La dramática ejecución de Gisela Mota a unas cuantas horas de haber tomado posesión como alcaldesa de Temixco en el estado de Morelos, es una clara muestra de la grave situación que sigue prevaleciendo en el país, por más que en el Gobierno Federal se resistan a reconocerlo e insistan en que se trata de hechos aislados o que se circunscriben a una determinada región.
Es cierto que la inseguridad y la violencia en México, así como los señalamientos de complicidad de políticos y el predominio de la delincuencia organizada en amplias zonas del país se ha venido gestando de tiempo atrás -como olvidar a Toledo Corro en la década de los 80 en Sinaloa, a Mario Villanueva en Quintana Roo o a Raúl Salinas de Gortari- independientemente de ideologías o colores partidarios, pero también lo es que el PRI ha sido incapaz de articular una estrategia que permita poner orden y recuperar la tranquilidad de los mexicanos.
Los violentos acontecimientos en Iguala, Tlatlaya, Tanhuato, Sonoyta, Polixtepec, Chilapa, Apatzingán, Tamazula, Reynosa o Matamoros por citar tan sólo algunos dan cuenta de ello, al igual que el incremento en el número de homicidios dolosos (un promedio de 52 personas son asesinadas con violencia todos los días lo que representa un aumento de 6.6%) así como en los casos de tortura y desapariciones forzadas de acuerdo a informes de organismos internacionales.
Dicen que el pez por su boca muere y esto es justo lo que le está pasando al PRI. Recordemos que durante el sexenio de Felipe Calderón no perdían oportunidad para señalar que estábamos ante un gobierno fallido e incluso Peña Nieto, durante su campaña y ya siendo Presidente electo, no tuvo reparo alguno para descalificar las políticas en materia de seguridad de la administración panista.
Por supuesto pueden argüir que ese era su papel como partido de oposición, pero ello no los exime de haber actuado con gran irresponsabilidad anteponiendo sus intereses electorales por encima del bien general pues no olvidemos que la mayoría de los estados que padecían una severa crisis de inseguridad eran gobernados por este partido, y poco o nada hicieron para depurar sus cuerpos policiales, capacitarlos e investigar los nexos de policías y funcionarios con la delincuencia organizada.
Hoy padecen las consecuencias de su pragmatismo y mezquindad pues no sólo enfrentan una realidad que los ha desbordado -como lo demuestra la exigencia que hiciera el líder de Los Rojos a los recién electos Alcaldes de Morelos para que rechazaran el mando único policial, le permitieran nombrar al jefe de la policía, asignaran la obra pública a sus constructoras y le dieran el 10% del presupuesto municipal como derecho de piso- sino que se empeñan en aplicar la misma fórmula que en el pasado les funcionó y ahora se les revierte, eludir su responsabilidad y trasladarla a los gobiernos estatales y municipales tal y como lo intentaron hacer con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Haciendo a un lado por un momento cualquier preferencia partidista o consideración de carácter político-electoral, el hecho es que los datos duros evidencian una vez más la ineptitud, irresponsabilidad y corrupción que permea en buena parte de la clase gobernante -por ello no debe sorprendernos que ante el hartazgo la ciudadanía opte incluso por personajes tan cuestionables como Cuauhtémoc Blanco-, y también acreditan que el del PRI es un gobierno fallido.