Nicolás Taleb, - escritor estudioso de los sucesos trascendentales altamente improbables, escéptico empírico y lector errante como él mismo se define en su obra El Cisne Negro- comenta que, ante los hechos que nos afectan y que requieren de una respuesta, el problema no está tanto en la naturaleza de los sucesos, por difíciles que sean, sino en la manera como los concebimos. De esta concepción, del realismo crítico con el que veamos y juzguemos una situación se desprende la posibilidad de acertar o no en su solución.

 

Lo anterior viene a cuento por la interpretación, casi unánime, que analistas y especialistas nacionales e internacionales han hecho sobre el  anuncio que dio el presidente Enrique Peña,  coincidente con el inicio de su tercer año de gobierno, basado en un decálogo de medidas para instrumentar una agenda a favor del estado de derecho como vía de solución a la grave crisis que nos aqueja ante los hechos de violencia, corrupción e inseguridad.

 

La mayoría de estos observadores concluyen que el mensaje se quedó corto, que se dejó ir una gran oportunidad para relanzar al país hacia una agenda de cambios al sistema político y al ejercicio del poder con medidas de aplicación inmediata y mediata de cara a los temas que han detonado la crisis. Se juzgó con extrema dureza la actitud evasiva y la falta de acompañamiento político al presidente por parte de su equipo de trabajo, quizá por el pésimo manejo de comunicación previo, el cual generó altas expectativas, desconectadas de las acciones que luego se dieron a conocer. Elementos como tiempo, lugar, contenido y circunstancias resultaron adversos al propósito que se planteó el equipo presidencial en lo inmediato y muy comprometedores para la agenda mediata de los siguientes cuatro años.

 

En otras palabras, la concepción del problema estuvo totalmente alejada de la realidad; es la crisis más  grave en décadas; es sin duda un momento no convencional al que se pretende dar solución con medidas convencionales. Quizá por esto los arquitectos de las soluciones hicieron sólo trazos muy gruesos, sin perspectiva ni profundidad, de lo que tiene que ser la nueva estructura social y política que el país necesita.

 

Algunos puntos fueron sólo enunciativos, como el séptimo: Acciones y reformas adicionales para hacer efectivo el derecho a la justicia (foros de consulta con especialistas en justicia cotidiana para impulsar agenda que mejore este rubro); o el octavo: Expedición de leyes generales en materia de tortura y desaparición forzada así como el fortalecimiento de protocolos y procedimientos para que las investigaciones sean exhaustivas e imparciales, en caso de desaparición extrajudicial. Otros puntos parecieron malas segundas partes, como el tercero: Creación de policías estatales únicas; o el quinto: Establecimiento de clave única de identidad.

 

Estas medidas, endosadas al Congreso de la Unión y referidas a los municipios, tendrán que definirse en un eventual período legislativo extraordinario y constituyen una serie de reformas que, sin restarles importancia, carecen de fuerza  inmediata por tratarse de complejos y tardados procesos de transformación institucional.

 

Preocupa el centralismo advertido en las facultades para desaparecer poderes municipales e integrar mandos únicos policiales sin la debida consideración federalista y municipalista. La medida queda al alcance del más insospechado autoritarismo. Desde luego que treinta y dos policías estatales son una opción, pero no de cualquier manera; tan sólo hay que ver el proceso que ha seguido la gendarmería, un cuerpo que ante la precipitación con la que surgió, adolece de un diseño institucional de mayor alcance e impacto.

 

En este último punto, se debe descartar como alternativa notoriamente antidemocrática la tendencia a gobernar por encomiendas a través de comisionados, como en la época virreinal, como ahora sucede en el estado de Michoacán; ahí los poderes constitucionales han sido prácticamente substituidos de facto por una sola persona designada por el ejecutivo federal, sin visos de temporalidad,  ante la evidencia de un estado fallido.

 

Preocupa la falta de enfoque hacia el nuevo sistema de justicia penal, ahora en etapa de implementación hasta el año 2016 al que se proponen adiciones de acciones y reformas, cuando está desfasado en el tiempo, es inconsistente y asimétrico en la mayoría de las entidades.

 

Preocupa el curso que pueda tomar la creación del sistema nacional anticorrupción al esbozar en el noveno punto la aprobación pronta de diversas leyes en combate a la corrupción, aunque aquí se desglosan una serie de componentes más específicos derivados de la propuesta del PAN.

 

Finalmente y en medio del estancamiento de nuestra economía, preocupa la vaguedad con la que se enuncian los temas económicos para las zonas más desprotegidas, como se señaló en el último punto, a saber, la iniciativa para modernizar algunas zonas estratégicas económicas del sureste del país y la creación de empresas agro-industriales. Lo anterior, se agrava por las recientes declaraciones del secretario de hacienda en relación a que en materia fiscal podrían ocurrir cambios a la baja pero no para 2015 sino hasta el siguiente año, lo cual resulta totalmente convencional ante lo inesperado y no convencional del momento actual.

 

Por el bien de nuestro país y del sistema democrático, debemos esperar que quienes han sido electos para ejercer el poder constitucional conviertan estas y otras preocupaciones en soluciones, que lo hagan en el marco de la Constitución, con eficacia y legalidad;  nada viene mejor para la buena marcha del país, para el logro de la paz y la justicia; cualquier estado de excepción sería generador de grandes males para nuestra nación. En buena lid, desde una oposición constructiva y comprometida con el bien común para México, es necesario y conveniente esperar que le vaya bien a nuestras autoridades en su exigente tarea como generadores de bienes públicos. No hacerlo o no procurarlo sería oportunismo e iniquidad.

 

@MarcoAdame

 



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