La administración del presidente Peña Nieto se hartó de mantener a flote al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, quien en las próximas horas –hundido en una seria crisis-  puede entrar a una caída libre que eventualmente lo arroje del poder. Está en juego también el actual control del Partido de la Revolución Democrática sobre la absoluta mayoría de los cargos de elección popular ligados con ese estado.

 

Luego de extenderle por años múltiples apoyos, pese a tratarse de un mandatario enajenado por el alcohol, corrupto, nepotista e incompetente, funcionarios federales consultados por este espacio aseguran que Los Pinos ha emprendido un apresurado deslinde de Aguirre tras confirmar que integrantes de su grupo político –lo que incluye a diversos parientes- tienen nexos directos con las múltiples mafias del narcotráfico que, entre otras atrocidades, ordenaron en días pasados el asesinato de jóvenes normalistas y la inhumación de cadáveres en fosas clandestinas,  en Iguala.

 

Según avancen las indagatorias iniciadas ya por la PGR, esta  tragedia sufrida por estudiantes de la Normal de Ayotizinapa superará en gravedad los hechos de junio de 1995, cuando durante el gobierno del priísta Rubén Figueroa Alcocer, policías estatales emboscaron y asesinaron a campesinos en Aguas Blancas que viajaban en un camión de redilas para asistir a un acto político. En marzo de 1996, nueve meses después de esa masacre y cuando ya se asumía impune, Figueroa debió renunciar al cargo. Al relevo entró uno de sus aliados, Ángel Aguirre Rivero, entonces líder del Congreso local.

 

José Luis Abarca, incondicional de Aguirre, es el ex alcalde de Iguala cuya policía según quedó demostrado ya, está al servicio del cártel denominado “Guerreros Unidos”, una de las muchas denominaciones que ha adoptado el crimen organizado en el estado.  El pasado viernes 26 de septiembre, miembros de esa corporación policiaca municipal balearon un autobús que transportaba a estudiantes de Ayotzinapa, matando a varios de ellos, sin que hasta ahora se sepa el motivo. Muchos jóvenes más –quizá decenas- fueron arrestados en esas horas para después ser entregados a sicarios de los narcotraficantes, quienes han declarado que recibieron la orden de asesinarlos, quemar sus cuerpos y sepultarlos en terrenos ocultos.

 

Los hilos del poder de Aguirre no son sólo locales, antes al contrario. El mandatario de Guerrero, quien militó en el PRI durante décadas, pero que en 2011 llegó al gobierno estatal con el apoyo del PRD, pactó en los años recientes un apoyo de mutuo beneficio con la facción dominante en este último partido, Nueva Izquierda -conocida como “Los Chuchos”-, al que han pertenecido los más recientes presidentes de la organización, incluso el actual, Carlos Navarrete.

 

El referido ex alcalde Abarca, presidentes municipales que acumulan serios señalamientos; encumbrados diputados locales, legisladores federales y otros políticos muy cercanos a Aguirre, son reivindicados por Nueva Izquierda como parte de su corriente y militantes distinguidos del PRD. Varios de ellos son considerados en investigaciones federales protectores de grupos criminales, como los citados “Guerreros Unidos”, “Los Rojos”,  “Los Ardillos” o el CIDA (Cártel Independiente de Acapulco), desprendimientos de lo que fue el cártel de los Beltrán Leyva.  Autoridades en este campo consideran que la multiplicación de estos grupos tiene en la política una de sus principales raíces.

 

En sus últimas declaraciones como dirigente nacional del PRD, la semana pasada, Jesús Zambrano expresó respaldo pleno al gobernador Aguirre y demandó al gobierno federal no debilitar sus ayudas, luego de que el presidente Peña Nieto declarara en tono de extrañamiento, que Aguirre debe esclarecer debidamente el ataque contra los normalistas.

 

El pronunciamiento presidencial mandó una señal de ruptura entre Aguirre Rivero y el equipo de Los Pinos. Hasta entonces el mandatario estatal se había presentado, tanto en público como en privado,  como aliado y protegido del primer círculo de Peña Nieto, destacadamente del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con quien Aguirre trabó una sólida amistad desde el tiempo en que ambos fueron diputados federales en la 59 Legislatura (2003-2006).  

 

Aguirre Rivero ha confirmado ante diversos testigos que cuando el PRD lo postuló para la gubernatura en 2011, y contendió contra el candidato del PRI, Manuel Añorve –aliado político del líder parlamentario Manlio Fabio Beltrones-, Osorio Chong, entonces gobernador de Hidalgo, le canalizó diversos apoyos y habría estimulado a varios gobernadores priístas a respaldarlo igualmente.

 

Desde entonces, el PRD ha tenido a su cargo postular para sus actuales cargos a las principales figuras de la política de Guerrero. Además de Aguirre, le deben el puesto los senadores y diputados federales por mayoría, así como los principales alcaldes, con excepción del de Acapulco, Luis Walton, postulado por otra agrupación de izquierda: Movimiento Ciudadano.

 

El grupo político de Aguirre, apoyado por Nueva Izquierda, dominó a nivel estatal las recientes elecciones perredistas para designar consejos municipales, estatales y nacional, del que el pasado fin de semana surgió Carlos Navarrete como nuevo dirigente. Aguirre Rivero impulsó la planilla “Izquierda Progresista Guerrerense” (IPG), que encabezó su hijo, Ángel Aguirre Herrera.

 

Aguirre Herrera, de 30 años, ha sido ya impulsado por su padre el gobernador como diputado federal y actualmente es diputado local, sin ningún antecedente profesional o político personal que lo justifique. Desde esa posición se le está proyectando para postularlo a la alcaldía de Acapulco, lo que habría sido ya acordado con Nueva Izquierda. El pacto incluiría a un antiguo rival de Aguirre, el senador perredista Armando Ríos Piter, quien por esta vía tendría a cambio el aval del gobernador para buscar la gubernatura en los comicios del próximo año.

 

Esos eran los actores y los balances que regían antes de la masacre contra normalistas de Ayotzinapa. En las próximas horas esta tragedia seguirá sacudiendo al país y a la imagen de México en el mundo.  No está claro aún de qué tamaño serán los costos políticos, quién los deberá pagar y cómo se reflejarán en la urnas en julio del 2015.  Pero es posible que Aguirre no presencie esa fecha desde el palacio de gobierno en Chilpancingo.

 

robertorock@lasillarota.com



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