Muy cara le salió al senador del PRI, Omar Fayad, la efímera iniciativa que presentó hace poco más de una semana para prevenir y sancionar los delitos informáticos, pues además de generar un rechazo prácticamente unánime de organizaciones, columnistas, académicos y usuarios de redes sociales por representar una amenaza contra la libertad de expresión, podría frustrar sus aspiraciones para gobernar el estado de Hidalgo.
Lo menos que se ha dicho es que si bien es necesario actualizar la legislación para combatir delitos que se cometen a través de la red como el robo de datos personales, fraudes financieros o pornografía infantil, la propuesta -mejor conocida como Ley Fayad- tenía problemas serios de redacción, era muy ambigua, con definiciones poco claras y por tanto, al momento de aplicarse podía coartar la libertad en el uso de internet.
También hay quien advierte de plano una intención de control o censura para proteger a los políticos de las fuertes críticas que frecuentemente les propinan en las redes, y como ejemplo citan el muy desafortunado artículo 21 en el que se proponía sancionar "a quien a través de medios informáticos acose, hostigue, intimide, agreda o profiera cualquier forma de maltrato físico, verbal o sicológico en contra de usuarios de internet de forma reiterada o sistemática" o el 22 que castigaba a quien difundiera información indebida sin autorización del dueño.
El hecho de que se reconociera la participación del gobierno federal en la elaboración de la iniciativa -aunque después Fayad tuviera que asumir la responsabilidad única de la autoría para deslindar al gobierno y a su partido- reforzó la percepción de que el senador actuó por consigna.
No es la primera vez que se intenta regular la red como en el caso de Veracruz o en la legislación en materia de telecomunicaciones y seguramente no será la última, pero la contundente oposición que se ha suscitado los obligó a dar marcha atrás y esta no es la excepción. Fue tal la vapuleada que le dieron a Fayad que mejor optó por retirar su iniciativa y supuestamente va a convocar a mesas de trabajo para elaborar en conjunto con especialistas y organizaciones una nueva propuesta, que esperemos realmente responda a las necesidades y no encubra otros propósitos.
Internet se ha ido consolidando como un importante espacio de información y participación de la sociedad, sobre todo para quienes no tienen acceso a manifestar su opinión en los medios de comunicación tradicionales, por lo que no es de extrañar que a los políticos les resulte incómodo y hasta preocupante pues escapa a su control y no se puede apelar siquiera a criterios editoriales para tratar de "orientar" los contenidos y matizar las críticas o evitar que los exhiban como sucede cada vez con más frecuencia.
De acuerdo a la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) el número de cibernautas pasó de 34.9 millones en 2010 a 53.9 millones en 2014 lo que representa el 43% de la población, pero además del incremento de usuarios es evidente que su nivel de incidencia en la vida pública ha venido creciendo y este es un buen ejemplo. Indiscutiblemente el naufragio de la Ley Fayad representa una importante victoria ciudadana así como un claro mensaje para los políticos: No se puede legislar sobre las rodillas y tratándose de libertad de expresión, que ni se les ocurra intentar un paso atrás.