Graves violaciones a los derechos humanos y casos paradigmáticos de impunidad reciben al Papa Francisco en su visita a México. Revisemos algunos de estos eventos que han marcado la historia reciente de nuestro país. El 5 de junio de 2009 un incendio arrebató la vida de 49 niñas y niños e hirió a 106 más, todas y todos entre cinco meses y cinco años de edad. Desde ese entonces, diversas instancias de impartición de justicia han evitado el procesamiento y sanción de los responsables, debido a que la Guardería ABC, en donde murieron, se encontraba subrogada por el IMSS a familiares y amigos de personajes de la vida política del país, como la entonces primera dama, Margarita Zavala, esposa del entonces presidente Felipe Calderón.

 

En el penal de Topo Chico, Nuevo León, 49 internos murieron tras una riña entre bandas rivales, en un penal con casi 4 mil reos, en donde la sobrepoblación es un factor a considerar cuando solamente se cuenta con 100 custodios por turno.

 

En Veracruz, cinco jóvenes fueron “levantados” en un hecho en el que presuntamente se involucró la propia policía del estado. Al parecer, dos cuerpos ya han sido encontrados y se encuentran en proceso de identificación. En esa misma entidad, una reportera fue secuestrada el lunes y su cuerpo fue encontrado el martes; le sobreviven un bebé de 15 días y otro de 2 años. Ella es la periodista número 17 en ser asesinada en Veracruz.

 

En los últimos 12 años han desaparecido 23 periodistas en el país, sin que hasta ahora existan culpables.

 

En México, más de 33 millones de personas han abandonado el país en busca de una mejor vida y se han convertido en una de las fuentes nacionales de ingresos más sólidas del país. Sin embargo, esto no se refleja en la forma en la que México recibe a los migrantes centro o sudamericanos, quienes terminan retenidos en las estaciones migratorias en donde no se hace distinción alguna entre niñas, niños, mujeres u hombres de cualquier edad, cometiendo diversas violaciones a derechos humanos.

 

Por otra parte, las personas migrantes que no son detenidas transitan por el territorio nacional y frecuentemente son víctimas de grupos de delincuencia organizada que lucra con sus vidas en redes de violencia, trata y prostitución.

 

En Chalchihuapan, Puebla, el gobernador Moreno Valle, en el marco de su ahora inconstitucional Ley Bala, ordenó que las fuerzas públicas actuaran armadas contra un grupo de manifestantes. El saldo fue un niño asesinado y 9 personas mutiladas. No se les ha hecho justicia ni se ha reparado el daño en su contra.

 

En Tlatlaya, Estado de México, el Ejército ejecutó extrajudicialmente al menos a 15 de 22 personas en un enfrentamiento armado entre presuntos criminales y las fuerzas armadas.

 

En la capital del país el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes demostró que, conforme a las indagatorias e investigación científica, la “verdad histórica” fue siempre una mentira gubernamental. Como confirmación, el Grupo Argentino de Antropología Forense confirmó este hecho y agregó una conclusión severa: Los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa no murieron en el basurero de Cocula.

 

Estos ejemplos son tan sólo algunos de los miles de botones de muestra que existen en la realidad mexicana, una realidad que es violenta y en donde aparentemente no existe una verdadera impartición de justicia. Este es el México que recibe al Papa Francisco en su primera visita a nuestro país.

 

Aunque hasta ahora El Vaticano ha señalado que el Pontífice no se reunirá con víctimas de la violencia, padres de desaparecidos o víctimas de pederastia clerical, es urgente que el Papa Francisco ponga sobre la mesa el tema de la grave crisis de derechos humanos que se vive en México y debe hacerlo de manera directa a Enrique Peña Nieto y la población en general.

 

Como nunca antes en la historia reciente de nuestro país, la normalización de la violencia, la corrupción y la impunidad han golpeado a la inmensa mayoría de quienes habitamos este país. Las instituciones están comprometidas con intereses ajenos a la población, sus funcionarios son controlados por grupos de poder o de delincuencia organizada e incluso las policías están infiltradas por el crimen.

 

México es uno de los países con mayor relevancia para el Vaticano, tanto por la cantidad de personas que pertenecen a esa fe, como por la larga historia de dicha religión en nuestro territorio.

 

Si bien es cierto que la Iglesia Católica no ha hecho los ajustes necesarios para adecuar su funcionamiento a los nuevos estándares internacionales de derechos humanos, el propio Papa ha sido uno de los más fervientes defensores de los derechos humanos dentro del catolicismo.

 

Por lo tanto la violencia, la corrupción, la impunidad, la desaparición forzada y la tortura generalizada que el gobierno no quiere reconocer, afecta diariamente a cientos de mexicanas y mexicanos que creen en los preceptos que plantea esa fe, a pesar de que la inmensa mayoría de las autoridades eclesiásticas han guardado silencio ante los ataques sistemáticos que sufre la población.

 

Si bien es cierto que existe una agenda marcada y que hasta ahora se ha afirmado que estos temas no están contemplados en ella, una declaración firme en contra de la situación actual que se vive en el país sería alentadora para miles de personas que en este país están perdiendo la esperanza de vivir en un país mejor y con mejores oportunidades.

 

No, la visita de un hombre no va a cambiar la situación en la que vivimos, pero puede abonar -como lo han hecho organizaciones internacionales y especialistas en diversos ámbitos- a que el panorama ensombrecido se aclare.

 

Afirmar abiertamente que en México existe una crisis de derechos humanos puede ser el primer paso para que de manera masiva se entienda el problema y, una vez que sea de conocimiento general, se pueda luchar para resolver esta dolorosa situación.

 



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