La violencia, el abuso y el maltrato a personas adultas mayores se han incrementado en el país de manera alarmante, alcanzando según las últimas fechas a más de un millón y medio de personas, el 16 por ciento de la población en general.
Apenas el 15 de junio se conmemoró el Día Mundial de la Toma de Conciencia Contra el Abuso y Maltrato en la Vejez y como cada año, organizaciones de la sociedad civil especializadas en el tema hicieron llamados a la sociedad en general y a las autoridades para visibilizar la alarmante realidad que, de mantenerse así, podría alcanzar índices escalofriantes, ya que para el año 2050 se estima que México sea el país con mayor proporción de adultos mayores en toda América Latina: 33.8 millones de personas con más de 60 años, según las proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo).
De acuerdo la Fundación para el Bienestar del Adulto Mayor, de los 10.9 millones de adultos mayores que hay en México, 1.7 millones son víctimas actualmente de violencia tanto física como psicológica y la mayoría, un 40 por ciento, vive estos abusos dentro de sus propios hogares.
Pero a pesar de los esfuerzos de la sociedad civil organizada, los hechos cotidianos siguen exhibiendo la falta de avances y la necesidad de redoblar esfuerzos.
El 23 de junio pasado, tan solo una semana después de conmemorar el día de concientización contra el maltrato a este sector poblacional, 17 personas perdieron la vida en el incendio de un asilo de ancianos en Mexicali, Baja California.
Tal como sucediera en la tragedia de la Guardería ABC, las primeras indagatorias revelan que el asilo operaba sin las medidas de seguridad necesarias, el número de personal era insuficiente y las personas adultas mayores dormían encerradas.
Algunos vecinos y familiares de los internos denunciaron la falta de personal en el asilo Hermoso Atardecer, lo que dificultó el rescate de los adultos mayores durante el incendio registrado por la madrugada. Además, la mayoría de las personas albergadas no tenían movilidad en sus extremidades, lo que hizo aún más difícil su rescate.
Por su parte, la Procuraduría General de Justicia del Estado confirmó que una de las líneas de investigación, confirmada el pasado viernes por los peritajes, es que el incendio fue intencional. Ante esta misma dependencia existe una denuncia contra el ex encargado del inmueble por daño patrimonial y quien, de acuerdo con las declaraciones, había amenazado a familias de las víctimas tras dejar su puesto hace un año.
Lo sucedido en el asilo de Mexicali nos obliga nuevamente a revisar las tareas pendientes sobre este tema, que requieren de manera urgente la prevención del maltrato a las personas adultas mayores.
La discriminación es la causa y origen principal de esta problemática ya que, como en otros casos, la tolerancia de estereotipos y prejuicios como son la visión negativa de la vejez y el desprecio han dado lugar al aumento en el abuso, el maltrato y la violencia que afecta a miles de personas.
Si realizamos un estudio comparativo, las cifras existentes colocan a México como una nación en donde la violencia contra las personas adultas mayores se encuentra muy por arriba del promedio, en donde algunos países europeos este tipo de hechos solamente afecta al cinco por ciento de su población.
Sí, el contexto europeo y el americano son muy diferentes y también debemos atender las particularidades mexicanas, pero esta diametral diferencia muestra la necesidad de abordar este tema y llevarlo a la agenda pública y política de manera prioritaria.
En este, como en todos los casos de violencia, coinciden diversos factores de discriminación como lo son el género, etnia, religión, discapacidad, estado de salud, condiciones socioeconómicas y otros factores que restringen aún más la posibilidad de que las solicitudes de atención o las poquísimas quejas o denuncias presentadas sean atendidas y resueltas.
Como en los casos de discriminación coincidentes, también existe la violencia estructural, social, legal y financiera proveniente de personas de confianza, familiares, cuidadores, comunidades e incluso de prestadores de servicios privados o públicos.
El asilo de Mexicali pondrá a prueba al gobierno de Baja California, pues después de operar durante los últimos años con una capacidad de entre 49 y 50 personas, en una precaria construcción donde varias láminas hacían las veces de techo y tras haber recibido fondos privados y públicos por parte del ayuntamiento, es muy posible que pudieran existir encubrimientos y falsas investigaciones a fin de proteger a los responsables del incendio, pero también de la pésima administración de un lugar que se encontraba lejos de tener la dignidad requerida para que una persona viviera los últimos años de su vida.
En este caso se debe realizar una investigación expedita y exhaustiva que lleve a la sanción de los responsables, a la reparación a las víctimas y que se garantice la no repetición de estos terribles hechos.