En el actual escenario político frente a las elecciones del 7 de junio, hay ciertos asuntos que están en espera de ser concretados. Uno de ellos es la reforma política del Distrito Federal, que por más que se ha discutido en la Cámara de Diputados y el Senado, no se ha podido llegar a un consenso.
Sin embargo, recientemente el presidente del Senado, Luis Miguel Barbosa, anunció que será en los próximos días cuando definan si la reforma política se aprueba o no durante el actual y último periodo ordinario de sesiones -que concluye el 30 de abril-, para que la próxima semana pase a la Cámara de Diputados, y pueda lograrse un acuerdo.
Este es, sin duda, un tema de interés nacional, pues se abre la posibilidad de consumar un proceso que quedó inconcluso desde la década de los noventa, para que la capital del país tenga las mismas atribuciones que el resto de las entidades federativas.
Entre los cambios al régimen político-administrativo del Distrito Federal que se buscan está cambiarle el nombre por Ciudad de México –con todas las facultades que ello implica-, que las delegaciones tengan órganos colegiados de gobierno, y que cuente con su propia Constitución. Además se proyectan cambios a más de 30 artículos de la Carta Magna, siendo el más relevante el 122, ya que concentra toda la organización de la administración pública de esta metrópoli.
Tengamos en cuenta que este medio jurídico-político busca una mayor participación ciudadana, que le permita a la población intervenir de manera más directa en la toma de decisiones, además de que la capital tenga mayor autonomía en su régimen interior. En la búsqueda de esta autonomía, también se prevé la integración del Congreso Constituyente que debe estar orientado a la generación de una Constitución consensada no sólo por el sector político, sino también por los representantes sociales, académicos y económicos. Hace unos días el Maestro José Ramón Amieva, Consejero Jurídico del Distrito Federal, se pronunció a favor de este Constituyente.
En este punto, una propuesta alterna es la conformación de este Constituyente a partir de la participación de los 66 legisladores locales, los 16 Jefes Delegacionales y los órganos descentralizados del Distrito Federal, con lo que se da una mayor pluralidad y se evita un mayor gasto público.
Existe pues, la necesidad de un rediseño institucional del Distrito Federal y de plantear un marco jurídico bien pensado y aterrizado, pues la reforma no puede ser sólo administrativa, sino que debe suponer una transformación de la vida política de la ciudad con base en el principio universal Ubi societas ibi jus (donde hay sociedad, hay derecho), para seguir siendo el referente de políticas públicas que otros gobiernos replican en sus estados.
En ese sentido, los derechos que han sido reconocidos en el Distrito Federal en los últimos años son un punto de partida para la reforma política y la creación de una Constitución con perspectiva de derechos humanos. Así lo han pedido Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), quienes analizan la propuesta y sus impactos, para que a través de los órganos autónomos del Distrito Federal se abra un canal de comunicación con el Senado de la República y no haya una "regresión" a los derechos ganados en la capital del país.
Por su parte, los titulares de estos órganos se mantienen atentos a la proyectada reforma política, toda vez que el proceso otorgaría a la capital del país, facultades constitucionales en términos de igualdad con las demás entidades; al mismo tiempo, sostienen la necesidad de asegurar que la transformación se realice con apego a los derechos humanos. Y es que la construcción de un diálogo entre los actores involucrados es necesaria para que coadyuve a que en este proceso trascendental para la sociedad capitalina, se logre un avance sustancial para la ciudad y para las personas que la habitan y transitan por ella.
Si bien es cierto que lo fundamental de esta reforma es que debe construirse de manera conjunta con los ciudadanos, a fin de que beneficie a la población y no a grupos de poder o partidos políticos, se debe prestar atención a la coyuntura nacional, pues, la actual contienda electoral podría estar ocupando en gran medida la atención de los actores políticos, dejando en términos un poco rezagados la necesaria reforma política del Distrito Federal.
Recordemos que las últimas dos reformas político-administrativas para el Distrito Federal se dieron en 1996 y 1998. La primera permitió a los capitalinos elegir por vez primera a su Jefe de Gobierno; y la segunda, les dio la facultad de votar para designar a los Jefes Delegacionales. Desde entonces, numerosas iniciativas y acuerdos políticos han sido presentados en el Congreso de la Unión en busca de la posibilidad de una reforma política completa, aunque hasta el momento ninguna ha tenido éxito. Esperemos que la actual propuesta no corra con la misma suerte.
La voluntad existe, sólo hay que esperar a que se materialicen los acuerdos para el “nacimiento” de la Ciudad de México, pues el tema es parte del escenario nacional y se discute también en diversos foros y debates organizados por la sociedad civil y expertos en el tema. En días próximos, el propio Senado realizará el seminario de discusión “La reforma política de la Ciudad de México ¿una reforma para los ciudadanos? Derechos, gobierno y servicio”, donde se analizarán algunos aspectos de esta reforma y sus implicaciones en materia de derechos, gobierno y gestión administrativa.