No importa cuánto lo nieguen nuestras autoridades, es innegable la crisis de seguridad, acceso a la justicia y violación de derechos humanos que vivimos en el país.
No importa que tanto la autoridad insista con estadísticas imprecisas, comparaciones metodológicamente cuestionables, con falseo de la estadística oficial, desacreditando activistas o incluso especialistas internacionales, en México los índices de homicidio, secuestro, extorsión, las violaciones a derechos humanos, la falta de piso parejo en el acceso a la justicia para las personas, las desapariciones forzadas, la tortura y fabricación de culpables, nos hace vulnerables, inhibe la credibilidad en las instituciones y el fortalecimiento del Estado de Derecho.
La energía puesta por muchas de nuestras autoridades en desestimar, mal informar, desacreditar, mentir o abiertamente agredir a los ciudadanos, es un desperdicio bajo todo punto de vista: rinde poco políticamente, mantiene vigente la problemática y cuesta, en término de usos económicos del erario público, millones.
Esa energía, esos recursos mal empleados, deberían, por el contrario, estar puestos al servicio de la sociedad, generando oportunidades de desarrollo dentro de la ley de manera equitativa, fortaleciendo instituciones y servicios del Estado (educación, salud, seguridad y justicia) para combatir el avance de los estados paralelos, territorios y población que viven bajo el cobijo y las normas de la delincuencia organizada.
En esta columna y a través de otros espacios he insistido: Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, es un asesino, es un delincuente que le ha robado al país condiciones aceptables de seguridad, ha promovido el subdesarrollo, la impunidad y la corrupción. El daño hecho por este delincuente tardará años, quizá décadas en revertirse y por eso debe pagar una justa sentencia, apegada a derecho.
Esta declaración que puede ser obvia para muchos resulta falsa para otros, ante los mensajes en Twitter, los comentarios a las columnas y hasta las conversaciones entre amigos, en muchas ocasiones he escuchado como, para muchos "por lo menos El Chapo hace algo", "Le hace bien a mucha gente", "Le da a muchos lo que las autoridades y el Estado no les puede dar". Decir que El Chapo es un homicida y que debe pagar por ello, me ha acarreado insultos, amenazas y señalamientos de que soy un inocente que no entiende la realidad.
Lo peor es que sí la entiendo y que no puedo negar parte del contenido de las mismas: Los criminales mantienen comunidades, administran justicia y, aparentemente, suplen las fallas del Estado. Todo esto, sumado a la falta y desigualdad de oportunidades, al desvío de recursos públicos para fines privados, la serie de fallas sistemáticas de las instituciones, la tolerancia o abierta colusión de autoridades, líderes empresariales o incluso religiosos, genera el caldo de cultivo ideal para que un individuo decida convertirse en un criminal, un policía o ministerio público se pase de bando, un juez no administre justicia, una comunidad dé protección a un capo, una sociedad tolere la ilegalidad y normalice el crimen.
Precisamente aquí deben estar abocados los esfuerzos del Estado y de la sociedad en su conjunto, demostrar la falacia de estos argumentos, fortaleciendo instituciones, reconstruyendo el tejido social, generando justicia.
Lo que se debe combatir es el arraigo a la cultura mafiosa; a una cultura de corrupción, intimidamiento; a una cultura que falsea el concepto de lo correcto y propone a los criminales como autoridad aceptada y a las instituciones del Estado como el enemigo; que aparentemente genera riqueza para algunos mientras lo que en realidad hace es mantener en el subdesarrollo a una sociedad; una cultura que no respeta la vida y no respeta las reglas.
Sociedad en conjunto debemos manifestar un rechazo total a lo ilegal, al amiguismo, al compadrazgo, al nepotismo, a la impunidad y demostrar con los hechos que la mejor forma de vida la garantiza el Estado de Derecho.
Debo reconocer que es una tarea titánica en un contexto donde las personas preferimos meternos en la fila, no respetamos los derechos del otro; donde evitamos pagar impuestos; donde abusamos del poder; donde las autoridades, los empresarios y poderosos del país viven por encima de la norma que se nos pide a otros respetar; donde se desvían o abiertamente roban los recursos necesarios para tener mejores escuelas, hospitales, calles, policías y procuradurías de justicia; donde medios de comunicación se prestan a golpear o a proteger a algunos; donde el colectivo hace poco por involucrarse.
Sin embargo, no sólo es posible, es fundamental. En días pasados Roberto Scarpinato, Fiscal Antimafia de Palermo, Italia, propuso la creación de un Comité que desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por un lado, coadyuve con las autoridades confiables y, por otro, vigile el desempeño de la autoridad, en el fortalecimiento de la seguridad y justicia.
Scarpinato recordó la experiencia siciliana en el combate a la mafia y el fortalecimiento de la Cultura de la Legalidad, donde Leoluca Orlando, Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, Piersanti Mattarella han sido piezas clave, e hizo un paralelo de lo que se vive en México: un problema que trasciende la mera incidencia de delitos, que toma sus raíces de la cultura mafiosa donde la penetración y aceptación de la criminalidad y la corrupción trasciende las instituciones y se encuentra arraigada en la sociedad.
El análisis de Scarpinato es correcto, la dificultad de la reproducción del modelo es la diferencia que existe en combatir el enraizamiento del fenómeno mafioso en una entidad y en ciertas instituciones a tenerlo a lo largo de un país y de tantas y tantas comunidades.
¿Por dónde empezar? Por las instituciones del Estado, imposible esperar que un ciudadano respete normas e instituciones de un país donde autoridades e instituciones son los primeros en violar la ley.
Las instituciones deben mostrar que la ley importa, que su actuar es apegado a normas, protocolos, derechos de las personas; que su actuar es transparente y que busca en todo momento rendir cuentas. Paralelamente, los líderes sociales deben mostrar su capacidad de liderar, mostrar su apego y respeto a las normas del Estado, a los derechos de personas y sociedad; deben impulsar desde su cancha los incentivos para que el respeto de la norma sea conveniente para el colectivo; deben ser ejemplo.
Señor Presidente de la República, señores Secretarios de Estado, Gobernadores, Procuradores y Fiscales, dejemos a un lado la confrontación de cifras y concentrémonos en mejorar el acceso a la justicia, los niveles de desarrollo humano para la población, las condiciones laborales de servidores públicos, los derechos humanos de toda persona, sólo así habrá una conveniencia política para ustedes, económica y de desarrollo para el país pero, sobre todo, de seguridad humana y bienestar para toda persona, incluso para sus hijos, a quienes heredarán su legado y el tipo de país que hayan ayudado a construir.