La estrategia federal para enfrentar la crisis de inseguridad en Michoacán –que arrancó con el nombramiento de Alfredo Castillo como comisionado, el 15 de enero- metió al gobierno de Enrique Peña Nieto en un foso en donde aún no encuentra el fondo. Ahí busca la cura para un enfermo que se halla tan atado a sus males que, como el adicto, sufre, pero no desea ser sanado.
El rompecabezas michoacano ya derrotó a un gobierno, el de Felipe Calderón. Los efectos de su acertijo, mezcla de narcotráfico, base social y cultura criminal, se extienden ahora a por lo menos ocho estados vecinos, donde la inestabilidad que provoca desafía al Estado mismo.
Esta semana vencerá uno de los muchos plazos fijados para empezar a ver la luz al final del túnel. Como los otros, éste tampoco se cumplirá. Personaje sin mayores luces ni solidez jurídica, pero escénico y políticamente ambicioso, el comisionado Castillo despertó expectativas de que a más tardar el próximo día 10 será atemperado el fenómeno de los grupos paramilitares michoacanos, conocidos como “autodefensas”, los que iniciarían un proceso de desarme y desmovilización.
El 14 de abril Castillo festejó la firma de un acuerdo de casi 500 palabras que dispone que las “autodefensas” someterían a revisión sus armas, oportunidad en la que la autoridad determinaría lo conducente en materia de portación y uso “según lo establezcan preceptos legales”. En días recientes, el país ha atestiguado un espectáculo bochornoso: oficiales del Ejército reciben múltiples AK-47, los famosos “cuernos de chivo”; pistolas de altos y sofisticados calibres, escopetas recortadas, metralletas ligeras, rifles de asalto. Revisan todo ello, toman nota… y lo regresan, aun en aquellos múltiples casos en que su uso está vedado a particulares. Con gesto posado y lentes oscuros dignos de una estrella de cine, el comisionado Castillo aparece en prensa y televisión participando del montaje.
José Manuel Mireles, dirigente de una facción de las “autodefensas”, ha desechado públicamente la posibilidad de entregar sus armas, salvo, ha dicho, las “súper-pesadas”, que ha descrito así: “Misiles tierra aire, rifles M-60 y M-70”. Y a estas alturas ya parece una ingenua reiteración preguntar de dónde obtuvieron tales arsenales estos hombres que se dicen campesinos y comerciantes hartos de la inseguridad.
La violencia es hoy protagonizada por la mafia de “Los Templarios”, que es más peligrosa que su antecesora “La Familia”; que a su vez desplazó a Los Zetas; que en su momento dominaron a las gavillas de pistoleros que por décadas protegieron a cultivadores de mariguana y amapola alentados por la orografía y el clima del estado, pero también por las cíclicas oleadas de migrantes que siempre llegaron con dólares, drogas, armas, camionetas de lujo…
Frente a este panorama, existen indicios de que al interior del gobierno federal se multiplican voces de escepticismo, especialmente desde la Secretaría de la Defensa y la Procuraduría General de la República, exasperadas por lo que se considera una reiterada burla al estado de derecho.
En ambas dependencias se acumulan pruebas de ligas entre las “autodefensas” y los cárteles de drogas, lo mismo Nueva Generación, de Jalisco, que Los Zetas y los propios Templarios, a los que estas fuerzas irregulares dicen combatir. En la oficina del procurador federal, Jesús Murillo Karam, descansa una expediente con testimonios de dos jefes de Nueva Generación, Rubén Oseguera y su padre, Rubén Garibay. Ambos declararon haber aportado armas a las “autodefensas”.
Como ocurrió ya antes, la acción federal ha debilitado al cártel más visible, en este caso “Los Templarios”, pero las consecuencias parecen ser más graves de lo que se estimaba. En abono de las autoridades, hay que decir que previeron un escenario desalentador. Pero éste se ha presentado con rango de pesadilla.
Desde enero pasado, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, convocó a una reunión urgente con los gobernadores de Colima, Mario Anguiano Moreno; de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero; de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz; del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas; de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, y de Querétaro, José Eduardo Calzada Rovirosa, para evitar lo que se llamó “efecto cucaracha”. Osorio estuvo acompañado en aquella oportunidad por Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Sedena; Vidal Francisco Soberón Sanz, de la Marina; Jesús Murillo Karam, titular de la PGR, y el director del Cisen, Eugenio Ímaz Gispert.
Las “cucarachas” calculadas por el gobierno se tornaron en amenazas de dimensión dinosáurica, y a las entidades mencionadas hay que sumar Morelos y el Distrito Federal, donde los respectivos mandatarios, Graco Ramírez y Miguel Ángel Mancera, han presentado llamados de alerta cada vez más agudos.
Ejecuciones multiplicadas con el sello del narcotráfico, disputa por territorio, tiroteos entre bandas rivales, nueva oleada de cadáveres decapitados, empresarios extorsionados o asesinados, sociedades aterrorizadas exhiben como en un escaparate sangriento, los “daños colaterales” de una estrategia que corta una cabeza de la que surgen siempre otras, cada una más sedienta de sangre y violencia.
Con todo, eso no parece ser el fenómeno más inquietante ni el que pondrá más a prueba la capacidad de reacción del Estado, entendido como un cuerpo con capacidad de exhibir fuerza, pero también como un conjunto de instituciones de justicia, órganos legislativos, las partes de una República federal y la suma de una sociedad que no acaba de identificar cuál en su papel en esta tarea.
A juzgar por el nivel de alerta que muestran personajes clave en el gobierno Peña Nieto, queda claro que existe ya la convicción de que la mayor amenaza la representa la corrupción que este tipo de mafias ha logrado, esclavizando a las policías municipales y estatales, aterrorizando a los alcaldes, doblegando o comprando a gobernadores, penetrando cuerpos legislativos y sin duda, rozando las estructuras federales de seguridad y aun políticas.
La duda, entonces, puede ya no ser si el país dispone de recursos militares y policiales para enfrentar al crimen, sino si la clase política será capaz de amputar ahí donde el hedor revela que hay segmentos podridos y sin remedio. (robertorock@lasillarota.com)