El Estado de Derecho está sustentado en la necesidad de proteger la libertad, dignidad e integridad de las personas, sin que existan intervenciones arbitrarias por parte de las autoridades. Toda intrusión de un gobernante en la esfera jurídica de una persona está permitida sólo en ciertos casos y siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en la Constitución y las leyes, de manera que quien ejerce el poder sólo puede actuar ante una norma que le autorice.

 

Las personas tenemos un margen de acción mucho más grande que el de las autoridades, y dentro de éste campo podemos ejercer nuestra libertad, respetando en todo momento el marco jurídico. Es así que estamos obligados a cumplir con las reglas, sin importar que no estemos de acuerdo con ellas.

 

Dentro del conjunto de normas que son aplicables para quienes habitan y transitan por la ciudad de México, se encuentra el Reglamento de Tránsito de la CDMX, el cual tiene por objeto regular la circulación de peatones y vehículos en la vía pública y fortalecer la seguridad vial. Tanto peatones, como conductores, pasajeros y propietarios de cualquier tipo de vehículo que circule en el territorio de la CDMX deben cumplir con el contenido de este reglamento.

 

Han sido muchas las suspicacias que ha suscitado la entrada en vigor del nuevo reglamento: Que está hecho para generar más recursos para algunos servidores públicos, que no atiende a la realidad del contexto de la ciudad de México, que es una copia de otras legislaciones, que no hay una correlación entre las exigencias a los conductores con el estado de las calles y avenidas…

 

La reacción social generada por el nuevo Reglamento es un ejemplo de la ausencia de una cultura de legalidad en la que la ciudadanía tenga la certeza de que la ley será aplicada por igual en todos los casos que así lo requieran. Si existe un temor generalizado de que el reglamento genere abusos de parte de las autoridades encargadas de hacer que se cumpla, se debe a que la gente no confía en las instituciones.

 

De acuerdo con el informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México, elaborado por el Instituto Nacional Electoral en el 2014, el nivel nacional de confianza en instituciones políticas y sociales no es mayor del 50 por ciento. El grado de confianza que tienen los servidores públicos y políticos es uno de los más bajos a nivel latinoamericano. Ahora bien, tratándose de policías, el nivel de confianza es todavía mucho menor, pues se trata del 25 por ciento. Además, la mayoría de las personas encuestadas (66%) consideró que la ley se respeta poco o nada.

 

Esta percepción del grado de cumplimiento de la ley en nuestro país, junto con la ausencia de confianza en nuestras autoridades, influye en la manera de percibir la utilidad del Reglamento de Tránsito de la CDMX. El reglamento, como disposición de observancia general y obligatoria, busca la utilización equitativa del espacio público, así como asegurar una sana convivencia entre todas las personas que habitan y transitan por nuestra ciudad.

 

El Reglamento de Tránsito de la CDMX tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de la ciudad, y que los ciudadanos y ciudadanas respetemos las reglas viales. Para lograr una sana cultura vial, es fundamental la participación de todos y todas.

 

Flor de loto: “No me digas cual es el problema, mejor dime cual es la solución”.

 



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