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El INE, los OPLES y la reforma electoral

Las autoridades a las que más presupuesto público se destina son los institutos electorales, incluyendo al INE.

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Escrito en OPINIÓN el

La reforma constitucional en materia electoral de 2014 tuvo como propósito fortalecer a las autoridades electorales, de modo tal que no quedaran dudas sobre su profesionalismo e imparcialidad.

 

En ese entonces se abrió un importante debate sobre si se debían eliminar a las autoridades electorales locales y conservar solo a la autoridad federal, o si se debían fortalecer las atribuciones e independencia de los órganos electorales regionales.

 

Al final no quedó ni lo uno ni lo otro, sino una mezcla de las dos principales propuestas. No desaparecerían los institutos electorales locales, sino que con el propósito de ”fortalecer” a las autoridades electorales (OPLES), el nuevo INE haría los nombramientos de sus integrantes, mismos que podrían ser removidos del cargo por faltas graves en su desempeño.

 

Dos años después de que se publicó la reforma electoral en el Diario Oficial de la Federación, lejos de haberse fortalecido a las autoridades electorales locales; el nuevo esquema ha disminuido considerablemente las atribuciones, independencia, funcionalidad, y autoridad de los OPLES.

 

Recientemente la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que se debía remover a todos los consejeros electorales del Instituto de Elecciones de Chiapas, al haberse acreditado graves faltas en su desempeño y profesionalismo. Hace un par de días, el Consejero Presidente del INE advertía públicamente de los graves problemas del OPLE en Veracruz por la falta de liquidez financiera que pone en riesgo la elección local.

 

Este miércoles se prevé que el INE discuta la remoción de diversos directivos del OPLE de Durango, y revise el proceso de designación y desempeño de esos funcionarios, ante la incapacidad de los integrantes de ese órgano para hacer los ajustes correspondientes. Hasta hace un par de meses, el PAN solicitó al INE que atrajera la organización de las elecciones en Tamaulipas porque desconfiaba de los funcionarios que encabezan ese organismo. Algo similar sucede en Puebla, en donde dos partidos políticos, y la candidata a gobernadora por la vía independiente han realizado peticiones similares al INE para que asuma la organización de los comicios locales.

 

Al igual que la reforma electoral de 2007, la de 2014 se vendió como una solución al costo presupuestal de la democracia mexicana en las entidades federativas. Sin embargo, en ambos casos, lejos de reducirse los costos éstos se han incrementado.

 

En el esquema actual, las autoridades a las que más presupuesto público se destina son los institutos electorales, incluyendo al INE, por encima de procuradurías y tribunales electorales. Tan solo para 2016, el INE cuenta con un presupuesto de 15,473´834,466 (quince mil cuatrocientos setenta y tres millones, ochocientos treinta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y seis pesos), en comparación de los 2,656´708,800 (dos mil seiscientos cincuenta y seis millones, setecientos ocho mil ochocientos pesos) asignados para el funcionamiento de la Sala Superior y de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De ahí tendríamos que sumar el presupuesto para cada OPLE en las entidades, que prácticamente se ha conservado en los montos que venía recibiendo previo a la reforma, salvo algunas excepciones.

 

La verdad no recuerdo una elección en los últimos veinte años en los que se haya puesto en entredicho de manera tan fácil, tan rápido y con tantos elementos de prueba a la mano; la imparcialidad, el profesionalismo y la probidad de los organismos electorales locales.

 

Lo peor del caso es que quienes encabezan estos órganos fueron elegidos por el INE, a través de un proceso “riguroso”, en el que esa autoridad nacional verificó que se tratara de gente profesional, imparcial y competente.

 

Al final del día me parece claro que con la reforma electoral se abrieron más fuegos de los que ya había, pero a un costo presupuestal mayor. Contamos con un obeso Instituto Nacional Electoral, sobrecargado de funciones y responsabilidades, y con 32 OPLES que parecen autónomos, pero que en los hechos dependen hasta en sus funciones más básicas de lo que se diga y piense en las oficinas centrales del INE.

 

Contrario a las voces cada vez más frecuentes que invitan a desaparecer a las autoridades electorales locales de un plumazo, yo creo que se debería de revisar el sistema electoral con seriedad y sensatez. El origen de los actuales problemas de los OPLES está en su nuevo diseño, en los controles e intervenciones de sus tareas y actividades que ejerce una autoridad nacional, en su poco margen de acción, en su dependencia presupuestal, y en la vulnerabilidad de los funcionarios que integran esos órganos.

 

@pacozorrilla

@OpinionLSR