La aprobación del paquete económico que la Cámara de Diputados ejerce de manera exclusiva representa, sin duda, la decisión de política pública más importante de la Legislatura, toda vez que la definición sobre los ingresos y el gasto público del Estado es la manera de concretar la inversión en los proyectos estratégicos y el apoyo al crecimiento y desarrollo de las comunidades conforme a la visión del gobierno y la representatividad de las distintas fuerzas políticas.
Pero sobre todo, es el mejor instrumento para ejercer y alcanzar la justicia social en la medida en que los principios y la orientación de la hacienda pública regulen con justicia y transparencia la capacidad productiva y contributiva de la sociedad y la distribución del gasto ayude a eliminar la miseria a través del combate a la pobreza y la reducción de la desigualdad en un país tremendamente inequitativo como el nuestro.
Fue en 1998 cuando se aprobó el llamado primer presupuesto de oposición, es decir, un paquete económico que incluyó modificaciones sustantivas a la propuesta del Poder Ejecutivo, que era considerada por la fuerza dominante y vertical del régimen como intocable. En aquel entonces un voto hizo la diferencia que inauguró la etapa efectiva de la pluralidad en el Congreso, lo que en términos prácticos significa la capacidad de cambiar criterios de política económica, ramos y fondos del presupuesto de egresos tras la discusión y el debate parlamentario en una Cámara plural con pesos y contrapesos más visibles, más sensibles, en un Congreso más democrático.
Habrá que analizar con base en indicadores y series largas de información socioeconómica si esta manera de resolver el presupuesto durante los últimos quince años ha sido la más eficiente, particularmente en materia de política social y, en especial, en el combate a la pobreza y la desigualdad. A juzgar por los resultados todo apunta a un gasto social poco eficiente y opaco, independientemente que en los últimos diez años los programas sociales hayan sido sometidos a la evaluación de los organismos nacionales e internacionales y que las medidas correctivas ahora reflejen mejores resultados en los indicadores.
Como muestra un botón, tan sólo en lo que va del 2014 los recursos centralizados del ramo veintitrés con siete fondos destinados al desarrollo regional, metropolitano y de infraestructura comunitaria en deporte, cultura y pavimentación por un monto que asciende a $48,197 millones de pesos nada más no avanza; hay sub-ejercicio y múltiples trabas a los municipios que son quienes los tienen que ejercer luego de pasar por las aduanas estatales. A nueve meses del ejercicio todo indica que los noventa días restantes serán insuficientes para transformarlos en obras y servicios y habrá que devolverlos a la tesorería de la Federación.
Y con relación al programa de combate a la pobreza rebautizado como “Prospera” poco se sabe luego del anuncio presidencial y nada sobre las razones del cambio para una política pública que ejercerá poco más de $75,000 millones de pesos. Hoy no se conoce evaluación o consulta alguna a los operadores del programa, a los beneficiarios o a los municipios que representan el territorio y la realidad local donde estos operan. Un cambio abrupto al programa Oportunidades -pese al reconocimiento de su desempeño por agencias intergubernamentales internacionales- para agregar recursos para la productividad, se dijo, pero sin claridad sobre los parámetros que van a garantizar esta nueva meta.
Sobre el programa contra el hambre sólo se conoce un número de beneficiarios sin ninguna consideración a los criterios para definir a los mismos y a los polígonos que justifiquen su aplicación. Con mucho, hay más preguntas que respuestas, situación que alimenta la sospecha sobre usos distintos del gasto social, incluido el electoral, en la víspera de las elecciones del 2015.
Sobre el precio del petróleo en el Presupuesto de Egresos de la Federación estimado en 82 dólares por barril y el volumen de producción, también hay controversia sobre todo porque los excedentes potenciales son objeto de un manejo discrecional que no está exento de usos aviesos si no hay reglas claras de transparencia sobre el destino de los recursos. Además, lo anterior se enmarca en un proyecto con déficit presupuestal del 1% y con un margen de endeudamiento inconveniente en un entorno de poco crecimiento y reformas estructurales en implementación.
Más allá de suspicacias y “sospechosismos” lo importante es lograr la aprobación de un paquete económico con alto sentido social y con absoluta transparencia, que mida su idoneidad no sólo por el aumento en la recaudación con los mismos contribuyentes de siempre y con la muy cuestionada reforma fiscal sino por su capacidad para ampliar la participación justa de los contribuyentes en la economía formal; y por la distribución incluyente y subsidiaria del gasto a los proyectos y sectores con mayor potencial productivo y, al mismo tiempo, que ayude a aliviar solidariamente las demandas de los sectores más desprotegidos.
Para blindar el gasto social del uso electoral en año de elecciones mucho ayudaría en concretar las reformas en materia de transparencia apuntadas en el Pacto por México, específicamente el Órgano Anticorrupción y el Sistema Nacional contra la Corrupción, a fin de poner en marcha controles específicos para los servidores públicos además de las sanciones ejemplares que ya ordena la reforma político electoral para los candidatos a puestos de elección popular.