La madrugada del pasado 29 de marzo, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, órgano controlado por el dictador Nicolás Maduro, materializó las sentencias 155 y 156 mediante las cuales se atribuyó las funciones de la Asamblea Nacional y retiró la inmunidad parlamentaria a los diputados electos democráticamente el pasado 6 de diciembre de 2015. 

 

Este hecho, conocido coloquialmente como “Madurazo”, conmocionó al mundo democrático y fue el acto con el que el régimen populista y autoritario de Maduro rompió el hilo constitucional y dio paso al auto-golpe de Estado que tiene sumida a Venezuela en la más profunda crisis económica, política y social de los últimos tiempos. 

 

Este acontecimiento se veía venir puesto que durante los últimos años Nicolás Maduro fue coartando las libertades de los venezolanos a fin de mantener un régimen autoritario que, a través del populismo, sumió a Venezuela en un profundo caos hasta el límite de generar una verdadera crisis humanitaria de abasto y de violación sistemática a los derechos humanos.

 

Finalmente, a media noche del miércoles el Tribunal Supremo de Justicia, decidió desconocer y desaparecer la Asamblea Nacional, terminar con la división de poderes, retirar la inmunidad a los legisladores y judicializar la toma de decisiones legislativas configurando un virtual golpe de Estado en Venezuela.

 

Hay que recordar que el histórico triunfo de la oposición en diciembre de 2015, al ganar la mayoría en la Asamblea Nacional, fue el mayor agravio para Maduro que jamás aceptó la voluntad popular y con maniobras jurídicas desconoció una a una las leyes aprobadas por la Asamblea y pospuso indefinidamente las elecciones.

 

La respuesta internacional fue inmediata. No fueron pocas las voces de diversos organismos como la Organización de Estados Americanos  (OEA), la Internacional Demócrata de Centro (IDC) y de muchos gobiernos a nivel bilateral que cuestionaron las medidas y exigieron la restauración de la democracia en Venezuela.

 

En últimas fechas se conformó un bloque de países, incluido México, que invocaron la realización de una reunión extraordinaria de la OEA, la aplicación de la Carta Democrática e insistieron en favorecer el diálogo para retomar el camino democrático.

 

La respuesta del régimen autoritario de Maduro fue desaparecer el Congreso, negar las elecciones y desafiar a la comunidad internacional acusando intromisión y lanzando sendas descalificaciones a México y a los organismos internacionales como lacayos del imperio, lo que esto signifique.

 

Ante esto fue verdaderamente ejemplar la movilización de la oposición venezolana; los miembros de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) de inmediato convocaron a manifestaciones públicas, al mismo tiempo activaron la comunicación internacional para informar al mundo del manotazo autoritario y pidieron la solidaridad de las naciones democráticas. Con similar eficacia, activaron sendas denuncias penales para exigir el pronunciamiento de la Fiscalía General de la Nación y pusieron en marcha mecanismos legislativos para evidenciar la ruptura del orden constitucional y, en consecuencia, la demanda de juicio político contra Nicolás Maduro y otras autoridades cómplices, la destitución de magistrados y la convocatoria a elecciones hasta ahora suspendidas por el régimen chavista. 

 

Sorpresivamente, Maduro dio marcha atrás a las medidas del Tribunal valiéndose de una maniobra a través de la Fiscalía General, con lo que pretendió pasar de la noche a la mañana de victimario a mediador democrático, situación que fue denunciada por la oposición al insistir en que Maduro no tenía autoridad moral, jurídica ni política luego de haber violentado la Constitución, por lo que lejos de solucionar la crisis, la ha agravado. Ante esto, la oposición ha convocado a nuevas manifestaciones para esta semana, en tanto se conoce el resultado de la reunión emergente de la OEA y las medidas adicionales que asumirá el régimen de Nicolás Maduro. Lo cierto es que el auto golpe de Estado ha evidenciado ante el mundo el autoritarismo liso y llano del régimen chavista, lo que aumenta la incertidumbre sobre la posición que habrá de adoptar el gobierno venezolano en los próximos días, así como el riesgo de un mayor deterioro social y político.

 

Como puede advertirse, la situación en Venezuela es muy grave y las horas por venir son de máxima alerta democrática. Habrá que estar muy atentos y exigir al gobierno de México y a la comunidad internacional que eleven su voz de condena a este "Madurazo" autoritario. Por lo pronto el presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, ya retiro a su embajador y el PAN ya se pronunció condenando el golpe y exigiendo  que, de manera pacífica, se recuperen la Asamblea Nacional y las libertades sociales y políticas de los venezolanos.

 

@MarcoAdame

@OpinionLSR

 

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