“México no es el mismo después de Iguala”. Con esta premisa, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó el pasado jueves 23 de julio su informe Estado de la Investigación del Caso Iguala, documento elaborado a través de su Oficina Especial para dicho tema, que incluye una relatoría de sus hallazgos tras la revisión del expediente que integra la información de las acciones emprendidas por el Estado en torno a lo ocurrido los días 26 y 27 de septiembre del año 2014.
Durante ambos días 6 personas fueron privadas de la vida, 43 fueron desaparecidas forzadamente y otras 33 fueron heridas en diversos grados, en lo que no es exagerado afirmar como uno de los actos que constituyen uno de los cúmulos de violaciones a los derechos humanos más graves de los que tenemos memoria en los tiempos recientes de nuestro país.
Hasta el momento, conforme a lo encontrado por la CNDH y conforme a lo que toda la sociedad nacional e internacional conoce a través de los medios de comunicación, no existe aún una respuesta concluyente y satisfactoria que explique y sancione a los responsables por el abanico de crímenes de todo orden que se cometieron durante esas largas horas.
Como integrante de la Comisión Especial para investigar los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, misma que fue cerrada de manera arbitraria sin que siquiera se permitiera que presentara su informe final; señalé en todo momento la falta de pulcritud en las investigaciones, desde el momento en que se conocieron los hechos hasta el momento en el que se presentaran las primeras “conclusiones” por parte del entonces procurador Jesús Murillo Karam.
Hice hincapié en que la actitud de cierre de las autoridades era inaceptable ante una de las peores tragedias que ha vivido nuestro país, sobre todo cuando la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos reveló fosas clandestinas con cientos de cuerpos que hasta ahora, en su gran mayoría no han sido identificados y los esfuerzos por hacerlo han sido mínimos.
En este informe previo, la CNDH emite 32 observaciones y propuestas, en todas y cada una de ellas señala de manera puntual los errores de las instancias, en diferentes ámbitos de competencia, que han sido omisas en diferentes grados y han dejado de cumplir parcialmente con sus responsabilidades.
La Comisión es clara y reafirma lo que como sociedad hemos percibido desde los primeros momentos con estos acontecimientos: El crimen organizado y el gobierno en distintos niveles están unidos, trabajan en conjunto y funcionan como un solo órgano, particularmente en las entidades más conflictivas de nuestro país, en donde sólo unos cuantos gobiernos son la excepción ante la inmensa mayoría que ha cedido a la presión y a la violencia ejercida por los grupos delictivos, pero sobre todo ante la ambición y el poder que representa servirse de los cargos públicos y ejercerlos para beneficio propio.
Dentro de sus observaciones la CNDH ha pedido a la PGR integrar las fichas de identificación, establecimiento de perfiles de identidad de los estudiantes desaparecidos, afirmando que la búsqueda de los desaparecidos disminuye su posibilidad de éxito sin estas fichas. Es increíble e inaceptable que hasta el momento la Procuraduría General de la República no cuente con esta vital información a casi un año de los acontecimientos.
Además, la CNDH reitera la exigencia general: Que la PGR continúe con las acciones de búsqueda para dar con el paradero de los estudiantes desaparecidos; en la Sierra de Guerrero, en Apango y "no descartar ninguna línea de investigación”. También, obtener los datos de los celulares de dos estudiantes desaparecidos, incluidos los mensajes que fueron enviados.
La CNDH también plantea “solicitar a la Secretaría de la Defensa Nacional información sobre quiénes de los 43 desaparecidos pertenecen o han pertenecido al Ejército; obtener declaraciones de los buzos de la Secretaría de Marina que participaron en la búsqueda en el río San Juan”.
El trabajo de la CNDH en su nueva etapa con un nuevo Ombudsman, así como el trabajo que logramos realizar en la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, pone en evidencia las carencias de la PGR, así como la ausencia de un interés real por encontrar a los desaparecidos y sancionar a los responsables.
Estas omisiones, por supuesto, también derivan en la falta de debida atención a las víctimas, quienes hasta el momento no han recibido la atención integral a la que tienen derecho, por parte del mismo Estado que no sólo ha fallado en la debida investigación, sanción e impartición de justicia, sino que ha sometido a las víctimas a una revictimización, negándoles el derecho a realizar sus propias pesquisas de manera tranquila, reprimiéndolas y desincentivando así la reparación a la que tienen derecho.
El Estado mexicano con Enrique Peña Nieto al frente ha demostrado que las instituciones mexicanas no se encontraban listas para prevenir y enfrentar un conjunto sistemático de violaciones a derechos humanos de tales dimensiones, pero también ha demostrado que desde ese entonces a la fecha existen pocos o nulos avances en el mejoramiento de dichas instituciones, así como en la voluntad del Estado para que tales hechos no se repitan y para otorgar justicia a las víctimas de cada caso hasta ahora develado por los acontecimientos en Iguala.
El informe previo de la CNDH habla también de una Comisión que, afortunadamente, está demostrando una voluntad que durante cinco años no existió, que es aquella de ser un contrapeso a un gobierno que hoy se vuelve a ver expuesto.
Poco puede hacer Enrique Peña Nieto y su gobierno para mantener a la sombra este informe que también ofrece una oportunidad más para que el gobierno federal pueda rectificar el camino de errores y de impunidades que se han presentado de manera constante, uno tras otro, en este caso.