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El informe fantasma

Murillo y sus investigadores de la PGR evitaron mencionar que entre los normalistas había al menos un soldado en activo.

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Escrito en OPINIÓN el

Los informes presidenciales y los de labores del Ejército y la Marina no se han caracterizado precisamente por ser transparentes, autocríticos y realistas. Más bien ha sido todo lo contrario.

 

Sin importar el color del partido político que esté en el poder, cada primero de septiembre, los ejercicios de transparencia del Comandante Supremo de las fuerzas armadas y de los altos mandos del Ejército y la Marina son, por decir lo menos, opacos, rancios, omisos en temas fundamentales como el respeto a los derechos humanos de los mexicanos.

 

El documento de la Sedena (el de Marina brilla por su ausencia) insiste en presentarnos cifras y cifras y más cifras acerca de la manera en que la dependencia lleva adelante toda clase de cursos de actualización, conferencias y encuentros para reforzar entre el personal militar la agenda de respeto a los derechos humanos.

 

El resultado no puede ser menos lamentable e inconexo con la realidad de un país en el que se cumple un año de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, caso investigado por la Procuraduría General de la República (PGR) y cuya “verdad histórica”, sostenida contra viento y marea por su ex titular Jesús Murillo Karam, luce hoy como un escupitajo del Estado para proteger a instituciones y personajes involucrados en una trama que tiene toda la vertiente de ser parte de una estrategia antiguerrilla (EPR, ERPI, ERIP) aplicada en la entidad más conflictiva en el terreno social y político.

 

Murillo y sus subalternos iniciaron una investigación tardía, sesgada y omisa que intentó reducir la tragedia de Ayotzinapa a un conflicto local a partir de venganzas personales entre un alcalde corrupto, su esposa y un grupo de estudiantes normalistas que terminó, según la PGR, masacrado por sicarios de la organización Guerreros Unidos.

 

En sus pesquisas, el ex procurador desechó o de plano dejó fuera diversos elementos clave que hubieran hecho avanzar la investigación de manera seria. Alteró o inventó -jugando con las leyes de la física y haciendo malabares con principios elementales de la ciencia forense- escenarios, hechos y pruebas para demostrar el secuestro de los 43 normalistas por parte de policías municipales, su entrega a sicarios de Guerreros Unidos, su asesinato e incineración en el basurero municipal de Cocula y la dispersión de sus restos en el río San Juan.

 

Murillo y sus investigadores de la PGR evitaron mencionar que entre los normalistas había al menos un soldado en activo formando parte del grupo de estudiantes que el 26 de septiembre intentaron salir de Chilpancingo hacia el Distrito Federal para sumarse a la marcha del dos de octubre.

 

Evitaron mencionar la cadena de investigaciones e inteligencia de campo realizada por el Ejército Mexicano, por la Policía Federal, por agentes del CISEN y por la Marina en la zona de conflicto meses atrás, conforme el problema fue creciendo y complicándose hasta que en el escenario aparecieron los cárteles de la droga que se pelean el control e Guerrero, bastión medular para la producción y transporte de amapola hacia el norte del país.

 

Hoy, tras el reporte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una parte de la investigación de la PGR queda en entredicho y con ello se exhiben las severas limitaciones de la metodología criminalística de la procuraduría, sus indagatorias sesgadas y su recurrente trabajo por ocultar datos y vertientes que pudieran ayudar a que se avance en los peritajes.

 

Por el contrario, la PGR cae en la dinámica del ocultamiento de hechos que vincularían a instituciones como el Ejército no en la masacre, sino en una cadena de situaciones previas que deberían haber dado mayores luces sobre la estructura criminal que opera en Guerrero y que, según la procuraduría, apareció la noche del 26 de septiembre en Iguala para acaba con los 43 normalistas.

 

Sobre estos aspectos y sobre los señalamientos en su contra por diversas violaciones a los derechos humanos que van más allá del caso Ayotzinapa, la Sedena obsequia un singular silencio en su Tercer Informe de Labores, en el que también brillan por su ausencia los detalles del avance en la modernización y rearme de la institución que encabeza el general Salvador Cienfuegos Zepeda.

 

La Sedena, cuyo titular se ha manifestado una y otra vez en favor de una apertura y transparencia que marquen un antes y un después en las relaciones civiles-miliares en México, no menciona nada sobre los casos Ayotzinapa, Tlatlaya (Guerrero) y Calera (Zacatecas) o sobre recientes acusaciones (que ameritaron la intervención de la CNDH) por asesinatos de civiles en Reynosa y Nuevo Laredo, en Tamaulipas.

 

En este último estado han sido asesinados por militares alrededor de 20 personas en circunstancias no aclaradas ni por las autoridades civiles ni por autoridades castrenses. No hay una sola línea de todo esto en el documento de la Sedena.

 

El informe militar, que será revisado en las siguientes entregas, poco o nada aporta en el actual contexto para comprender y valorar en su justa medida el alcance real de los compromisos del Ejército Mexicano con la sociedad y con sus mandos.

 

El silencio, la omisión y el sesgo son difícilmente medibles. 

 

@JorgeMedellin95