Nuestra Constitución Política de 1917 cumple 100 años y con ello, un pilar fundamentar de su estructura ha sido y es, nuestro sistema político electoral que a lo largo de todos estos años se ha ido solidificando en nuestra democracia. Al menos, se han estructurado 16 grandes cambios a nuestro sistema electoral, empezando justamente en 1917, donde se instituye a la Junta Empadronadora, las Juntas Computadoras Locales y a los Colegios Electorales, como los organismos encargados de organizar y calificar los procesos para elegir al Presidente de la República y a los miembros del Congreso de la Unión.
Para 1946 el Presidente Manuel Ávila Camacho promulga la Ley Federal Electoral y crea la Comisión Federal Electoral; en 1951 el Congreso de la Unión aprueba reformar dicha legislación electoral para que la Comisión Federal de Vigilancia Electoral arbitrara el registro de nuevos partidos y tuviera la facultad de emitir las respectivas constancias de mayoría. En 1973, el Congreso de la Unión crea la Comisión Federal Electoral en donde los representantes de los partidos políticos participan por primera vez, con voz y voto.
Pero es a partir de 1977 cuando nuestro sistema político electoral toma una estructura más robusta y logra cierta consolidación ante los actores políticos de ese año. Con la expedición de la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE), en donde, entre otros puntos, aumentó de 300 a 400 el número de integrantes de la Cámara de Diputados, dando el paso a 100 escaños de representación proporcional, a la par de que se reconoció a los partidos como entidades de interés público. Los partidos reciben financiamiento público y obtuvieron tiempos permanentes en radio y televisión, así como podían presentar recursos de inconformidad.
En 1986 se da paso al Código Federal Electoral, de donde destaca el aumento de 100 a 200 el número de diputados plurinominales, se creó el Tribunal de lo Contencioso Electoral, así como se establecieron nuevos derechos y obligaciones para los partidos políticos; se establecieron fórmulas para el financiamiento de los paridos y se determinaron espacios para dichas instancias en los medios masivos de comunicación.
En 1989-1990, luego del convulsionado proceso electoral federal de 1988, se replantea nuestro sistema político electoral, creándose una nueva legislación electoral federal, en donde aparece el Instituto Federal Electoral como órgano público y autónomo, se crea el Tribunal Federal Electoral como órgano jurisdiccional; se abre el espacio para integrar un nuevo padrón electoral, y consecuentemente, una lista nominal con la entrada de un nuevo modelo de credencial para votar, con diversos mecanismos de protección en dicha credencial. Se establecieron cuatro tipos de financiamiento para los partidos políticos, aumentó el tiempo oficial para los partidos y se especificaron diversas reglas para la instalación de las casillas electorales, destacando que las mismas fueran instaladas en lugares de fácil y libre acceso, que el domicilio no debía corresponder a casas de servidores públicos, ni candidatos, establecimientos fabriles, templos, locales de partidos, de cantinas, dándose preferencia a espacios como escuelas y oficinas públicas.
Para 1993 se le otorga al Tribunal Electoral Federal el reconocimiento de constituirse como la máxima autoridad en la materia jurisdiccional electoral, se establece que los partidos podían contratar tiempos en radio y televisión, así como la posibilidad de unirse con otras fuerzas políticas para todas las elecciones; el IFE adquiere nuevas facultades, entre las que destaca la de regular la publicación de encuestas y sondeos de opinión; se determinó la obligación para que los partidos entregaran informes de ingresos y gastos, entre varios puntos más.
Para 1994 la legislación electoral consideró que la propaganda oficial fuera suspendida 20 días antes de la elección; se estableció un procedimiento especial de auditoría al padrón electoral, se permitió observadores electorales y visitantes extranjeros y el IFE fue integrado por primera vez por consejeros ciudadanos. Para 1996, el Tribunal Electoral se incorporó al Poder Judicial de la Federación, los partidos tuvieron acceso permanente a medios de comunicación; se incorporaron nuevos requisitos para obtener el registro como partido político; se establecieron nuevas reglas para las coaliciones, entre otras.
Para el año 2002 se estableció que los partidos políticos estaban obligados a promover la igualdad de oportunidades y la equidad entre hombres y mujeres a través de la postulación a cargos de elección popular en el Congreso de la Unión. En 2003 cambiaron los requisitos para formar un partido político, destacando que una Agrupación Política Nacional podía solicitar registro como partido cumpliendo diversas disposiciones de ley.
La reforma de 2005 reguló el voto de los mexicanos residentes en el extranjero, lo que permitió que en el proceso electoral de 2006, los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero pudieran votar, por primera vez, por Presidente de la República. A la par, la legislación prohibió la realización de campañas electorales en el extranjero.
La reforma de 2007-2008 tuvo pasos importantes también en nuestro sistema político electoral, destacando el establecimiento de nuevas reglas para el financiamiento de los partidos. El IFE se instituyó como la autoridad única en la administración de los tiempos en radio y televisión; re regularon las precampañas y campañas; los partidos adquirieron nuevas obligaciones, como la de incluir, al menos, un 40% de sus candidatos registrados para diputados y senadores, de un mismo género. Se establecieron reglas para las coaliciones. Se insertó en la legislación la posibilidad para el recuento total de casillas en un distrito electoral, y se le otorgaron nuevas facultades al Tribunal Electoral.
Para 2012, la legislación electoral amplió el derecho a ser votado a todos aquellos ciudadanos que, de manera independiente, solicitaran su registro ante la autoridad electoral, y se regularon las consultas populares e iniciativas ciudadanas de ley.
Finalmente, y derivado de la reforma constitucional en materia político electoral en 2014, a principios de 2015 se instituyeron nuevas reglas en nuestro sistema electoral, destacando la desaparición del IFE y creando el Instituto Nacional Electoral con más de 70 nuevas facultades en comparación con su antecesor, destacando la responsabilidad para emitir reglas en materia de resultados electorales preliminares, encuestas o sondeos de opinión, observación electoral, conteos rápidos y la producción de materiales electorales tanto para procesos electorales federales como locales. Se estableció la posibilidad de que el INE organizara los comicios locales y es el encargado del nombramiento de los consejeros electorales de los Institutos Electorales de los Estados y de la Ciudad de México, antes a cargo de los Congresos Locales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. El INE adquirió la facultad de llevar a cabo la fiscalización así como la capacitación de funcionarios de las casillas.
En esta nueva legislación, se estableció el derecho de los candidatos independientes para acceder a tiempos en radio y televisión, se determinó un nuevo porcentaje de la votación para conservar su registro (3%); surge la posibilidad de crear coaliciones flexibles; aumenta el control sobre el gasto de los partidos políticos. Se establece la posibilidad de reelección inmediata y se determina, un derecho muy anhelado, la paridad de género. En términos de justicia electoral destaca que el Tribunal Electoral adquirió la responsabilidad de resolver quejas o denuncias en materia de radio y televisión, propaganda electoral y actos anticipados de precampaña o campaña; se estableció un nuevo sistema de nulidades para elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes que incluyen: exceder topes de gastos de campaña en un 5% del monto total autorizado, la compra de cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, entre otros.
Como podemos observar ha sido un muy largo trayecto la construcción de nuestro sistema político electoral. No obstante, aún faltarían rubros por fortalecer, entre los que destacaría, entre varios más, los siguientes:
- Delimitar como obligatorio la incorporación de mecanismos electrónicos para recibir la votación de los ciudadanos, tanto para los que residen en la República mexicana, como los que residen en el exterior. Esto generaría un ahorro importante de recursos en un mediano plazo.
- Cambiar el modelo de comunicación política.
- Establecer un esquema más agresivo de nulidades en la elección, como el rebasar el tope de gastos de campaña, sin establecer un porcentaje mínimo como actualmente determina la legislación.
- Fortalecer la vigilancia y el cumplimiento de la paridad de género.
- Revalorar las facultades del INE y de los Institutos Electorales Locales.
- Conformar un proceso profundo de re seccionamiento federal (secciones electorales).
- Dotar al Tribunal Electoral de mayores facultades.
- Establecer un nuevo mecanismo para la designación de consejeros electorales tanto del INE como de los Instituto Electorales Locales, sería conveniente que el mismo estuviera a cargo de las principales instituciones académicas del país.
- Valorar que el cómputo de las elecciones se lleve a cabo terminando la jornada electoral.
- Dotar a las autoridades electorales de mayores facultades para fortalecer la capacitación de los funcionarios de más mesas directivas de casillas.
- Establecer la posibilidad de una segunda vuelta en la elección presidencial.
- Quitar el fuero a los legisladores, entre tantos cambios más que hoy la sociedad exige.
En tanto, parece ser que la elección federal de 2018 se llevará a cabo con las reglas electorales establecidas con la reforma constitucional de 2014, pero estoy seguro que pasando dicho proceso electivo, éstas y otras tantas propuesta volverán a la mesa de la discusión de los señores legisladores; de ser así ahí estaremos discutiendo las mismas e informando del avance de las mismas.