El pasado 10 de enero, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) emitió un comunicado público en el que informa que su Pleno aprobó interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2019, por la reducción a su presupuesto aprobada en la Cámara de Diputados por la cantidad de 280 millones de pesos.
De acuerdo al comunicado oficial del regulador su propuesta inicial de su presupuesto a la Cámara baja ya incluía una reducción del 14.8 por ciento, por lo que con la reducción adicional impuesta “la disminución en los recursos presupuestales del Instituto es del 25% en términos nominales, en relación al monto aprobado el año pasado y del 37.5% en términos reales acumulado desde 2014”. Entre los argumentos que esgrimen para la controversia es que verán mermadas sus capacidades operativas para el desarrollo de las telecomunicaciones y la radiodifusión en beneficio del país, así como la afectación a la remuneración de los servidores públicos que ganarían más que el presidente de la República por contar con conocimientos especializados, tal como lo establece la constitución.
Habrá que ver como resuelve la Corte esta y otras controversias de organismos autónomos, sin embargo, en las redes se pudieron ver voces a favor y en contra de esta acción por parte del IFT, si bien se reconoce su atribución para defender sus facultades y autonomía, lo cierto es que las voces críticas reclamaron la falta de acción por parte de la institución para defenderlas en su momento con la Ley Federal en Telecomunicaciones y Radiodifusión del 2014, y, posteriormente en el 2017 con la contrareforma que derogó parte de los derechos de las audiencias, en este último episodio, su presidente Gabriel Contreras, declaró que no harían acción alguna porque eran respetuosos de la división de poderes y era facultad del legislativo hacer los cambios a la ley, esta postura fue acompañada por el resto de los comisionados del Pleno, no así por la todavía comisionada Adriana Labardini y por la actual comisionada María Elena Estavillo, quienes en 2014 también impulsaron la posibilidad de defender las minadas facultades del IFT en materia de contenidos y derechos, sin éxito.
A la luz de los acontecimientos llama poderosamente la atención que cuando se trata de defender derechos el IFT ha preferido la inacción, mientras que cuando se trata de defender recursos económicos y privilegios entonces actúa. No estoy de acuerdo en minar a los organismos autónomos que tanto esfuerzo nos han costado como sociedad, pero también sostengo que es difícil defender las incongruencias de algunos de estos organismos como es el caso del instituto, que en más de una ocasión ha fallado en su mandato constitucional de hacer valer derechos como la libertad de expresión, el derecho a la información y la competencia económica, sobre este último punto baste recordar su polémica y reiterada determinación de no declarar a Televisa como Agente Económico con poder sustancial de mercado, lo que ha permitido una mayor concentración en los servicios de televisión de paga, además de un incremento en los costos a diferencia de otros servicios que han ido a la baja.
En la defensa de su presupuesto en la Cámara de Diputados, el IFT tampoco puso mucho esfuerzo, vale la pena revisar el imperdible artículo de Jorge Bravo, experto en los temas del sector, que describe la fallida estrategia del instituto al respecto[1], que tuvo entre uno de sus principales argumentos exponer que dada la alta recaudación del IFT al erario público era menester sostener su propuesta de presupuesto, a lo que el diputado de Morena, Luis Javier Alegre, reviró con el argumento de que “la Ifetel debería ser un órgano regulador y no recaudador”, terrible pero cierto.
El revés al IFT en su presupuesto puede ser una mala señal, pero también puede ser una buena oportunidad para revisarse, tanto en la eficacia de sus acciones y planes estratégicos, como también para ser un organismo más cercano a la sociedad, para ser más perceptivo a las demandas de los distintos actores a los que debe atender, varios de ellos con una notable carencia de poder ante actores regulados muy poderosos, ¿no cree usted?
[1] https://www.mediatelecom.com.mx/2018/12/28/presupuesto-del-ift-la-politica-fallo/