El proceso que está en marcha para aprobar la ley de seguridad interior muestra la crisis que vive el gobierno federal y el propio sistema político del país. La propuesta en los hechos implica renunciar al objetivo de construir las instituciones necesarias para que sean las policías las encargadas de hacerse cargo del grave problema de seguridad pública nacional. El resultado de legislar en el poco preciso concepto de seguridad interior, necesariamente va a terminar en más intervenciones militares, con un uso intensivo de la fuerza y sin mayores controles civiles.

 

En lugar de legislar para tener un sistema nacional policial, que garantizara policías de calidad a lo largo del país o incluso en materia de la regulación del uso de la fuerza, que precisara los alcances y límites en el actuar de los encargados de proporcionar seguridad, se pretende otorgar a las fuerzas armadas un marco legal que perpetúa su labor en tareas de seguridad pública y mayores márgenes para actuar sin vigilancia y con mayores riesgos de violar derechos humanos. Quedaron sin cumplir las promesas de campaña del presidente Peña Nieto de apostar por la prevención, cuyos programas ya no tienen recursos, o la creación de una gendarmería nacional, es decir una policía nacional civil.

 

La iniciativa de seguridad interior, que cuenta con el apoyo del PRI y del PAN, es una renuncia de las autoridades civiles, las electas, de ofrecer resultados en materia de seguridad en favor de la autoridad militar. Ahora, electos ya no tendrán que rendir cuentas y en realidad no tendrán que hacerse cargo del problema más grave que enfrenta el país. En esta lógica, la prevención o la reducción de la violencia ya no son ni prioridades, ni objetivos de política pública, la idea es maximizar el uso de la fuerza para atacar un peligro tan grave que para enfrentarlo tenemos que renunciar a algunas de nuestras libertades. La iniciativa parte, además, de una falsa premisa; que la presencia militar reduce la violencia en las entidades con mayores problemas de seguridad. La evidencia que muestra la investigación del Programa de Política de Drogas del CIDE / Aguascalientes muestra que no es así. Sin duda no lo hace de manera permanente, basta ver la evolución de los indicadores respectivos en lugares como Tamaulipas o Guerrero.

 

Lo que sí muestra la evidencia del CIDE, es que las intervenciones militares presentan un muy alto índice de letalidad. Es decir, la mayoría de las personas que están presentes en un operativo del ejército mueren, por lo que prácticamente no hay heridos o detenidos. La violencia, medida por el número de homicidios, es mayor cuando interviene el Ejército que cuando lo hace otra fuerza, como la policía federal o las estatales. Además, la mayoría de los enfrentamientos del ejército con presuntos criminales no son resultado de una investigación o de una labor de inteligencia, sino de que patrullaban por la zona. Estos datos no han sido desmentidos, junto con otros, por parte de las autoridades y, por el contrario, la información periodística, de carácter cualitativo, con la que se cuenta confirma este fenómeno. En ese sentido, el objetivo de garantizar la protección ciudadana, por medio de la reducción de la violencia, no se logra por medio de la intervención militar permanente.

 

La iniciativa de seguridad interior no es el resultado de un análisis preciso del fenómeno de inseguridad del país y por lo tanto, de las alternativas para hacerle frente. Es más bien producto de la demanda de las Fuerzas Armadas de un supuesto marco legal que les permita continuar con sus tareas de seguridad pública. Es decir, la prioridad no es la seguridad de las personas, sino la seguridad jurídica de las Fuerzas Armadas. Para eso se toman ideas similares a las de la administración Bush para la lucha contra el terrorismo después del ataque a las Torres Gemelas. En esa prisa, la legislación propuesta genera serias dudas con respecto a si de verdad va a otorgar a los militares las garantías que piden, pero no queda duda de que su labor será más discrecional, menos transparente y menos controlada por el poder civil. Es también claro que las iniciativas buscan, fortalecer las labores de espionaje de los militares sin los controles judiciales adecuados.

 

El poder civil renuncia a su responsabilidad de hacerse cargo de la seguridad pública justo cuando la demencial administración del presidente de los Estados Unidos, habla de manera abierta, en una comparecencia ante el Congreso, de implementar en México una estrategia similar al plan Colombia. El marco legal que se propone, luce como un inmejorable complemento a la idea de que tropas estadounidenses apoyen a las mexicanas en el combate a ese peligro superior, el narco, que pone en riesgo la seguridad interior, por lo que las instituciones civiles no pueden hacerle frente. El gobierno, incapaz como es de lo que está sucediendo en Estados Unidos, juega la muy peligrosa carta de entregar la responsabilidad de seguridad pública a los militares, tal y como quieren por allá que pasen las cosas. 

 

@vidallerenas

@OpinionLSR

 

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