Las nuevas tecnologías y los medios electrónicos, en particular el Internet y las redes sociales, han aportado beneficios indudables al desarrollo de la sociedad. En relación con el periodismo, han sido de utilidad, al propiciar entornos digitales que facilitan la colaboración entre pares, visibilizan el ejercicio informativo, permiten la interacción casi inmediata con el público, diversifican las fuentes y agilizan la obtención de datos relevantes.
No obstante, es necesario reconocer que elementos contrarios al ideal del periodismo, como la posverdad y las noticias falsas, encuentran un amplio campo de desarrollo en las plataformas electrónicas en Internet. Así, es posible divulgar un hecho inexistente que, con la repetición constante y la rápida transmisión de las vías digitales, puede fácilmente instalarse en la opinión pública como una “verdad” indiscutible. Una respuesta a este tipo de fenómenos la constituye el periodismo de investigación y de datos, especialidades basadas en la exactitud, en el acopio y contraste de evidencias, mediante el análisis cuantitativo y cualitativo. Particularmente en el ámbito de la seguridad, sus reportajes aportan a la sociedad elementos para contrarrestar los efectos derivados de la desinformación y de las afirmaciones no sustentadas.
Bajo este contexto, los periodistas han incorporado en su quehacer el ejercicio del derecho de acceso. Como un ejemplo de ello, de mayo de 2014 a abril de 2017, diversas dependencias con competencia en el área de la seguridad acumularon 38,938 mil solicitudes de información, lo que representa casi el 10% del total de recibidas en el ámbito federal (410,127). Los integrantes del gremio de la comunicación abonaron con un número significativo de estos requerimientos, con poco más de seis mil, equivalente a más del 15%. Las principales temáticas sobre las que se pidieron datos son aspectos relativos al presupuesto (15.4%), operativos realizados (16.5%), índices delictivos (4.2%) y narcotráfico (7.3%).
Este panorama es significativo, pues el periodismo, mediante el monitoreo, señalamiento y visibilidad de los problemas más urgentes en la materia de seguridad, tiene un amplio potencial para coadyuvar a la construcción de una sociedad mejor informada, con capacidad de exigencia y de control sobre la actuación institucional, abonando de esta manera a combatir la impunidad y la violencia. Vale decir que precisamente el pasado 3 de mayo se conmemoró el Día de la Libertad de Prensa, con el propósito de reconocer el rol del periodismo para avanzar hacia sociedades más pacíficas, justas e inclusivas. Asociando el papel de los comunicadores con el Estado de derecho, en la nota conceptual de la celebración, la UNESCO afirma que “Sólo cuando los medios de comunicación son libres, independientes y pluralistas, éstos pueden asegurar que la ley sea aplicada y respetada en su totalidad. El periodismo investigativo tiene un papel crucial a jugar en este respecto al revelar la corrupción política y económica al igual que otras irregularidades”.
De ahí la centralidad de preservar la libertad de prensa, garantizando las condiciones necesarias para su ejercicio. Uno de los principales retos a enfrentar es el desarrollo de medidas orientadas a salvaguardar la integridad física y la vida de quienes dan cobertura a sucesos relacionados con la seguridad. En particular, se requiere brindar atención inmediata en caso de riesgos, activar acciones institucionales de protección, reducir la impunidad frente a las amenazas y las agresiones de que son objeto, directa o indirectamente, por parte de aquellos actores afectados por sus revelaciones.
Aunado a lo anterior, es necesario atender a la naturaleza y características de las fuentes disponibles para la labor investigativa del periodismo en materia de seguridad. Si bien nuestro país cuenta con una gama importante de datos obtenibles vía transparencia, a partir de la labor de distintas instituciones vinculadas con el tema, como es el caso, por ejemplo, del Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública; las estadísticas de la Procuraduría General de la República; los indicadores y encuestas producidas por el INEGI en la materia, lo cierto es que sus registros suelen generarse a partir de metodologías y parámetros de calidad diversos, dando por resultado una atomización y variabilidad en la información, provocando inconsistencias entre registros.
En ese sentido, es necesario que la generación de información se realice de manera sistemática y homogénea, a través de un esquema consolidado, oportuno, integral y de alcance nacional, con la finalidad de hacer más eficiente el combate a la delincuencia, así como garantizar a la sociedad en general, y a los periodistas en particular, fuentes que den plena certeza sobre los hechos y el actuar público. Al respecto, el Sistema Nacional de Transparencia, encabezado por el INAI, está llamado a jugar un rol preponderante en el proceso de homologación de registros. De esta manera, la coordinación interinstitucional habrá de convertirse en una herramienta que auxilie a los periodistas en su labor cotidiana de transmitir con claridad y oportunidad el estado de cosas que guardan aquellos ámbitos más importantes para la sociedad, como lo es el de la seguridad.