Pocas reformas han causado mayores expectativas que la del famoso Sistema Nacional de Combate a la Corrupción. Se trata de un diseño institucional que fue impulsado por la llamada Red de Rendición de Cuentas, para básicamente mejorar el marco legal y las agencias existentes para tratar de prevenir y castigar mejor los actos de corrupción.

 

El resultado del cambio legislativo fue afortunado, aunque no se logró la promesa de que los funcionarios den a conocer de manera pública sus declaraciones fiscales, patrimonial y de intereses, como sucede en otras democracias. Ahora la Auditoría Superior tiene mayores facultades para fiscalizar a estados, para acompañar las denuncias penales y para coordinarse con otros órganos fiscalizadores. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa se encargará de imponer sanciones administrativas, en lugar de las contralorías internas, que antes sancionaban a sus propios jefes.

 

Existe una fiscalía especial para combatir la corrupción y un mecanismo, con supervención ciudadana, para coordinar las acciones del sistema. Además, se tipificaron nuevos delitos penales para actos de corrupción y tenemos una nueva Ley de Responsabilidades para Servidores públicos. El problema ahora es que falta concretar nombramientos clave y existen dudas serias sobre el compromiso de algunas cabezas del sistema. Sigue pendiente la legislación pertinente en temas como archivos, pero también que la reforma se plasme en la legislación del ámbito local.

 

Las reformas para combatir la corrupción fueron promesas nunca cumplidas por el gobierno de Peña Nieto. En el Pacto, la prioridad fueron las reformas económicas y la energética. Después del escándalo de la Casa Blanca, no tuvo otra que dejar pasar el paquete anti corrupción. La verdad es que el gobierno ha tratado de descafeinar y posponer la entrada en operación del nuevo sistema.

 

El principal intento de captura, fue el pretender que el actual Procurador de la República, quien fuera abogado personal de Peña Nieto, permaneciera como fiscal general por los próximos años, cargo del cual dependerá la fiscalía anti corrupción. El puesto del fiscal anti corrupción está vacío, ya que el Senado ha pospuesto su nombramiento. Se trata de un asunto que todavía no se resuelve.

 

También llama la atención que el presidente del Tribunal Federal de Justica Fiscal y Administrativa, institución clave para que el sistema funcione, esté presidido por un priista de amplia trayectoria partidista. En el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anti Corrupción también está Ximena Puente, la comisionada presidenta del INAI, que ha desempeñado bien su trabajo, pero que será relevada en mayo. Ese es también el caso de Juan Manuel Portal, quien ha salido bien librado como Auditor Superior de la Federación, pero que dejará su cargo este año. Forma también parte del comité Arely Gómez, la Secretaria de la Función Pública, nombrada por el Presidente y senadora del PRI con licencia.

 

Jacqueline Peschard, la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del SNA, justo señaló el fin de semana pasado en el diario Reforma,  que la principal preocupación en el corto plazo es que al Comité Coordinador del SNA le faltan varias piezas, cuando debe de ser instalado el próximo 9 de abril. Sin dicho comité será prácticamente imposible elegir a la persona encargada de la secretaría ejecutiva del Comité Coordinador, la posición más relevante para empujar los trabajos del sistema y vigilar el funcionamiento de cada una de las partes. En la medida de que se retrase la operación del comité,  será cada vez más complicado que las medidas de control se concreten durante la presente administración, lo que daría tiempo a que el gobierno opere bajo los estándares actuales.

 

Si se logra contar con un presidente del INAI, un auditor superior y un fiscal anti corrupción a modo, de poco servirá que el perfil de los miembros del Comité de Participación Ciudadana haya sido, en lo que cabe, adecuado. Si no se designa un secretario técnico de SNA capaz, simplemente de poco habrá servido todo el esfuerzo de reforma institucional desarrollado. Es decir, lo que falta es voluntad para que las instituciones funcionen lo más rápido posible, a cargo de las personas con el perfil adecuado. Los nombramientos de los próximos meses en la fiscalía anti corrupción, el INAI, la ASF y la secretaria técnica del SNA serán fundamentales para el futuro de dicha política.

 

El otro gran riesgo de la reforma, es que no se avance en el ámbito local. La experiencia nos muestra como en las entidades federativas se ha podido simular para evitar avances en temas como trasparencia o el de derechos humanos. Se establecen instituciones supuestamente similares a las federales, pero que están completamente capturadas por los gobiernos estatales. Es el caso de los auditorios superiores a nivel sub nacional.

 

Mientras que la ASF ha mostrado avances notables en la calidad de la auditoría, aunque poca efectividad para castigar a los responsables (veremos qué pasa con las nuevas facultades), en los estados no se audita ni con seriedad, ni con independencia al gasto. Pocas son  las excepciones. En ese sentido, he presentado una propuesta para que, como hacemos en el tema electoral y en el de transparencia, en la elección de los titulares y la composición de los órganos de fiscalización, se garantice independencia y mecanismos ciudadanos de supervisión. También para armonizar, de acuerdo a los mejores estándares, el trabajo de fiscalización y de coordinación con las otras entidades de revisión. Si logramos mejorar la fiscalización superior local, nuestros virreyes locales, que gobiernan los estados, van a tener al menos cierto control que limite casos como los de los Duarte o Borge.

 

@vidallerenas

@OpinionLSR


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