Cuando aún humean los campos de la batalla electoral del 5 de junio en que el PRI sufrió una estrepitosa derrota y sin haber concluido la repartición de culpas y los necesarios balances para la rectificación del rumbo, se dio a conocer la convocatoria para el cambio de dirigencia del partido gobernante. Esto ocurre en medio del descontrol y los apetitos desbordados de una militancia que, desde la presidencia interina hasta los comités seccionales, dio rienda suelta al futurismo generando tensiones, presiones y pretensiones que amenazaban con la ruptura de la tradicional disciplina partidista. De manera que, una convocatoria precipitada y la sorpresiva candidatura única de Enrique Ochoa Reza, fue la respuesta del poder y el marco para la declaratoria que abre formalmente la temporada sucesoria en el PRI y el proceso de facto para la designación del candidato presidencial del Revolucionario Institucional.

 

La designación de Enrique Ochoa ha sido polémica; el albazo de Los Pinos confronta a una militancia lastimada que acababa de expresar a través de Beltrones, uno de sus personeros más representativos, la lista de agravios y errores de sus gobiernos así como los efectos de políticas públicas equivocadas que estuvieron presentes en los electores a la hora de emitir su voto. Por el tono del discurso, el llamado a cuentas fue por traición. 

 

Pero está claro que el PRI no cambia, obedece a su génesis centralista y autoritaria cuando de conservar el poder se trata. La maquinaria ha empezado a rodar pero lo que aún no queda claro es si el nuevo dirigente cumple o no con los requisitos estatutarios, si representa los intereses de la clase política priista que exige cambios de fondo o si podrá contener y encausar los ímpetus y presiones de la militancia; aunque eso parece no importar a quienes han tomado la decisión, acostumbrados a formar decisiones verticales. 

 

La designación de marras es, por la forma, una vuelta al pasado y, por el fondo, una fuga hacia adelante que, todo indica, habrá de concretarse con el ungimiento buscando un alineamiento de fuerzas con sesgo eminentemente electoral que, a juzgar por las resistencias, es de pronóstico reservado.

 

En cuanto a la forma, el PRI opta por un dirigente opuesto a los perfiles tradicionales. Es un tecnócrata joven, con buenas cartas, con un aparente aire de renovación y que intenta empatar cartones con el perfil del dirigente del PAN, Ricardo Anaya; lo cierto es que como dice el refrán “aunque la mona se vista de seda, mona se queda” pues su sorpresiva aspiración está envuelta en las viejas formas del centralismo más rancio y en el más puro estilo del dedazo, del supuesto apoyo de los sectores en medio de la cobertura política y mediática oficial.

 

En cuanto al fondo, la decisión es contradictoria a los señalamientos de las bases pero perfectamente lógica de cara a la sucesión presidencial. Es la respuesta a cualquier intento renovador o de división, y como ha sucedido en otras épocas, es la concentración de todas las decisiones para asegurar que el grupo instalado en Los Pinos sea el único que procese la decisión sobre el candidato presidencial del PRI y su suerte. Así sucedió con las distintas corrientes críticas y renovadoras en el cuarto año de los sexenios de De la Madrid, Salinas y Zedillo, los tres últimos presidentes de la República emanados del PRI antes de la alternancia del 2000.

 

En este contexto, se inscriben las recientes decisiones de acciones de inconstitucionalidad presentadas por la PGR, en contra de los paquetes de impunidad impuestos por los gobernadores de Veracruz y Quintana Roo. Con la llegada del nuevo presidente del PRI, se busca arrebatar las banderas contra la corrupción e impunidad para desmovilizar a la oposición y mandar señales de distancia o hasta de castigo a los gobiernos que han sido severamente cuestionados por la sociedad. Se busca hacer lo que sea necesario para colocarse en condición mínima de competencia para ganar la presidencia en 2018.

 

Aunque “algo huele mal en Dinamarca”, y ciertamente  serían deseables prácticas más democráticas en todos los partidos, no todo es negativo para el escenario que se avecina. Por un lado, la controversia constitucional es una contención a las prácticas de corrupción ante el temor al castigo social y por el otro, deja claro a propios y extraños que el interés dominante del PRI es la conservación del poder a cualquier precio. Lo hemos dicho, el PRI no cambia.

 

Ahora toca a la oposición, en especial al PAN que es la fuerza ganadora del pasado proceso y al cual se le atribuyen méritos para disputar la presidencia de la república, acreditar y ratificar su posición del lado de los ciudadanos y sus demandas. Toca a la sociedad no ceder en su exigencia de mejores gobiernos, de transparencia y combate a la corrupción en el ejercicio público y en las agendas políticas. 

 

Con los triunfos obtenidos, Acción Nacional tiene la oportunidad de demostrar que puede y sabe gobernar, que tiene clara la agenda del bien común y la preminencia del interés nacional  sobre los intereses particulares; que la bandera contra la corrupción y la impunidad va a fondo, que será capaz de definir democráticamente a su candidato presidencial y de concretar propuestas para aliviar el dolor de tantos mexicanos sumidos en la pobreza y la desesperanza; en suma, el PAN tiene la posibilidad de sacar al país de la crisis social, económica y política que nos afecta.

 

Como se puede apreciar, el proceso sucesorio está en marcha y las tensiones arrecian en los ámbitos políticos. Es preciso exigir que el curso sea de cara a los ciudadanos que, como se ha visto, no están dispuestos a permitir que el futuro se construya sin ellos. 

 

@MarcoAdame 

@OpinionLSR



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