El pasado 28 de septiembre de 2015 integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizaron una visita a México que concluyó el 2 de octubre de dicho año.

 

Tras ese periodo, y al término de la documentación necesaria, el pasado miércoles 2 de Marzo la Comisión presentó el informe, “Situación de derechos humanos en México”, en donde no sólo hacen referencia a casos de extrema violencia ocurridos en tiempos recientes, sino que los explica ubicándolos en un contexto de impunidad que ha imperado en nuestro país por décadas.

 

La Comisión reconoce en su informe que las autoridades del Estado que generan esta violencia son la SEDENA, SEMAR, PGR, Procuradurías locales, personal penitenciario y el INM, ya que “miembros de las fuerzas militares e incluso de ministerios públicos, han sido vinculados con presuntas graves violaciones a los derechos humanos que permanecerían en la impunidad”.

 

En cuanto al Ejército, la CIDH señala que las “fuerzas militares en actividades de seguridad ciudadana se había visto en la década de los años 60 y 70, y posteriormente en los 90 con el movimiento armado en Chiapas”, agregando que “durante el gobierno del ex presidente Felipe Calderón y el inicio en el 2006 de la llamada ‘guerra contra el narcotráfico’, las graves situaciones de violencia aumentaron hasta alcanzar niveles alarmantes, incluyendo la consecuente pérdida de más de cien mil personas, miles de desapariciones y un contexto que ha provocado el desplazamiento de miles de personas en el país”. En ese sentido, la CIDH recomienda la rendición de cuentas sobre las graves violaciones a los derechos humanos, desde la Guerra Sucia hasta la actualidad.

 

El informe aborda un amplio espectro de problemas que van desde la reciente y alarmante situación de las personas desaparecidas; la práctica generalizada de la tortura; las ejecuciones extrajudiciales; los impactos de la violencia en grupos vulnerables -personas migrantes, los desplazados y las poblaciones indígenas afectadas por “megaproyectos en tierras y territorios ancestrales autorizados sin el debido proceso de consulta y consentimiento previo, libre e informado”-; y las limitaciones al acceso a la información en casos de graves violaciones a los derechos humanos por razones de seguridad nacional.

 

Conforme a la CIDH, todos estas problemáticas tienen un denominador común: La falta de acceso a la justicia, lo que ha provocado “una situación de impunidad de carácter estructural que tiene el efecto de perpetuar y en ciertos casos impulsar la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos”.

 

Por tanto, la CIDH considera que el principal desafío del Estado mexicano consiste en “romper el ciclo de impunidad imperante a fin de lograr una efectiva prevención, investigación, procesamiento y sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos.

 

En reacción al informe, la Procuraduría General de la República (PGR) y las secretarías de Gobernación (Segob) y de Relaciones Exteriores (SRE) emitieron un boletín para plantear, una vez más, que el reporte de la CIDH “no refleja la situación general del país” e “ignora más de cincuenta años de avances, desafíos, cambios estructurales y procesos de un país como México”.

 

También reviraron que “el Estado mexicano fue enfático en afirmar que en nuestro país no se vive una crisis de derechos humanos”, y que la CIDH “desestimó los avances” que el gobierno de Peña Nieto impulsó en los últimos años.

 

El gobierno, incluso, aseveró que la metodología tenía un “sesgo inicial”, calificó de “sin fundamento” las conclusiones, y acusó a la CIDH de utilizar la información recabada durante su visita “de manera parcial”. Nuevamente descalificaron al mensajero, lo que en su oportunidad fue denunciado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos por otros casos en que ha hecho lo mismo el gobierno federal.

 

Si bien es cierto que el Estado mexicano ha concretado avances importantes en materia de derechos humanos, especialmente desde la reforma constitucional del año 2011, también es cierto que a diario, en distintos sitios de nuestro país ocurren violaciones a derechos humanos sin que hasta el momento las autoridades respondan con la celeridad o la eficiencia necesaria.

 

También es cierto que en 2014, tras los hechos ocurridos en Iguala, que ocasionaran la muerte de 6 personas y la desaparición de 43 estudiantes, las autoridades aseguraron que se tomarían las medidas necesarias para que los hechos no se volvieran a repetir, sin embargo, 5 jóvenes desaparecieron en Tierra Blanca, también con la complicidad policiaca vinculada al crimen organizado y hoy se les presume muertos, en la misma forma en la que se ha dicho que sucedió a los estudiantes normalistas.

 

La necesidad de que el gobierno federal acepte este informe va mucho más allá de la opinión pública nacional o internacional, sería la primera muestra real y contundente de que este gobierno está dispuesto a garantizar la defensa de los derechos humanos de todas las personas que se encuentran en nuestro territorio, y sería también la mejor muestra de un verdadero compromiso con las víctimas que, en la inmensa mayoría de los casos, no han recibido justicia.

 

Existen aún grandes pendientes en materia de armonización de nuestra legislación conforme a los estándares que marcan los tratados internacionales que hemos firmado. No es exagerado afirmar que hasta que esta condición no se cumpla, los avances que hasta ahora hemos conseguido no serán suficientes y se mantendrán solamente en el nivel superior de una reforma que necesita profundizarse y echar raíces en todo un sistema nacional.

 

@RicardoMeb

@OpinionLSR

 



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