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El pleno de la CIDH en México

En las audiencias con la Comisión estarán en la mesa las reiteradas denuncias sobre las violaciones al derecho a la intimidad y protección de datos personales.

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Escrito en OPINIÓN el

Del 28 de septiembre al 2 de octubre el Pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realiza su visita in loco en nuestro país para verificar la situación de las víctimas a las que se les han violado sus derechos humanos, además de entrevistarse con instancias del Estado mexicano también visitarán los estados de Guerrero, Tabasco, Nuevo León, Coahuila y Veracruz.

 

De acuerdo con un comunicado oficial de esa instancia, revisará las condiciones sobre inseguridad ciudadana, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, acceso a la justicia de víctimas y la situación de periodistas y personas defensoras de los derechos humanos.

 

Además también se reunirán con los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la propia CIDH, que recientemente han dado a conocer el polémico informe sobre los hechos en Iguala, Guerrero, sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y que devela una gran cantidad de inconsistencias, omisiones y manipulación de pruebas por parte de la Procuraduría General de la República y otras instancias, que impiden de manera flagrante el acceso a la justicia por parte de las víctimas y el derecho a la verdad al que tenemos como sociedad, pues esos hechos nos agravian y nos lastiman profundamente, como quedo de manifiesto en la multitudinaria marcha del pasado sábado a un año de la masacre.

 

La visita del Pleno de la Comisión nos indica que hay una seria preocupación del máximo órgano hemisférico de derechos humanos por la situación de éstos en nuestro país, de acuerdo a su informe[1] en 2014 recibió 500 denuncias de violaciones superando a  todos los países del continente americano, cerca está Colombia con 396[2].

 

Libertad de expresión uno de los focos rojos

 

Prolíficos serán los informes que las organizaciones sociales del país entregarán a la CIDH en materia de libertad de expresión, entre los más graves son las agresiones y asesinatos de periodistas que nos ubican como el país más peligroso para ejercer la labor periodística de acuerdo a las organizaciones internacionales de libertad de prensa, el caso más reciente y con más visibilidad pública fue el del fotoperiodista Rubén Espinosa. Aunque se han creado leyes y mecanismos para su protección, lo cierto es que más del 90 por ciento de los casos se encuentran en la impunidad.

 

Tampoco hay una respuesta institucional eficaz para el desplazamiento forzado de periodistas y personas defensoras de derechos humanos hacia lugares como la Ciudad de México para salvaguardar su vida e integridad física, la ausencia de apoyos en estos casos son más que evidentes.

 

Si bien esa es la forma más extrema de violación no es la única que afecta a la libertad de expresión. También están los múltiples intentos por parte de autoridades locales para limitar la protesta social, mediante iniciativas que tienen como fin reprimirla, como son los casos de las denominadas Ley bala en Puebla, la Ley de Movilidad Social en la Ciudad de México, la Ley antimarchas en Quintana Roo, entre otras, con la intención de cerrar la única vía que tienen los grupos ciudadanos carentes de poder para protestar ante lo que consideran la violación de sus derechos.

 

El asunto no es menor, pues si la ciudadanía está excluida de informar y expresar se cancelan condiciones básicas para participar en la vida pública y no puede manifestarse para que el gobernado escuche la expresión colectiva para reparar agravios, así la libertad de expresión se vuelve en un medio de acción y control de los ciudadanos sobre sus gobernantes.

 

Como bien afirma el teórico de la democracia Bernard Manin, aunque la relación entre libertad de opinión y el carácter representativo de gobierno no es evidente, generalmente ésta se interpreta como una libertad negativa para evitar una injerencia del gobierno, pero nos recuerda que desde la Primera Enmienda en la constitución de Estados Unidos reconoce la expresión individual y también la colectiva que altera su peso político: los gobiernos pueden no tomar en cuenta expresiones individuales dispersas pero es distinto cuando son colectivas y grandes.

 

Las medidas coercitivas de manera desproporcional y arbitraria generan inhibición de la participación y exigencia de derechos, por eso es tan importante garantizar el derecho a la crítica y a la protesta social, que finalmente se vuelve en un mecanismo de control ciudadano sobre el poder público. Este hecho se constata con las manifestaciones ciudadanas por los 43 normalistas, cuyo objetivo es mandar un mensaje claro al gobierno: la exigencia de justicia.

 

Además en las audiencias con la Comisión estarán en la mesa las reiteradas denuncias sobre las violaciones al derecho a la intimidad y protección de datos personales por los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la discrecionalidad y excesivo gasto en publicidad oficial que termina afectando no solamente la libertad de expresión, sino también otros derechos sociales y económicos; así como otros temas de origen más estructural como son la concentración mediática, que tiene efectos en todos los ámbitos del ejercicio de la libertad de expresión y que genera desigualdad en la información teniendo como uno de sus resultados una desigualdad en la capacidad de influencia y, que finalmente, se concreta en una desigualdad de poder político entre los que pueden acceder a los medios y las grandes mayorías que están excluidas de ellos.

 

@callejag

aleida.calleja@gmail.com

 

[1] http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2014/indice.asp

[2] http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/estadisticas/estadisticas.html