meses en Florida, donde un “guardia” disparó contra un joven afroamericano porque “temía por su vida y creyó que dispararía en su contra” y no fue así; pero de todos modos lo mató. O está el caso de Ferguson, cerca de la ciudad de San Luis, donde un policía también disparó contra un joven afroamericano. O peor aún, el caso de un policía neoyorquino que asfixió a una persona (del mismo origen afroamericano) hasta matarlo, y nadie hizo nada contra el policía, a pesar que esta documentado en un video.
A todos estos casos anteriores se suma ahora el suceso ocurrido contra Montes-Zambrano cerca de la ciudad de Seattle. Me parece correcto y necesario que las autoridades de México reclamen sobre ello y exijan que se explique cuáles serán las medidas disciplinarias que se impondrán contra los policías. Aunque se debe reconocer que resulta desalentador que en casos similares anteriores y precedentes, poco se ha podido hacer al respecto. Sin embargo, en otras ocasiones, cuando se ha demandado a las corporaciones policiacas por el uso excesivo de la fuerza, en ciertos casos la autoridad judicial ha concedido la razón a los familiares de las víctimas y han tenido que reparar el daño, pagando cantidades de hasta $500,000 dólares como indemnización. Aunque esto no le devolverá la vida a quienes murieron a manos de los policías, es un símbolo sobre lo que eso significa en cuanto a la restitución del daño.
Pero más allá de todo, lo que debe volver a discutirse de manera general es el protocolo para usar la fuerza de parte de las corporaciones de seguridad y del orden en Estados Unidos (y quizá en México, si eso sirve de algo). Los policías no deberían disparar a muerte a todo aquel que amenaza simplemente. No tiene fundamento. Y si hablamos de ello, entonces también tendría que hablarse un poco más sobre la portación de armas en el país, porque es evidente que ante la duda sobre si una persona pueda estar armada, los policías han optado por tirar a matar. Ni una cosa, ni la otra están bien.
Presiento que las dos caras de la misma moneda se ponen en evidencia, aderezadas con tintes de discriminación. Sin embargo, resulta difícil probar lo anterior ante un juzgado. En cualquier caso la acción es condenable absolutamente; pero resulta más preocupante que en lugar que estos casos disminuyan, parecen aumentar. La necesidad de visitar de nueva cuenta el tema se hace evidente. Ojalá que así lo vieran los congresistas desde el Capitolio.