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El problema no es la comunicación

Sobran las declaraciones y los discursos.

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Escrito en OPINIÓN el

Entre los diversos problemas, conflictos y dislates que ha tenido que enfrentar, tres aspectos marcarán con tinta indeleble, irreversiblemente, a la administración Peña Nieto: La corrupción rampante, la violación a los derechos humanos y la incapacidad de definir una estrategia efectiva para enfrentar estos problemas.

 

En otras palabras, lo que ha destruido la capacidad política y la credibilidad del gobierno, nacional e internacionalmente, son tanto la repetición de escándalos concretos de corrupción y violaciones a los derechos humanos, como la falta de criterios y voluntad para enfrentarlos, la estrategia del avestruz por la que abiertamente se ha apostado.

 

La corrupción, que puede tomar forma tanto de conflictos de interés, tráfico de influencias, uso indebido del servicio o recursos públicos; que trasciende ideologías, niveles de gobierno o afinidades partidistas; ha encontrado en este sexenio un campo fértil para extenderse y prosperar impunemente. Marca de la casa.

 

Violaciones a los derechos humanos que toman forma de tortura, desaparición forzada, ejecución extrajudicial o violaciones al debido proceso, asentados como prácticas cotidianas en nuestros sistemas de seguridad y justicia, pero que se niegan y esconden, se rechazan con indignación oficial.

 

De estos problemas el más grave, sin embargo, es el tercero, la actitud timorata, omisa y cómplice, la estrategia política evasiva y obcecada en negar la realidad. Un discurso que minimiza la gravedad de los problemas, que los asume como meros hechos aislados y los enfrenta con declaraciones tan defensivas como vacías de contenido. La lógica perversa de erradicar el mensaje y matar al mensajero.

 

He escuchado en forma cada vez más constante entre diversos analistas, que el problema de la actual administración consiste en la ausencia de una estrategia adecuada de comunicación para transmitir la “narrativa” correcta. Como si acotar la corrupción o proteger los derechos humanos se limitaran a una definición de comunicación social, a emitir declaraciones y spots con mayor oportunidad.

 

El problema de fondo no está en la comunicación oficial, es la definición de la estratega política de gobierno. Discursos no han faltado, tampoco espacios para declaraciones oficiales en medios de comunicación. Sobran declaraciones y discursos, lo que no han pensado es que no es posible convencer con invocaciones a la condición cultural de la corrupción mexicana o descalificando sistemáticamente a quienes señalan la existencia sistemática de violaciones a los derechos humanos. 

 

No se puede comunicar lo que no se tiene o lo que no interesa. ¿De qué otra forma explicar la estrategia legislativa de la alianza PRI-PVEM-PANAL en el debate sobre las leyes secundarias en materia anticorrupción, la apuesta por impulsar dictámenes cosméticos?

 

¿Cómo entender la confrontación absurda con organismos internacionales y el rechazo sistemático a los reportes y recomendaciones sobre la situación de los derechos humanos en México?

 

Incluso la cargada de funcionarios pidiendo disculpas ante un caso de tortura llega a ser sospechosa, cuando se intuye que tiene como objeto enfatizar la supuesta condición excepcional y aislada de las violaciones a los derechos humanos en nuestro país.

 

El punto es que una estrategia de comunicación no puede funcionar si no está respaldada por acciones políticas coherentes, por hechos medibles y verificables. Una estrategia de comunicación efectiva se desprende de definiciones políticas relevantes y no al revés. No se puede poner la carreta por delante de los bueyes y al mismo tiempo esperar llegar muy lejos.

 

No es que las autoridades no entiendan, es que las prioridades son otras. La corrupción y los derechos humanos entran a la agenda como respuesta al escándalo, como un acto defensivo ante la publicación de reportes especializados o la crítica de especialistas y organizaciones sociales, no como resultado de una política orientada a erradicar estos problemas o preocupada en cambiar las cosas. Me parece que en realidad no interesa enfrentar la corrupción o las violaciones a los derechos humanos porque eso supone renunciar a lo que se asume como un valor supremo: El manto protector de la impunidad.

 

@ja_leclercq

@OpinionLSR