Hace algunos días, el Dr. José Woldenberg comentaba en un artículo del periódico Reforma,[1] que en su opinión era probable que después del 2018 se produjera una importante fragmentación de la representación política.

 

Esa suposición se basa en lo que parece ser el tránsito de una etapa en la vida política del país con un partido hegemónico, luego dos y tres fuerzas políticas dominantes, a una nueva época con una mayor oferta política.

 

El tránsito a un sistema político con esas características implicaría replantearnos las reglas para formar gobiernos, y por supuesto las normas electorales que rigen la vida de los partidos, como es el caso del acceso al financiamiento público.

 

De acuerdo con lo previsto por la Ley General de Partidos, esos institutos políticos tienen derecho al financiamiento para sus actividades permanentes (oficinas, sueldos del personal, papelería, etc), actividades específicas (educación, capacitación política, tareas editoriales, investigación socioeconómica y política), y gastos de campaña (promoción de propuestas, plataformas y candidatos). 

 

Sin embargo, para que un partido político nacional cuente con recursos públicos locales debe obtener al menos el tres por ciento de la votación válida emitida en el proceso local anterior en la entidad de que se trate.

 

Hasta el 2016, los tribunales electorales se habían basado en un criterio de la Sala Superior que sostenía que el artículo 116, fracción IV, inciso f) de la Constitución garantizaba que las legislaturas locales otorgaran financiamiento público a los partidos políticos.

 

Sin embargo, a principios de este año,  la Sala Superior del Tribunal Electoral conoció dos asuntos vinculados con la pérdida de financiamiento de partidos políticos nacionales en los estados de Veracruz y Tamaulipas.

 

En el caso de Veracruz, el Tribunal Electoral estimó que no resultaba apegado a Derecho que un partido político nacional se le permitiera participar en un proceso electoral local sin que tuviera acceso al financiamiento público.

 

No obstante, tampoco era sostenible que si un partido político nacional no alcanza el mínimo de votación que exige la legislación local para conservar su registro, no sobrevenga consecuencia alguna porque se privaría a la norma local de sentido y eficacia.

 

De ahí que el Tribunal Electoral haya estimado que si un partido político local no obtiene el mínimo de votación requerido por la legislación del estado, únicamente puede tener acceso a gastos de campaña para poder competir en la siguiente elección.

 

Por otra parte, el año pasado el Instituto Electoral de Tamaulipas determinó cancelar la prerrogativa al financiamiento público local de los partidos  PRD, PT y Encuentro Social al no haber alcanzado el 3% de la votación válida emitida en el proceso electoral 2015-2016 en esa entidad.

 

Esa resolución fue combatida por los partidos nacionales antes referidos ante el Tribunal Local y después ante la Sala Superior del Tribunal Electoral. En la sentencia definitiva de la Sala Superior se dejó en claro que el acceso al financiamiento es una prerrogativa, y contrariamente a lo alegado por los partidos no tiene naturaleza de ser un derecho humano, sino un medio para que los partidos cumplan sus fines constitucionales.

 

De ahí que el Tribunal Electoral haya estimado en ambos casos, que ninguna prerrogativa o derecho de los partidos es absoluto, y que el voto sí tiene consecuencias para aquellos institutos políticos que no alcancen un cierto grado de penetración en la ciudadanía, lo cual se ve reflejado en la cancelación de su financiamiento para actividades ordinarias permanentes y específicas.

 

No deja de llamar la atención en el razonamiento de la mayoría de magistrados del Tribunal Electoral, que se haya establecido una distinción entre las modalidades del financiamiento, de tal forma que los partidos nacionales que no alcancen el umbral de votación local conserven el financiamiento para gastos de campaña.

 

De ahí que parecería más razonable lo alegado por dos magistrados de la Sala Superior en su voto particular, en el sentido de que si la razón para recibir financiamiento público está asociada a un umbral mínimo de votación, esa misma razón debería aplicar para todas las modalidades de financiamiento público.

 

En cualquier caso, me parece que en estos asuntos queda claramente evidenciado la importancia del voto ciudadano que tiene repercusiones en el interior de los partidos y en la vida política del país. Así también que la política local  no necesariamente corresponde o atiende a los escenarios nacionales, y que ello seguramente será un factor importante para la formación de gobiernos en el futuro.

 

@pacozorrilla

@OpinionLSR

 

[1] Woldenberg, José, “Nueva Opción”, Sección Opinión, Periódico Reforma, México 2 de marzo de 2017.


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